Un peligroso delito híbrido —que combina el hurto físico del dispositivo con el acceso digital a cuentas— afectó a cerca de 5.5 millones de peruanos (5,450,000) en 2025. En paralelo, el reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia revela que la extorsión tradicional ha migrado hacia el interior del país, golpeando con fuerza a la región centro y a las zonas rurales.
- Artículo publicado en la edición 242 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M242.pdf
El robo de celulares con posterior acceso a cuentas bancarias se ha convertido en una de las modalidades delictivas de crecimiento más acelerado en el Perú. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el número de víctimas que reportaron este delito aumentó en más del 80%, pasando de aproximadamente 2,970,000 (dos millones novecientos setenta mil) a cerca de 5,450,000 (cinco millones cuatrocientos cincuenta mil) personas; así lo revela el Quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora.
Dicho salto no solo refleja una mayor incidencia del hurto, sino la sofisticación de organizaciones criminales que lucran con la información financiera obtenida de los dispositivos. La vulneración de cuentas bancarias tras el robo de un teléfono impactó con especial fuerza en las regiones norte y centro del país. En la región centro, la afectación prácticamente se triplicó, pasando del 8% al 25% de la población consultada. En el norte, el incremento fue de 2.5 veces, desde un 7% hasta un 18%. Lima y las áreas urbanas del interior también registraron aumentos sustanciales, de 13 y 8 puntos porcentuales respectivamente, evidenciando que este es un fenómeno predominantemente urbano.
En paralelo, la suplantación de identidad para acceder a cuentas o tarjetas de crédito mantuvo una incidencia nacional estable del 11% entre 2024 y 2025. No obstante, esta aparente estabilidad escondió importantes variaciones regionales y demográficas. A nivel nacional, más de 2.7 millones de personas fueron afectadas en los últimos tres meses de 2025.
Un dato alentador es que los sectores con mayor educación financiera y acceso a tecnología mostraron una mayor resiliencia. La incidencia de suplantación en el nivel socioeconómico (NSE) A/B cayó de manera significativa, del 18% al 11%. De manera similar, los jóvenes entre 18 y 25 años redujeron su tasa de victimización del 14% al 10%, sugiriendo que la familiaridad con la tecnología y la información preventiva pueden marcar una diferencia crucial.
El avance de la extorsión
Más allá del cibercrimen, el reporte del Observatorio revela una alarmante redistribución geográfica de la extorsión tradicional. Si bien la proporción nacional de personas que conocen o han sido víctimas de extorsión se mantuvo en el 25% entre 2024 y 2025, el delito se desplazó desde Lima hacia el interior del país y de las zonas urbanas a las rurales. Este desplazamiento hacia la ruralidad explica, en parte, por qué la incidencia creció en los estratos socioeconómicos D/E, pasando del 15% al 20%, sectores que tienen una mayor representación en dichas zonas.
El caso crítico de la región centro ejemplifica esta dinámica con crudeza. Esta región experimentó el mayor incremento en extorsión general, con una incidencia que pasó del 15% al 23% (un aumento del 53%). Pero, además, fue la más golpeada por el crecimiento del préstamo extorsivo “gota a gota”, modalidad que allí se más que duplicó, pasando de una incidencia del 11% en 2024 al 26% en 2025. A esta combinación se suma que el centro también fue la región con el mayor crecimiento de estafas por teléfono o internet, las cuales se dispararon del 17% al 30%.
Esta diversificación geográfica ha tenido un impacto social regresivo. La incidencia de extorsión creció en los estratos socioeconómicos D/E, pasando del 15% al 20%, en línea con su expansión hacia zonas rurales. Regionalmente, además del centro, el sur también fue fuertemente impactado por la extorsión general, registrando un aumento del 40% (de 12% a 17%).
El fenómeno del “gota a gota” está íntimamente ligado a las debilidades estructurales de la economía peruana. Con más del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) laborando en el sector informal y con un acceso restringido al crédito formal, este mecanismo ilegal encuentra un terreno fértil.
El reporte señala que su crecimiento también ha llegado a las zonas rurales, donde la incidencia del “gota a gota” aumentó en un punto porcentual. No obstante, el crecimiento más agudo se dio en el interior urbano, donde pasó del 14% al 21%. Una hipótesis que plantean los autores del reporte, Ricardo Valdés y Carlos Basombrio, es que cadenas productivas de actividades ilegales –como la minería informal o el contrabando– estarían financiándose con “gota a gota”.
Factores que alimentan la inseguridad
Las estafas realizadas por teléfono fijo, celular o internet constituyen otra faceta de la creciente criminalidad digital. De acuerdo con el reporte, en 2025, el 27% de los mayores de 18 años (más de 6.6 millones de personas) reportaron ser víctimas o conocer a una, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales respecto al 2024. La región centro, otra vez, lideró este crecimiento con un salto del 17% al 30%.
El aumento de las estafas se explica, en parte, por factores contextuales como el mayor uso de la telefonía celular, la ampliación de la cobertura y la proliferación de publicidad engañosa en redes sociales. A nivel socioeconómico, el incremento fue absorbido principalmente por los estratos C, D y E. Por género, la población femenina mostró un mayor crecimiento en la victimización (del 24% al 28%) que la masculina (del 25% al 26%).
Los datos sobre robo de celulares y suplantación de identidad refuerzan una conclusión crítica: la educación y la concienciación son herramientas poderosas para la prevención. La reducción de la victimización en el NSE A/B y entre los jóvenes tecnológicamente alfabetizados en el delito de suplantación lo demuestra. Sin embargo, el incremento en la población mayor de 40 años (de 7% a 8%) señala la necesidad de campañas de sensibilización adaptadas a todos los segmentos etarios.
Homicidios en Perú: 84% se concentra en solo ocho regiones y 88% son con arma de fuego
La violencia homicida en el Perú no es un fenómeno disperso, sino uno profundamente concentrado en territorios específicos, con patrones horarios definidos y dominado por un tipo de arma particular. El quinto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia ofrece una cartografía detallada de este flagelo, proporcionando datos cruciales que exigen políticas públicas con un enfoque territorial de precisión.
- El informe documentó 1,826 homicidios en 2025, de los cuales una abrumadora mayoría se concentra en pocas jurisdicciones. Ocho regiones —Lima, Callao, La Libertad, Piura, Ica, Puno, Arequipa y Tumbes— acumulan 1,532 casos, es decir, el 84% del total nacional. Lima lidera esta trágica lista con 618 víctimas, seguida por La Libertad (246) y el Callao (185). Esta concentración se intensifica a nivel provincial: 30 de las 196 provincias (excluyendo Lima y Callao) concentran el 91% de los homicidios en su ámbito, con Trujillo (147), Piura (84) y Sullana (52) a la cabeza.
- La focalización es aún más extrema a nivel distrital. En Lima y Callao, el 91% de los homicidios (643 de 705) ocurrieron en solo 20 distritos, siendo San Juan de Lurigancho (65), San Martín de Porres (63) y el Cercado del Callao (61) los más afectados. Fuera de la capital, 50 distritos concentran el 59% de los casos (630 de 1,106). Los cuatro distritos más golpeados —Sullana (44), Pataz (35), Tumbes (33) y Ananea (31)— comparten un nexo preocupante: todos son territorios impactados, de distintas maneras, por la minería ilegal. Esto sugiere una clara intersección entre economías ilícitas y violencia letal.
Prefieren la noche
El análisis de 427 casos entre septiembre y diciembre de 2025 revela un patrón temporal nacional significativo: el 68% de los homicidios (292) ocurrieron de noche, frente a un 32% (135) en el día. Este patrón, sin embargo, no es uniforme en el territorio. En Lima y Callao la distribución entre día y noche es casi pareja (58 vs. 112), una anomalía que el reporte atribuye a la densa trama urbana que facilita la fuga de sicarios en motocicleta a cualquier hora.
En contraste, en las regiones costeras fuera de la metrópoli y en las regiones del interior, la nocturnidad se consolida como un “manto protector” para los criminales. En estas zonas, los homicidios nocturnos casi duplican a los diurnos. El reporte subraya que las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche son los momentos de mayor incidencia, horarios que coinciden con una baja presencia policial en las calles. Este dato es vital para reorientar los esquemas de patrullaje y disuasión.
Arma letal
La caracterización del modus operandi confirma la naturaleza de gran parte de esta violencia. En el 88% de los casos con información sistematizada (1,357 de 1,547), el homicidio se cometió con arma de fuego. El reporte es categórico al vincular este dato con el crimen organizado: “La inmensa mayoría de estos casos está vinculada a la acción de sicarios asociados a redes de extorsión”. El arma de fuego es, pues, el instrumento característico de los grupos dedicados a la extorsión sistémica.
Frente a esto, los homicidios cometidos con armas blancas u otros medios (190 casos) corresponden mayoritariamente a lo que el informe denomina “crímenes comunes”, relacionados con robos o conflictos interpersonales.
La procedencia de las armas de fuego ilícitas revela otro problema estructural: muchas son robadas, alquiladas por malos elementos policiales o militares, o incluso son “armas hechizas” fabricadas artesanalmente, especialmente en zonas rurales. El reporte concluye que dificultar el acceso de los sicarios a las armas de fuego es una vía directa para reducir los homicidios y facilitar la identificación de los responsables.