En el tercer y último día de la 62° edición de CADE Ejecutivos, organizada por IPAE Acción Empresarial, se llevó a cabo la sesión titulada «Reforma del sistema de justicia», cuyo propósito fue discutir la urgente necesidad de mejorar el funcionamiento y la eficacia del sistema judicial para garantizar una administración de justicia más justa, eficiente y accesible en el Perú.
En este encuentro participaron Natale Amprimo, socio principal de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados; Jaime de Althaus, presidente de Lampadia; Gladys Echaíz, congresista de la República del Perú; y Giovanni Priori, abogado y profesor de Derecho Procesal en la PUCP.
Durante la sesión, se debatió sobre la necesidad de reformar la Corte Suprema de Justicia y el sistema de administración judicial, con el fin de lograr una justicia más rápida, imparcial, oportuna y eficaz. Entre los puntos destacados se mencionaron la importancia del expediente digital, la oralidad civil, los delitos en flagrancia y la reforma de los códigos procesales.
También se subrayó la relevancia de modificar el proceso de nombramiento de magistrados para garantizar su calidad, así como la importancia de la función pública para atraer a los mejores talentos al Estado y enfrentar los desafíos del país. Asimismo, se presentaron diversas propuestas para abordar la crisis que atraviesa el sistema judicial en el Perú.
En su intervención, Althaus criticó la gran cantidad de personal temporal o provisional en el sector judicial (jueces y fiscales), y propuso un sistema de funcionarios titulares o estables. También destacó los beneficios del expediente electrónico y la oralidad civil, la importancia de mejorar los procesos relacionados con los delitos en flagrancia, y las recomendaciones de la OCDE para el sector judicial en el país.
Por su parte, la congresista Echaíz señaló que, para contar con jueces y fiscales independientes, eficientes y probos, es fundamental crear una escuela especializada para estos profesionales, ya que el sistema de selección, capacitación y nombramiento vigente desde 1971 no cumple con este objetivo.
Amprimo indicó que el principal problema del sistema judicial peruano no radica en los aspectos normativos, como los códigos o artículos, sino en el factor humano. Según él, hoy los estudiantes de Derecho no aspiran a ser jueces, lo que antes sí ocurría. Por ello, propuso centrarse en crear programas que atraigan talento hacia la judicatura.
Finalmente, Priori subrayó que la «justicia civil» es fundamental para la protección de los derechos de todas las personas y que es necesario poner este tema en la agenda pública. «La economía y la sociedad peruana han cambiado significativamente en los últimos 30 años, pero el sistema jurídico encargado de proteger los derechos no lo ha hecho», concluyó.