Telefónica del Perú afirmó que la demora de casi 20 años en la tramitación de las controversias ha originado que la cifra reclamada por la SUNAT esté compuesta, en más de un 80%, por intereses y multas.
Telefónica del Perú (TdP), principal operador de telecomunicaciones del país, informó que en la fecha fue notificada de diversos fallos emitidos por la Corte Suprema que resuelven de manera desfavorable procesos seguidos con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) referidos al Impuesto a la Renta.
Afirmó que, aunque la compañía ha realizado en el tiempo provisiones suficientes en relación con estos procesos, el impacto de las decisiones es todavía materia de evaluación y deberá ser objeto de liquidación por parte de la Sunat.
TdP reiteró, como lo ha informado en diversas oportunidades, que las circunstancias actuales tuvieron su origen “en el inadecuado manejo tributario del Estado”.
“Entre otras cosas, el monto original de las disputas se ha visto incrementado exponencialmente por los intereses generados por la demora, no atribuible a la compañía, de casi 20 años en la tramitación de las controversias”, indicó.
Agregó que esta “grave demora” ha originado que la cifra reclamada por la Sunat actualmente está compuesta, en más de un 80%, por intereses y multas.
Tribunal Constitucional
Mencionó que en el 2021 el Tribunal Constitucional (TC) concedió la razón a TdP, al reconocer que ésta fue objeto del cobro de intereses por demoras no imputables a la compañía. “Lamentablemente, la adopción de esta decisión produjo públicas discusiones entre los magistrados del TC y el criterio en el que se sustentaba inexplicablemente no fue recogido en un segundo caso seguido por la compañía con la Sunat, pese a ser de las mismas características”, señaló.
TdP aseguró ha pagado durante sus 28 años en el país más de S/10.000 millones al fisco peruano que, sumados a los fallos notificados, “colocan la tasa impositiva de la compañía en ratios alejados de cualquier lógica internacional”.
Ciadi
Recordó que el principal accionista de la compañía mantiene desde marzo del 2021 un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por diversas conductas del Estado Peruano que, según afirma, son violatorias del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú, incluyendo asuntos relacionados con estos temas tributarios.