(*) Artículo publicado en la edición 211 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M220.pdf.
Por Javier Parker Chávez, Director
javier.parker@microfinanzas.pe
Durante el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) 2023, realizado a inicios de junio en la ciudad del Cusco, el presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís, exhortó al Congreso de la República a que derogue la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143).
Afirmó que esa ley ha dejado sin acceso al crédito formal a un sector de la micro y pequeña empresa (MYPE) y alertó de que estas unidades productivas están cayendo en las garras de lo que denominó ‘mafias’ del financiamiento informal con las que las Cajas Municipales ya no pueden competir.
Han pasado más de 2 años desde que el Congreso anterior aprobó esta norma en contra de múltiples opiniones como, por ejemplo, las del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Central de Reserva (BCR). Ambas entidades habían sustentado técnicamente que propuestas de ese tipo frecuentemente reducen el acceso al crédito y elevan el uso de canales informales, en particular, para los que tienen menos ingresos.
Pese a esta advertencia, y de haber sido observada por el Poder Ejecutivo, finalmente esta ley fue aprobada por insistencia por el Congreso y está vigente desde el 19 de marzo del 2021. Desde entonces, el BCR está obligado a establecer tasas de interés máximas y mínimas en los créditos de consumo y para las MYPE.
¿Y qué resultados ha tenido hasta el momento? Recientemente, el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el informe “El mercado de créditos informales en el Perú”, que muestra un panorama alarmante.
El estudio concluye que, en promedio, los topes a las tasas de interés han excluido al 25% de las personas que antes accedían a créditos formales de consumo, así como al mismo porcentaje de microempresas; el 79% de los préstamos informales tiene una tasa de interés superior al tope legal actual; y, un 39% de las personas que acudieron al mercado informal de créditos lo hizo para pagar deudas. Lo que es más grave aún, el estudio, que presentamos en esta edición de Microfinanzas, muestra que el 22% de los créditos informales son ‘gota a gota’; exponiendo a los deudores, incluso a aquellos que pueden pagar estas deudas, a que delincuentes conozcan su movimiento financiero y se conviertan en víctimas permanentes de la extorsión.
Estamos ante un típico caso del que puede decirse que “El remedio resultó peor que la enfermedad”; aunque, lamentablemente, citar este refrán no expresa el daño que se está haciendo a las personas, emprendedores y unidades productivas más vulnerables de la sociedad con decisiones políticas que, dando la falsa apariencia de defensa de los más pobres, terminan siendo hasta fatales para aquellos que pretenden proteger, ¿o acaso algunos no han pagado sus deudas con sus propias vidas?
Nos equivocamos si creemos que las consecuencias de leyes populistas como esta no pueden ser más perniciosas para aquellos que pretenden proteger, porque también debemos considerar que las personas y emprendedores que caen en el financiamiento informal se terminan alejando de cualquier posibilidad de salir de la pobreza.
Un informe de Financiera Confianza, que también compartimos en esta edición de Microfinanzas, revela que el 24% de los emprendedores en situación de pobreza del país, a los que esta entidad microfinanciera les otorgó un crédito, salieron de esta situación en el segundo año de relación crediticia.
El informe revela que, después de dos ciclos de crédito, los emprendedores clasificados como pobres han logrado superar la pobreza, mientras que aquellos en la categoría de extremadamente pobres requieren al menos tres ciclos de crédito para salir de esa situación.
La microfinanciera indica que los resultados de su estudio refuerzan la importancia de una relación financiera a largo plazo para acompañar el desarrollo empresarial, algo que obviamente el emprendedor no podrá obtener de un crédito informal.
Medidas populistas, como la llamada Ley de Usura, muestran cómo desde el ámbito político se puede dañar la formalización de los emprendedores afectando el proceso de reducción de la pobreza en el Perú.
Como se esperaba, las perspectivas de crecimiento del país para el segundo semestre del 2023 ya fueron reajustadas a la baja por el BCR, así como por otras instituciones financieras; la inflación, los factores climatológicos y, como no, la inestabilidad política, están pasando la factura.
Tampoco podemos dejar de mencionar, una vez más, la ‘agenda’ impulsada desde la calle por sectores radicales que, en clara violación de los derechos constitucionales de los demás y de las leyes, dañan intencionalmente con el uso de la violencia, no solo grandes proyectos de inversión privada, y leyes o propuestas legislativas que promueven el empleo formal; sino también, la economía de las micro y pequeñas empresas y de las familias con menos recursos que necesitan trabajar día a día para poder sobrevivir.
Si la economía se estanca al nivel actual de crecimiento, tomará 15 años reducir la pobreza a la tasa prepandemia, sentencia la consultora Macroconsult en un informe que también ofrecemos en esta edición de Microfinanzas. La economía peruana debe crecer, en promedio, 5% a partir del 2025 para que la pobreza retroceda a su nivel prepandemia en el 2028, subraya.
Todos estamos advertidos, tomemos las decisiones correctas y apoyemos a quienes también las toman, rechacemos cualquier forma de populismo y extremismo que busca imponer por la fuerza agendas políticas que, al destruir a la inversión privada y a la formalización, terminan dañando al crecimiento económico del país y, como consecuencia, lanzando a la pobreza y extrema pobreza a los más vulnerables.