MILLONES DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS Y EMPRENDEDORES SE PERJUDICARAN SI LEGALIZAN EL NO PAGO DE DEUDAS

El Congreso de la República pretendería dejar sin efecto el pago de deudas de los usuarios lo cual afectará a las empresas de servicios públicos (agua, luz y telefonía) y a millones de emprendedores y propietarios que mantienen adeudos pendientes y alquileres. Advirtió, Juan José García, director de Contribuyentes por Respeto al precisar que se establecería un peligroso precedente que quebrará la cadena de pagos y la sostenibilidad económica del país.

Agregó, que el pasado 27 de mayo, en la comisión de economía del Congreso se discutieron cinco proyectos referidos a la suspensión o congelamiento de los cobros por diversas deudas. “Y al parecer ya existe consenso entre los parlamentarios para legalizar el no pago”, dijo.

“Se cree que institucionalizando el no pago, solo se afecta a las empresas de telefonía, las eléctricas, o del sistema financiero, pero no advierten que el criterio que están utilizando más temprano que tarde también se aplicará a una familia que percibe ingresos por el alquiler de habitaciones o a las Mype que tienen cuentas por cobrar de diverso tipo. En nombre de la emergencia, no se puede institucionalizar el perro muerto”, dijo.

Así mismo, ¿Cuántas deudas se dejarían sin efecto y qué consecuencias traería consigo? El 60% son en telecomunicaciones, el cual, involucra a más de 12,000 empleos directos y 100,000 indirectos, y de él dependen cerca de 5,000 empresas peruanas, lo que agravaría el problema social generado por incremento del desempleo.

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García destacó que en abril pasado la ministra de Economía; María Antonieta Alva, resaltó la implementación de mecanismos para el fraccionamiento del pago y protección de las familias de menores recursos que evidentemente no tienen como afrontar los pagos de servicios fundamentales. Sin embargo, ello ya había sido desnaturalizado en el caso de los servicios de telefonía al establecer la imposibilidad de suspender el servicio por no pago.

“Con ello, evidentemente, entre acudir a un fraccionamiento y no pagar, muchos prefirieron no pagar, porque igual seguirían contando con el servicio. Al final, un beneficio justo que solo debería corresponder a las familias más afectadas, está alcanzando a los que más tienen, es decir se está subsidiando con dinero ajeno que las familias pudientes puedan seguir viendo Netflix o haciendo videollamadas como si viviéramos en la mejor de las bonanzas“, aseveró.

El director de Contribuyentes por Respeto, explicó que el caso de la telefonía, la prohibición de suspensión por no pago sin criterios se dispuso a los pocos días de iniciado el Estado de Emergencia, mientras que en abril el gobierno emitió un decreto que establecía mecanismos de fraccionamiento de pago y la prohibición de suspensión de servicios de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones solo para familias vulnerables.

En esta última medida (DU 035-2020), se corrigió en parte lo dispuesto por Osiptel disponiendo que se limite la prohibición de corte a los servicios básicos (telefonía y acceso a internet para temas esenciales como Aprendo en Casa).

“La semana pasada Osiptel dispuso que las empresas ya puedan suspender el servicio a partir del 3 de junio, pero ya es demasiado tarde. Desde el Congreso, parlamentarios como Daniel Urresti ya han anunciado que van a buscar que se mantengan la prohibición de la suspensión del servicio, esto además de los otros proyectos de ley que institucionalizan el no pago, utilizando un criterio que más adelante puede aplicarse a alquileres o deudas de todo tipo”, advirtió el especialista.

Juan José García señaló que en un escenario económico recesivo como el actual, el no pago terminará siendo asumido por el Estado, que no es otra cosa que el dinero que los contribuyentes pagamos en el IGV, en el impuesto selectivo al consumo y el Impuesto a la Renta. “Esta irresponsabilidad de crear una cultura de no pago, en realidad la pagamos todos y con muy altos intereses”, dijo.

García explicó que en la mayoría de los países de la región optó por diferenciar a la población para la aplicación de facilidades para el pago de servicios públicos, como lo hizo el Ejecutivo peruano en los casos de electricidad y gas natural. Incluso, en países como Argentina, que tienen una larga tradición de intervención en la economía, se optó por prohibir la suspensión por falta de pago únicamente a personas en situación de vulnerabilidad.

𝗘𝗟 𝗔𝗣𝗨𝗡𝗧𝗘
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Criterios para prohibir la suspensión de servicios públicos o cobro de intereses bancarios pueden replicarse para alquileres y adeudos de todo tipo.
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Precedente fue establecido en servicios de telefonía y puede alcanzar a otro tipo de actividades económicas.
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