Perú es el segundo país con mayor ocupación informal de 13 países de América Latina, sólo superado por Cuba.
En el Perú, el 93% de la expansión urbana de las ciudades corresponde a ocupaciones informales, tráfico ilegal de terrenos y viviendas precarias sin acceso a servicios básicos. Además, según recopila un informe de Grade, Perú es el segundo país con mayor ocupación informal de 13 países de América Latina, solo superado por Cuba.
“Las mafias de traficantes de tierras dirigen la ocupación ilegal de la periferia de las ciudades con rentabilidades exorbitantes. Luego la población demanda al estado la provisión de agua, desagüe y derecho de propiedad, cuando el acceso a una vivienda formal cubre esas necesidades desde el primer día”, explicó José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).
¿Cuánto impacta esta realidad en la calidad de vida de las familias? De acuerdo con un reciente estudio elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) para el gremio inmobiliario, se reveló que el 36% de las familias asentadas en ocupaciones ilegales no tiene acceso a un desagüe y un 25% no tiene agua. Además, el informe evidenció que el 27% lleva más de 20 años sin estos servicios. “Los hogares condenados a habitar viviendas informales tienen el doble de incidencia de pobreza que los formales”, señaló Carlos Gallardo, presidente del IPE.
En la última década, a pesar de las inversiones de S/15 000 millones en agua y saneamiento urbano del Estado, la brecha de acceso a este servicio no se redujo, sino que aumentó de 11% a 16% entre 2019 y 2023, destacó el estudio.
La vivienda informal impacta negativamente en la salud y la seguridad ciudadana
Los hogares de viviendas no formales pagan hasta 6 veces más por el agua que compran a camiones cisterna y cuya calidad es cuestionable, impactando en la salud de sus habitantes, sobre todo de los niños que tienen el doble de probabilidad de sufrir enfermedades diarreicas. Además, los habitantes de viviendas informales viven hasta a 36 kilómetros de distancia de un hospital de tercer nivel.
El impacto negativo de la vivienda informal también alcanza a la seguridad ciudadana. Según el estudio, 1 de cada 5 hogares informales ha sido víctima de robo, pues hay menor presencia policial o de serenazgo que en una urbanización formal.
“Debemos reducir el enorme déficit de vivienda y así evitar que las brechas sociales sigan creciendo. Estado, sector privado y sistema financiero deben multiplicar esfuerzos para generar más vivienda asequible. La vivienda formal democratiza, cierra brechas sociales y de ciudad y es igualdad de oportunidades para todos los peruanos”, sentenció el presidente de ASEI.