𝗖𝗢𝗡𝗚𝗘𝗟𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗨𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗢́𝗣𝗧𝗜𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗨𝗖𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗗𝗢

Escrito por Cesar Sanchez Martinez. Publicado en Junio 2020

𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔: Jorge Luis Del Campo Torres Presidente del Comité de Oficiales de Conducta de Mercado del Sistema CMAC - Cajas Municipales

En un momento crucial, el Congreso de la República de nuestro país, plantea congelar las deudas financieras por 120 días.

Iniciativa legislativa bastante popular que pasa de la Comisión de Economía -órgano competente del Poder Legislativo por el impacto financiero que representa- para verse en la Comisión de Defensa del Consumidor. Sin embargo preocupa de sobremanera que la referida iniciativa no se plantee sobre las bases de un esquema de análisis lógico, una exposición de motivos y un análisis de costo beneficio sustentable, además de la posible inobservancia de la independencia del BCRP y del Reglamento del propio Congreso, dentro del esquema de una Economía de Libre Mercado como establece nuestra Constitución.

Tomar decisiones en una situación como la que estamos viviendo no es sencillo, sin embargo debemos ser muy objetivos para no generar más afectación a nuestro sistema económico. Debiendo tener en cuenta que una iniciativa de este tipo, no resiste un análisis lógico de aplicación ni para la Banca tradicional, ni mucho menos para las entidades microfinancieras, cuyo volumen institucional no es el mismo, más aún cuando el grupo objetivo es favorecer sobretodo a los pequeños deudores, tan debilitados en los últimos meses.

Sin embargo, no debe perderse el enfoque que tantos años nos ha costado como Estado libre, garantizando en todo momento el fortalecimiento de los siguientes pilares que han permitido desarrollar nuestra industria financiera en los últimos años, tales como una:

𝗮) Adecuada salud financiera, considerando que el sistema financiero es de intermediación (ahorristas y prestatarios), el mismo que se apalanca captando ahorros para colocar créditos. Si alguno de estos pilares se afecta, se genera un desequilibrio insostenible del sistema, a nivel de Bancos, Cajas Municipales, Cajas Rurales, Financieras, Edpymes y Cooperativas.

𝗯) La educación financiera, que no sólo implica capacitación al usuario, sino interiorización de la responsabilidad financiera, no se refuerza con una medida abiertamente populista que va en contra de la tan anhelada inclusión financiera.

Es muy importante tener en cuenta, que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, activó el último 16 de Marzo de 2020, la facultad prudencial de las entidades financieras de efectuar reprogramaciones automáticas, permitiendo el aplazamiento de las cuotas de los créditos de los clientes, hasta por un máximo de 12 meses de forma unilateral y hasta por varios años de forma bilateral, todo ello en el marco de lo dispuesto por el Oficio Múltiple N° 11150 y 11170-2020-SBS y la última modificatoria establecida mediante Oficio Múltiple N° 13805-2020-SBS.

Ello ha permitido en el caso de las Cajas Municipales beneficiar a un promedio del 66% del total de sus carteras crediticias, considerando también que hubieron CMAC's que autorizaron el congelamiento total de los intereses compensatorios generados durante el periodo de gracia y otras que optaron por flexibilizar sus fórmulas de cálculo en beneficio de la economía de los clientes, así como la exoneración de intereses moratorios durante la vigencia del Estado de Emergencia, a pesar del desmedro de la salud financiera de la entidad, como medida de responsabilidad social ante la crisis.

Nuestra posición como Comité de Oficiales de Conducta de Mercado del Sistema CMAC y guardianes del consumidor microfinanciero a nivel de las Cajas Municipales, en el marco de la Resolución SBS N° 3274-2017 y Ley N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor, considera que debe existir un equilibrio.

En tal sentido, las buenas intenciones deben ir respaldadas de serios análisis técnicos que no dañen la columna vertebral del país. Esperemos que la iniciativa finalmente no prospere, lo cual generaría la ruptura de la cadena de pagos, el deterioro de la cultura de pago y la desestabilización del sistema financiero, conllevando a una profunda recesión financiera. Sin embargo, las IFI's a través de sus gremios podrían optar por alternativas perfectamente legales ante el Tribunal Constitucional, como podrían ser:

𝟭. Acciones de Inconstitucionalidad que incluyan la aplicación de medidas cautelares.

𝟮. Demanda por conflicto competencial, en manos del BCRP.

Pensemos bien como sociedad antes de embarcarnos en nuevos experimentos económicos que puedan ser catastróficos, siendo de vital importancia que las iniciativas siempre condigan con el beneficio de nuestros consumidores, pero en un esquema de sostenimiento global a nivel del Estado.