(*) Artículo publicado en la edición 219 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M220.pdf.
Por Javier Parker Chávez
javier.parker@microfinanzas.pe
La iniciativa legislativa del congresista Wilson Soto Palacios (AP), que propone exceptuar por 3 años a los créditos de consumo y a la micro y pequeña empresa (MYPE) de la aplicación de la Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros (Ley Nº 31143), ha puesto nuevamente bajo debate congresal una ley que nunca debió aprobarse.
La también llamada Ley de Usura rige desde el 19 de marzo del 2021, cuando el muy populista Congreso de la República complementario del periodo 2020-2021 la aprobó por insistencia pese a la opinión contraria de instituciones especializadas en la materia, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Como se recordará, la Ley de Usura fue calificada en noviembre pasado por el presidente del BCR, Julio Velarde Flores, como una norma que es, en gran medida, torpe y tonta, pero popular en muchos países. A 3 años de su vigencia, y analizado el daño ocasionado a los que pretenden acceder a un crédito de consumo o MYPE, muy probablemente en su mayoría por primera vez, no hay una sola institución pública o privada con conocimiento de cómo funciona el sistema financiero, que defienda esa ley.
Aunque la propuesta del congresista Soto es tímida en su alcance, pues plantea promover la inclusión financiera y enfrentar la recesión económica de los micro y pequeños empresarios que no pueden acceder al sistema financiero mediante la suspensión de la aplicación de la Ley de Usura por solo 3 años, es un avance frente a la grave indiferencia que ha caracterizado en los últimos años a los congresistas respecto a temas como la inclusión financiera desde que se aprobó esta absurda ley.
Sin embargo, el autor de la iniciativa cae en una contradicción en su exposición de motivos para sustentar este proyecto de ley cuando, de un lado, considera que la Ley de Usura ha contribuido a eliminar o disminuir lo que llama ‘el comportamiento abusivo de algunas entidades del sistema financiero’; mientras que, de otro lado, afirma que se han incrementado los préstamos informales denominados ‘gota a gota’.
Más bien, la interpretación correcta debería ser que, como consecuencia de haber puesto topes a las tasas de interés en el sistema financiero, las instituciones de intermediación han dejado de prestar a miles de familias y pequeños emprendedores, quedándose sin fuentes de financiamiento formal que les permita progresar.
Pero, lo que es más grave aún, han acudido al mercado informal donde los intereses son excesivamente altos, superando ampliamente tasas de 500%, y su forma de cobranza es ejercida con abuso y violencia; y, muchas veces, son víctimas de extorsión o hasta son asesinados por no cumplir con las condiciones leoninas en favor de los prestamistas.
En un contexto de inseguridad ciudadana por el descontrolado aumento de los casos de secuestros y extorsión, en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) no se da abasto para combatirlos, normas como la Ley de Usura fomentan el incremento del delito al arrojar a las garras de la delincuencia, disfrazada de prestamistas informales, a aquellos que quieren acceder a un financiamiento formal pero la Ley de Usura se los impide. Además, hay que tener en cuenta que, por más altas que puedan ser las tasas de interés de un crédito formal orientado a sectores de elevado riesgo o sin historial crediticio, estas tasas siempre serán mucho más bajas que las que cobran los prestamistas informales.
Este simple hecho muestra la insensatez de los congresistas que aprobaron la Ley de Usura en el Parlamento anterior; y, seguramente, mostrará la de los congresistas que se opondrán a su derogación o suspensión en el Congreso actual.
Igualmente, es una muestra de los prejuicios que algunas organizaciones políticas tienen en contra del sistema financiero formal, al igual que una parte de la población que las apoya bajo el argumento de que les cobran tasas abusivas; cuando en la mayoría de los casos el verdadero problema está en la falta de educación financiera de la población que toma decisiones equivocadas al elegir un crédito.
La SBS se ha pronunciado no solo apoyando la propuesta legislativa del congresista Soto, sino que también, en una minuciosa y esclarecedora sustentación que compartimos en esta edición de Microfinanzas, ha considerado que estos topes deben eliminarse de forma permanente para todos los tipos de crédito.
¿Habrá llegado la hora de romper las cadenas que atan a la población más desprotegida del país al crédito informal por culpa de los ahora excongresistas que aprobaron la Ley de Usura? El Congreso actual tiene la palabra.