LA CORRUPCIÓN FRENA DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN

LEYENDA: Los actos dolosos frenan el verdadero desarrollo social y afecta a los que tienen menos recursos económicos.

Urge cumplir normas de controles internos

La falta de ética y las prácticas deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública y del sector privado, afectan al desarrollo social y son al mismo tiempo, las más difíciles de ser probadas porque los delincuentes de “cuello y corbata” generalmente nunca dejan pruebas.

Urge entonces hacer cumplir las políticas de controles internos que desde la perspectiva de la administración de riesgos y buen gobierno organizacional son necesarios para el desarrollo nacional.

La corrupción no sólo es un acto inmoral y lesivo a los intereses del país, sino que fomenta el subdesarrollo, analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo y otros males sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar social de la población.

En el Perú por lo general, la corrupción siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de esta manera, el importante rol que cumplen los partidos políticos en la democracia. Es cierto que algunos malos funcionarios del gobierno central, regional y local han abusado de su autoridad para cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes en el sector privado, instituciones civiles, organizaciones populares y hasta en grupos religiosos.

La corrupción tiene matices y está en todos los ámbitos. Está en el juez que recibe soborno de los litigantes, en el chofer que paga coima a la policía, en el profesor que acepta dinero de sus alumnos, en la licitación pública poco transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También en el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige ofrendas a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia de bienes comunales y en los políticos que mienten con promesas falsas para lograr sus objetivos.

Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos, en adquisiciones sobrevaluadas, en la evasión de impuestos, en los delitos económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a nosotros. Hemos crecido con ella y la tenemos cerca de nosotros.

De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura de “Pepe el vivo” es el modelo de vida de algunos peruanos. El Poder Judicial es casi sinónimo de corrupción, e incluso, hay quienes celebran los “logros” alcanzados. Si queremos que el país cambie empecemos cumpliendo las normas que ya están escritas. El propio Estado para prevenir actos dolosos y evitar escándalos, ha desarrollado estrictas normas de control interno, pero lamentablemente no se cumplen.

Letra muerta

Para muestra un botón. Algunas empresas están en la obligación de tener manuales internos para brindar información sobre transacciones vinculadas con el lavado de activos, pero no cumplen la norma. La obligación es para todas las personas y empresas que desarrollan acciones como compra y venta de divisas, servicio de correo y courier, comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas. También monedas, objetos de arte y sellos postales, préstamos y empeño.

Asimismo, agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes, notarios y martilleros públicos, y organizaciones que reciben donaciones o aportes de terceros. Por último, servicios de cajas de seguridad y consignaciones, laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos que se utilizan para la fabricación de drogas o explosivos, y aquellos que se dedican a la compra-venta o importaciones de armas, materiales explosivos y empresas mineras. ¿Quiénes de estas empresas cumplen la normatividad? Hasta en el fútbol la corrupción está latente con la elección de dirigentes cuestionados o la suplantación de nombres.

En el ámbito del narcotráfico o comercio ilícito de drogas, es importante saber que, según la Unidad de Inteligencia Financiera, el directorio y la gerencia general de las organizaciones son los responsables de implementar sistemas para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos o del financiamiento al terrorismo. El incumplimiento de esta norma motiva la observación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a la organización que no cumpla con la norma, pero todo es letra muerta.

Prevenir ahora para no lamentar después

La aplicación de adecuados controles internos con enfoque de riesgos en la administración pública es vital para reducir actos e intentos de corrupción gubernamental. Hay crecientes preocupaciones entre empresarios y académicos respecto a la corrupción, especialmente aquellos delitos llamados “crímenes de cuello blanco”. Se busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar con antelación determinadas herramientas.

Existen presuntas irregularidades que están desarrollando nuevas y sofisticadas técnicas de corrupción. De ahí la importancia para declarar una lucha frontal contra la corrupción.

Los estudios internacionales revelan que solo el 15% de los actos de corrupción en una organización pública es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel bajo, el 20% son realizados por gerentes, directores y funcionarios, y el 65% por ejecutivos o empleados de nivel medio. Según las investigaciones, los delitos inherentes en el Perú son el soborno, malversación, nepotismo, dolo, suplantación, falsedad genérica, robo, defraudación de impuestos y abuso de autoridad.

Las decisiones para sancionar drásticamente los actos de corrupción merecen todo nuestro apoyo, pero no debe orientarse sólo a los corruptos, sino a toda la administración sea pública o privada para que cumplan con los dispositivos que están escritos pero que no se obedecen, como por ejemplo las Normas de Control Interno, Resolución 320-2006 CG, publicada el 3 de noviembre del año 2006. De haberse cumplido esta normatividad basada en los principios de COSO-ERM, difícilmente se habrían cometido irregularidades en los programas de compras estatales, no sólo para evitar posibles actos de corrupción, sino por obliga a trabajar con transparencia en las licitaciones.

Urge que funcionarios y empleados estén informados sobre la aplicación de los adecuados controles internos con enfoque de riesgos para que actúen con diligencia en las siguientes compras estatales y licitaciones públicas, cumpliendo de esta manera con los estándares internacionales que se exigen.

El control interno es un instrumento de gestión que se debe utilizar para proporcionar garantías razonables en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. El cumplimiento de estas normas fomentará que las dependencias públicas se administren de una manera más transparente y con mayor eficiencia, redundando en un mayor valor para la propia organización, pública o privada.

Generalmente los actos de corrupción no se generan de la noche a la mañana y tampoco lo realiza una sola persona. Son procesos que toman tiempo y dónde participan dos o más personas.

Si bien es cierto que hay normas que cumplir y procedimientos por hacer, la honestidad debería ser una práctica elemental de las personas. No se requiere rigor para cumplir con las normas. Por ejemplo, si la ley dice que no se debe manejar en estado etílico, no se debería manejar en estado ebrio. Hacer trámites en el Poder Judicial al parecer “cuesta” dinero para agilizar los papeleos. Solicitar un informa también tiene un precio. Las oficinas de control interno se están llenando de denuncias y poco se está haciendo. Son las personas las que fallan y no los sistemas. Cualquier sistema sería perfecto si el hombre (varón o mujer) lo fuesen. La corrupción es una lacra, pero la honestidad es una virtud que aún se puede practicar si lo queremos.