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Escrito por Cรฉsar Martinez. Publicado en Agosto 2020

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© Diario CERTEZA
En la etapa post covid-19, el Liderazgo lo asume la Federación Latinoamericana de Bancos

Hoy día, el cambio climático es una problemática global que cuenta cada vez con menos detractores. Por ello, no es extraño ver que las noticias relacionadas con desastres naturales, destrucción de ecosistemas, desforestación (y similares) son cada vez más frecuentes, inclusive en tiempos anormales, como la coyuntura de salud pública global actual (COVID-19). Una de las principales causas del cambio climático es el calentamiento global, evidente en los aumentos sostenidos en la temperatura promedio del planeta debido a las emisiones de gases invernadero causadas por la actividad humana.
De hecho, datos de la NASA (Instituto Goddard de Estudios Espaciales) indican que 19 de los 20 años más calurosos desde que existen registros ocurrieron después del año 2000, lo cual se convierte en un signo de alerta para hogares, empresas y gobiernos.
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Según un estudio realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), el sector bancario, de ninguna forma, es inmune ante el avance global de esta problemática. De hecho, en años recientes se ha visto una preocupación creciente de los bancos por incorporar aspectos climáticos y ambientales en su estrategia de negocio y de gestión de riesgos.
Por otro lado, también se observa una preocupación creciente de los supervisores bancarios hacia el cambio climático y sus efectos en el sector financiero. En un discurso en 2015, el entonces gobernador del Banco Central de Inglaterra (Mark Carney) afirmó que “la evidencia científica y la dinámica de los sistemas financieros sugieren que, a su debido tiempo, el cambio climático amenazará la resiliencia financiera y la prosperidad de largo plazo. Aunque aún hay tiempo de actuar, la ventana de tiempo es finita”[1].
Ello despertó interés entre reguladores y, en el año 2017 el TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) publicó una serie de recomendaciones para mejorar la divulgación de información financiera relacionada con asuntos climáticos; mientras que a finales del mismo año se creó la red NFGS (Network for Greening the Financial System) en el marco de la Cumbre One Planet en París.
En América Latina, aunque las normativas financieras no abordan explícitamente la gestión de riesgos climáticos en el sector bancario, es cuestión de tiempo para que las mismas vayan más allá de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Las anteriores preocupaciones están sustentadas en los efectos que la materialización de un evento de riesgo climático puede tener en la cartera de los bancos, así como en sus inversiones de portafolio. A inicios del año 2019, el diario The Wall Street Journal catalogó la quiebra de la empresa PG&E (The Pacific Gas and Electric Company) como la primera quiebra empresarial de la historia a causa del cambio climático.
Específicamente, esta empresa estadounidense de energía eléctrica (la más grande de este sector en el estado de California) debió declararse en bancarrota debido al impacto del incendio Camp Fire en sus estados financieros, que generó aproximadamente 750 demandas en contra con pretensiones cercanas a USD 7,000 millones, disminución del precio de su acción de 85% en el mes posterior al incendio, y pasivos totales de USD 30,000 millones al cierre de 2019. Sus acreedores financieros vieron una debacle cuyos efectos rápidamente se trasmitieron a los balances de bancos, aseguradores y poseedores de sus activos financieros. El incendio tuvo lugar en noviembre de 2018, duró 17 días, y arrasó con un área cercana a las 62,000 hectáreas, equivalente al área de la ciudad de Chicago (Estados Unidos). Fue catalogado como el incendio más devastador en la historia del estado de California, y aunque se atribuye a un inadecuado mantenimiento de la red eléctrica de la empresa PG&E en ese entonces, se ha señalado que las sequías inducidas por el cambio climático en dicha región exacerbaron este evento natural.
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Vale la pena resaltar que los niveles de capital del sistema bancario en general son robustos y superiores a los mínimos exigidos por sus supervisores, lo cual les permitirá a los bancos continuar atendiendo puntualmente las necesidades de liquidez y de financiación de sus clientes. No obstante, lo anterior, es claro que, en un entorno de desempleo creciente, cierre de pequeñas empresas, restringida actividad comercial, y disminución en el valor de mercado de garantías y colaterales, las presiones en los márgenes de rentabilidad bancarios serán significativos.
Por otra parte, desde la perspectiva del mercado de capitales, sí se ha sentido un impacto negativo en la emisión de bonos verdes, tal y como ha ocurrido con todas las emisiones de bonos tanto soberanos como corporativos. Datos de Climate Bonds Initiative indican que la emisión de bonos verdes a nivel global cerró junio de 2020 en USD 80,000 millones, cifra lejana de los USD 257,000 millones de todo el año 2019.
Sin embargo, podría haber una reactivación de la emisión de bonos verdes durante el segundo semestre de 2020, con un dinamismo que llevaría incluso a que el año 2020 cierre con mejores números que aquellos del año pasado. A modo de ejemplo, el pasado 1 de abril - en plena pandemia - la empresa española Iberdrola (empresa española de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica) sorprendió a los mercados de capitales con una emisión de bonos verdes a 5 años por un total de EUR 750 millones (sobredemanda de 2,5x) y una tasa cupón de 0.875%.
Por lo general, los bonos verdes atraen a una mayor base de inversionistas no solo por su componente social y ambiental, sino también por la calidad crediticia de los emisores, y la rentabilidad que ofrecen tanto a emisores como a inversionistas.
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A pesar del creciente interés de la banca de incorporar asuntos climáticos en sus metodologías de administración de riesgos, subsisten algunos desafíos para materializar dicho interés en sus estrategias de gestión de riesgos. Resumimos algunos de ellos a continuación:
1. Dificultades para identificar y cuantificar el riesgo climático. La poca disponibilidad de modelos confiables y la limitada disponibilidad de datos relacionados con el cambio climático podrían explicar dicha preocupación. Los modelos de gestión hechos por el premio Nobel de Economía William D. Nordhaus, miden el tema a niveles macroeconómicos, pero aún no han tenido desarrollo para medir impactos empresariales específicos.
2. Capacidad de respuesta limitada para gestionar el riesgo climático. A pesar del interés y de la disponibilidad presupuestal de muchos bancos en este sentido, la ausencia de profesionales especializados en medición y/o modelación de riesgos climáticos impide avanzar en este frente.
3. Dificultad para valorar el riesgo climático a precios de mercado. Por lo general, los activos financieros no incorporan aspectos de riesgo climático en su proceso de formación de precios. Similar al punto 1, la limitada disponibilidad de datos y de mecanismos de mercado que sirvan para crear precios, podría influir en este reto.
4. Incertidumbre regulatoria. Aunque los supervisores bancarios de la región han manifestado su interés de avanzar en este frente, el arreglo de regulación actual no contempla explícitamente aspectos de gestión del riesgo climático en el sector financiero (en aspectos como validación de modelos, exposiciones, límites, etc.).
Otro reto adicional identificado por la FELABAN, implica que, en algunas operaciones crediticias, a los bancos de América Latina se les exige ser corresponsables por cualquier eventualidad social o ambiental derivada de los proyectos que financian, aun cuando los bancos no intervienen en el proceso de identificación de este tipo de riesgos.
Hay que tener en cuenta que los gobiernos cuentan con entidades especializadas (autoridades ambientales con poderes legales y constitucionales claros) encargadas de emitir conceptos favorables o desfavorables sobre cualquier tipo de proyecto: desde su concepción, pasando por su desarrollo, hasta su implementación final. Los financiadores no pueden ser responsables directos de un tema que escapa a sus competencias.
Desde la FELABAN consideramos que la banca no tiene incentivos para invertir o financiar proyectos amigables con el medio ambiente si deben ser solidariamente responsables por cualquier riesgo que pueda materializarse, aun teniendo en cuenta que su labor debe centrarse exclusivamente en intermediar recursos, y no en determinar si un proyecto mitiga adecuadamente los impactos sociales y ambientales de su ejecución.
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Con lo anterior no pretende afirmarse que los bancos no están interesados en asuntos climáticos de finanzas sostenibles o de créditos verdes. De hecho, cada vez más bancos en América Latina están adoptando criterios de sostenibilidad medioambiental y mitigación al cambio climático en su estrategia de negocios y su estructura de toma de decisiones corporativa. Sin embargo, hay que decir que la banca podría agilizar aún más dichos esfuerzos si los retos previamente citados son superados.
Dadas las restricciones presupuestales y fiscales de muchos gobiernos, en el largo plazo la mayoría de inversiones verdes deberán venir del sector privado y ello, a su vez, requerirá de la intermediación del sector bancario en una proporción considerable. Sin embargo, ningún sector sobresaldrá por sus esfuerzos aislados, y por ello, es clave una coordinación continua y a nivel internacional de los sectores público, privado, y multilateral, de modo que esta transición además de acelerarse, sea lo más ordenada posible.
Los bancos están listos para dar el próximo paso en materia de sostenibilidad medioambiental. No hay mejor tiempo para combatir el cambio climático que este mismo instante. De acuerdo con el World Economic Fórum, una vez superada la pandemia, quizás no hay duda que la humanidad tiene un reto titánico con la lucha con el cambio climático, porque el tiempo apremia.