(*) Artículo publicado en la edición 216 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M220.pdf.
Por Javier Parker Chávez, Director
javier.parker@microfinanzas.pe
A un año del frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, pareciera que el Perú se sumerge en una nueva crisis política de impredecibles consecuencias, una más en la que los antagonistas se atribuyen la razón jurídica y moral; esta última, más aún, si la jurídica no les es lo suficientemente conveniente para imponer el ‘valor’ que defienden.
Mientras tanto, unas 600 mil personas más han cruzado la línea de la pobreza monetaria este año en el Perú, la cual habría aumentado del 27,5% de la población el año pasado, al 29,1% en este 2023, afectando a 9,8 millones de personas en todo el país, estima el BBVA Research en un informe que publicamos en esta edición de Microfinanzas.
En junio pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) había anunciado, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), que en el 2022 cayeron en la pobreza 628 mil peruanos. Así, entre los años 2022 y 2023, alrededor de 1,28 millones de personas han vuelto a ser pobres en este país.
En medio de posiciones políticas irreconciliables, vemos una vez más que se puede justificar, sin siquiera sonrojarse, decisiones que trastocan el orden constitucional, violentan las leyes y el debido proceso que rigen la convivencia civilizada de una nación, si es que es necesario para imponer ese ‘valor’.
Ya pocos recuerdan que para el año 2019 Perú había logrado reducir la pobreza al 20,2% de la población. Es decir, en el 2023 la pobreza se habrá incrementado en 8,9 puntos porcentuales respecto al nivel que hubo hace cuatro años, lo que equivale a 2 millones 694 mil nuevos pobres en este periodo. La economía peruana acumula tres trimestres consecutivos de caída y se da por descontado que este año cerrará en negativo. Para el 2024 se proyecta que solo crecerá 2%, cuando en el periodo 2010-2019 crecía a un promedio de 4,5%.
Las altas tasas de inflación que ha sufrido el país durante los dos últimos años explican solo en parte el enorme avance de la pobreza, es evidente que el impacto hubiera sido menor con crecimientos económicos más elevados.
Pero poco importa si para hacer prevalecer este ‘valor’ hay que controlar a como dé lugar algún poder del Estado. Por ejemplo, podemos justificar falsas denegaciones de cuestiones de confianza para disolver inconstitucionalmente un Congreso de la República, si está controlado por el que se opone a este ‘valor’.
Así sucedió en septiembre del 2019, y la incertidumbre política pasó factura. Entre los años 2001 y 2019, la inversión privada crecía a un promedio anual de 8%, sin embargo, esto se interrumpió por la COVID-19 y, luego de un breve periodo de recuperación, se detuvo otra vez tras agravarse la incertidumbre política con la elección de Castillo en el 2021.
Al tercer trimestre del presente año, la inversión privada suma 5 trimestres consecutivos de retroceso, y ello en un entorno en el que las expectativas empresariales siguen estancadas en terreno pesimista.
Ahora, solo se espera que la inversión privada pueda aumentar entre 2% y 2,5% anual en los próximos años. Sin crecimiento económico, ni inversión privada, no habrá reducción de la pobreza. Las cifras de los últimos dos años nos lo recuerdan una vez más.
Pero ¿qué pasa si no podemos imponer este ‘valor’ mediante el control de un poder del Estado? Se puede salir a protestar a las calles. No una protesta pacífica, debe ser violenta para que este ‘valor’ se pueda imponer.
Además, vamos a llamar a la protesta ‘social’, cuando en un pasado no muy lejano no les llamábamos así, ni tampoco eran tan violentas. Tanto, por ejemplo, como las que protagonizaron los aliados de Castillo, tras su fallido golpe de Estado, para imponer una nueva constitución y convocar a elecciones generales.
Y la pobreza seguirá creciendo en el 2024 hasta alcanzar al 29,6% de la población, estima el BBVA Research. Quedará a solo 0,5 puntos porcentuales del nivel que hubo en el 2020 (30,1%), tras el cierre del aparato productivo durante la pandemia.
Todo vale en nombre de ese ‘valor’, poco importa que 2,7 millones de peruanos más hayan caído en la pobreza en tan solo cuatro años. Tampoco hay que indignarse ni salir a protestar por esto, hay que hacerlo por otras causas que sirven para imponer este ‘valor’.
Obviamente este ‘valor’ no es la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, ni la compasión. No es el crecimiento económico, los derechos laborales, ni la justicia, aunque lo disfracemos de esta, es el poder y, por supuesto, los beneficios económicos que da.