El Estado está perdiendo soberanía en varios lugares del país y es inaceptable que claudique en su deber de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, afirmó el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny.
Gremios empresariales expresaron su firme condena ante el accionar violento y criminal de la minería ilegal que el último fin de semana atacó la mina de la Compañía Minera Poderosa, asesinó a 9 trabajadores mineros y dejó gravemente heridos a otros 13, en la provincia de Pataz, región La Libertad.
La Sociedad Nacional de Energía, Petróleo y Energía (SNMPE), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú (Asociación PYME Perú), Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Cámara de Comercio Ucayali, demandaron al Gobierno acciones efectivas para hacer frente a la ola de criminalidad que golpea a todos los peruanos.
Asimismo, los gremios empresariales junto con el representante de Compañía Minera Poderosa hicieron un llamado y exigieron que se tomen medidas inmediatas frente a la amenaza a la seguridad nacional, la paz social y el desarrollo del país, que trae consigo la minería ilegal y sus aliados que son peligrosas organizaciones criminales.
“La tragedia ocurrida el pasado fin de semana es devastadora para la familia de Poderosa y, lamentablemente, refleja la creciente violencia asociada a la minería ilegal, un problema que no es nuevo en nuestra región”, señaló Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de minera Poderosa.
“Nos encontramos inmersos en un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad, impulsado por el aumento desmedido de la minería ilegal y la conexión nefasta con grupos criminales organizados”, manifestó.
Trazabilidad
Por su parte, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, formuló un llamado a todos los niveles de gobierno, el Congreso, organizaciones sociales y ciudadanos, para cerrar filas contra la minería ilegal y a trabajar de manera conjunta con el sector empresarial para abordar las distintas aristas de esta problemática, tanto la relacionada con la seguridad como fortalecer la normativa vigente y mejorar la trazabilidad del oro.
“Hoy el sector minero está de luto, se encuentra bajo amenaza, comprometiendo la seguridad de todos los peruanos, especialmente de los más vulnerables. Es esencial unir fuerzas entre el sector privado, público y la sociedad civil para detener esta peligrosa situación”, refirió.
Indicó que la minería ilegal se ha convertido hoy en la primera actividad ilícita en el Perú, superando incluso al narcotráfico. “Además de la pérdida en vidas humanas e inseguridad, es importante alertar que cada año, la minería ilegal genera una pérdida del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y los costos directos o indirectos anuales son de más de S/23.000 millones”, agregó.
Grossheim, también denunció que el Reinfo, o régimen de formalización excepcional, se ha convertido en una herramienta para encubrir la minería ilegal, pues otorga a los inscritos la “Exención de Responsabilidad”, que permite que no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal.
“La realidad es que el proceso de formalización lleva más de 20 años de creado, tiene casi 88.000 inscritos, pero solo poco más de 11.000 se han formalizado”, anotó.
Pierde soberanía
Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep, subrayó la urgente necesidad de abordar la creciente amenaza de la minería ilegal a nivel nacional.
“El Estado está perdiendo soberanía en varios lugares del país y es inaceptable que claudique en su deber de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. La criminalidad amenaza a todos los peruanos, y las pequeñas empresas como panaderos, bodegueros, entre otros, sufren a diario, mediante extorsiones y cobros de cupos”, enfatizó.
Por su parte, Julia Torreblanca Marmanillo, presidenta de ComexPerú, expresó que la minería formal representa a más de 1,8 millones de personas que trabajan directa o indirectamente, y que el Estado tiene que garantizar la seguridad de todos los peruanos que tienen derecho a trabajar y a vivir en paz.
«Es fundamental que nuestras autoridades cumplan su rol para garantizar los derechos de los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos respalde cumpliendo su función. Es imperativo que se implementen medidas más drásticas en este momento para asegurar la prevalencia de nuestros derechos”, agregó.
El presidente de la Asociación de PYMES, Julio Surco Hachiri, expresó que miles de pequeños comerciantes y emprendedores son víctimas constantes de la violencia y la delincuencia, que día a día desata el terror en todas las ciudades.
Exhortó a las autoridades a reconocer la ineficacia de las medidas hasta ahora implementadas y a adoptar un enfoque más estratégico para abordar la criminalidad.
Derechos humanos
Nancy García Jiménez, presidenta de la Cámara de Comercio de Ucayali, pidió poner la vista en el avance significativo de la minería, tala y pesca ilegal, que significan una grave amenaza a los derechos humanos en la Amazonía.
“Los negocios formales con potencial en la región se ven afectados por estas actividades ilegales. El Estado no puede claudicar en su deber de proteger la vida y propiedad de los habitantes amazónicos. Instamos a dirigir la atención hacia la Amazonía y Ucayali, una región amazónica con un futuro prometedor que merece protección y desarrollo sostenible», exigió.
El pronunciamiento de estos gremios empresariales no solo refleja la condena unánime ante el trágico atentado en la Compañía Minera Poderosa, sino también la urgente necesidad de abordar de manera integral y coordinada la creciente amenaza de la minería ilegal y la violencia asociada.
El llamado a la unidad y colaboración entre sectores público y privado, así como la sociedad en su conjunto, se erige como un mensaje claro y contundente para proteger la vida, la propiedad y el futuro de todos los ciudadanos peruanos.