En Perú no hay un seguimiento adecuado de la cadena de suministro del oro, desde que se produce hasta que se vende o exporta (trazabilidad) por lo que el oro ilegal se mezcla con el legal y es más fácil blanquearlo y exportarlo, generando retornos sumamente altos para los mineros ilegales, explica a Microfinanzas Paola Herrera Gaspar.
(*) Artículo publicado en la edición 224 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M224.pdf.
Entrevista por Luis Hidalgo Suárez
¿Cuál es el impacto positivo más importante que tiene la minería formal en la economía peruana?
Las cifras sobre el impacto de la minería en la economía peruana están en un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El mensaje central del mismo es que si se ejecutara la cartera total de proyectos de inversión minera que tenemos hoy, eso permitiría alcanzar un Producto Bruto Interno (PBI) que sería el doble del que se tuvo en el 2023, lo cual ayudaría a reducir la pobreza (que hoy está en 29% de la población) de manera muy significativa, en alrededor de 20 puntos porcentuales, es decir, del 29% al 9% de la población.
Sin embargo, la minería está siendo afectada fuertemente desde hace más de una década por varios factores como los conflictos sociales antimineros, inestabilidad política, falta de seguridad jurídica para la inversión privada, minería ilegal. ¿Cuál afecta más?
La minería formal es afectada sobre todo por la conflictividad social, no solo en la continuidad de los proyectos mineros que están en marcha, sino que también complica el entorno para la inversión y la competitividad de Perú para atraer inversiones.
Perú ha estado retrocediendo en el Índice de Competitividad Minera que elabora el Instituto Fraser, colocándonos debajo de otros países que tienen menos potencial minero. Junto con Chile, Perú está en los primeros lugares en cuanto a producción y potencial de cobre y oro, pero el ambiente de incertidumbre ha estado trabando estos proyectos.
Otro factor que afecta a los proyectos mineros formales es la tramitología (demasiados documentos requeridos y muchas entidades encargadas de aprobar los trámites) lo cual complica el proceso de inversión minera, alarga los plazos y desequilibra los planes iniciales de la empresa minera.
A ello se suma el impacto de la minería ilegal que está escalando hacia episodios criminales en el país…
Efectivamente, la minería ilegal afecta directamente a la minería formal porque en algunos casos acapara terrenos en los que llegan a operar grupos del crimen organizado y que lo hacen de una manera muy nociva impactando al medioambiente y a la seguridad ciudadana.
Si no aprovechamos el potencial minero del país en el contexto actual de precios altos del oro y de otros minerales (cobre) e impulsamos los proyectos mineros formales y legales, ese potencial lo va a aprovechar la minería ilegal, con todos los efectos nocivos que ella trae.
Se afirma que el 64% de mineros ilegales ocupa concesiones de terceros…
No hemos mapeado esa conexión entre minería ilegal y proyectos formales, pero el caso claro que estamos viendo es el de Pataz (La Libertad). Esta cercanía de la minería ilegal a los proyectos mineros formales es una muestra de la debilidad del país para garantizar la seguridad de su territorio. Y esto afecta el desarrollo de nuevos proyectos mineros formales ya que esas oportunidades las están tomando mineros informales e ilegales que, en muchos casos, se ven protegidos por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Según un estudio del IPE, la exportación de oro ilegal desde Perú se multiplicó por 7 en el 2023 respecto al 2005, alcanzando más de US$4.800 millones. ¿Ese crecimiento se asocia al aumento del precio del oro?
Correcto, el alto precio del oro hace que la minería ilegal sea mucho más atractiva ya que la hace más rentable que otras actividades ilícitas, incluso que el narcotráfico. Ello porque en Perú (y en todos los países que abarca el estudio) no hay seguimiento adecuado de toda esta cadena de suministro del oro, desde que se produce hasta que se vende o exporta (trazabilidad) por lo que el oro ilegal se mezcla con el oro legal y es más fácil blanquearlo y, finalmente, este último se exporta de manera ‘formal’ y genera retornos sumamente altos para los mineros ilegales.
¿Cuáles son las consecuencias de la minería ilegal para la actividad minera formal?
En general, el débil combate a todo tipo de actividades económicas ilegales afecta a las expectativas de los empresarios internacionales y locales, y hace mucho más difícil atraer inversiones de gran envergadura.
Además, la dificultad que han tenido grandes proyectos que se han desplegado últimamente sienta un precedente negativo de lo difícil que es desarrollar un proyecto minero, o en otro sector, en Perú.
El efecto negativo principal de la minería ilegal es sobre la inversión minera. Las unidades informales e ilegales pueden estar afectando la producción de las empresas mineras formales.
Políticas
El estudio del IPE detalla las políticas que han tomado los países para combatir a la minería ilegal, entre ellas la formalización, cuyos resultados son muy pobres. ¿A qué se debe?
Ese es un hecho común que también hemos visto en otros países de Sudamérica, por ejemplo, en Colombia. La opinión compartida es que estos procesos de formalización no funcionan porque no están acompañados de políticas que ayuden de manera integral a desincentivar la minería informal.
No se puede obligar a dejar esta actividad a mineros artesanales que no están vinculados a la actividad ilegal porque es su única fuente de ingresos. Por lo que se requiere complementar con otro tipo de políticas y también con la provisión de servicios básicos a esa población para mejorar su nivel de vida y que puedan entrar a otro tipo de negocio que le sea rentable.
¿Qué componentes centrales debería tener la política que señala?
Otro factor clave es que la aplicación del proceso de formalización tiene que hacerse de manera clara y mucho más estricta. En lugar de fijar plazos que se van prorrogando, debería darse un solo plazo, con requisitos o pasos a seguir bien definidos y realistas, y acompañando también con políticas punitivas que ataquen a aquella minería informal que está relacionada a actividades criminales.
El principal rasgo de la política de lucha contra la minería ilegal en Perú es que hasta ahora no ha habido un liderazgo que englobe todas las iniciativas que se han propuesto en el estudio del IPE. Y esa falencia es algo común en los países estudiados de Sudamérica.
Reinfo
Actualmente la política de formalización minera se plasma en el Reinfo que vence a fin de este año. Sin embargo, en el Congreso de la República, se pretende apurar su prórroga probablemente hasta el 2027 e, incluso, hacerlo indefinido. ¿Cuál sería la consecuencia de aprobarse?
Como no se está dando una política más integral para poder realmente sacar a los mineros informales e ilegales, el plazo que se ponga en el Reinfo no va a permitir formalizar a esa actividad. Seguir alargando los plazos es seguir prorrogando el problema.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, afirmó que el Gobierno tiene un proyecto de nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, pero no dijo si se va a eliminar el Reinfo. ¿Qué comentario le merece?
Expertos de otros países, por ejemplo, de Colombia, nos comentaban que este tipo de políticas de formalización minera funcionarían bajo 2 condiciones. Una es establecer un plazo fijo y que durante ese período se acompañe con otras políticas y, vencido este plazo, se apliquen confiscaciones de maquinaria, etc., es decir, que no haya ‘más perdones’ por así decirlo.
Lo otro es que los requisitos para formalizarse sean realistas para el tipo de minería del que estamos hablando, es decir, entender mejor no sólo a la minería artesanal sino los diferentes tipos que hay al interior de ella (minería en ríos o aluvial, minería filoniana) para poder adaptar los requisitos de la formalización a cada realidad.
Perspectivas
Hace poco se anunció el inicio de la construcción del proyecto minero Tía María de Southern Perú luego de más de 30 años de espera, y se podrían reiniciar otros proyectos mineros grandes. ¿Es un punto de quiebre y el inicio de un nuevo boom de mega inversiones mineras en Perú?
El escenario que estamos esperando todos es el de un nuevo boom de grandes inversiones mineras que acompañe el precio alto del cobre. Este año, y probablemente el próximo, tendremos mayor estabilidad y confianza empresarial que en el 2022 y 2023.
El entorno de incertidumbre e inestabilidad política se ha disipado relativamente, pero hay un nuevo riesgo que viene con las elecciones generales del 2026; en un período prelectoral (como será el 2025) suele haber mucho ruido político y se está a la espera de propuestas de los partidos políticos respecto a la minería, a la inversión privada.
El escenario óptimo sería que eso no afecte tanto como sí afectó en la última campaña electoral; pero, definitivamente, es una buena señal que se esté anunciando el reinicio de grandes proyectos mineros y ahora habrá que esperar que se desarrollen sin ninguna traba.
¿Para ello se necesitará también que se enfrente a la minería ilegal y que esta no siga escalando hacia episodios criminales como los de Pataz?
Deben ir de la mano el impulso a las nuevas inversiones formales con políticas que le den mucha más prioridad a combatir la minería ilegal y los efectos negativos que genera.
El IPE ha llamado la atención sobre el poco presupuesto público que se dedica para combatir la minería ilegal: en el 2024 por cada S/100 del presupuesto total destinado a la partida Orden Público y Seguridad, sólo S/0,50 (el 0,5%) es para combatir la minería ilegal, mucho menos que en el 2019 cuando llegaba a S/2 (el 0,8%) que ya era muy bajo. Esta es una agenda pendiente que debe volver a ser prioritaria.
Cifras y datos
– El BCR proyecta que este año la inversión minera alcanzará casi US$5.300 millones, 6,4% más que en el 2023 cuando cayó en 10,2% (a US$4.908 millones).
– Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre mayo del 2023 y abril del 2024, la inversión minera creció 26%, alcanzando más de US$412 millones.
– Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS muestra que, entre el 2012 y 2022, en 3.905 reportes de operaciones sospechosas (ROS) se identificó como posible delito precedente a los de la minería ilegal que representaban US$18.478 millones.
– En ese período, la minería ilegal fue el segundo delito precedente con mayor monto reportado, solo superado por los delitos contra la administración pública, según el informe de la UIF.
– En el 2023, los ROS vinculadas a minería ilegal habrían superado los US$900 millones.
Aumentan los ataques de mineros ilegales a la minería formal
Hace poco, el 11 de julio, Minera Poderosa denunció que sus instalaciones en la provincia de Pataz (La Libertad) fueron atacadas por un grupo armado de mineros ilegales, con el resultado de 3 vigilantes privados heridos.
No es la primera vez, en diciembre del 2023 esta empresa sufrió un ataque similar durante el cual fueron asesinados 9 trabajadores y, en abril de este año, volaron algunas torres de energía eléctrica de la minera.
El objetivo de este tipo de acciones violentas es la explotación ilegal de minerales por mineros informales devenidos en delincuentes que no tienen contratos vigentes con los titulares de las concesiones atacadas.
En cuanto al último atentando, Minera Poderosa denunció que las operaciones de interdicción de las bocaminas ilegales de la zona, a cargo de la Policía, habían sido suspendidas. Los mineros ilegales mantenían tomadas 25 galerías.
Además, advirtió que, debido a la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se sigue permitiendo el traslado de volquetes con mineral ilícito procedente de sus concesiones con rumbo a plantas de beneficio en la costa, por lo que la empresa invocó a las autoridades para que frenen esta escalada de violencia, y al Congreso de la República para no vuelva a prorrogar el Reinfo que vence a fines del 2024.
Los ataques a la minería formal por parte de mineros ilegales se están incrementando en los últimos años en zonas donde se dejó avanzar a la minería informal (Madre de Dios, Puno y la costa sur, sobre todo) y la tendencia es que siga creciendo en la medida que esta actividad se vaya haciendo más rentable.
Dina Boluarte: Decir que Tía María es un proyecto impuesto es una falsa narrativa de reducidos sectores ideologizados
La presidenta Dina Boluarte Zegarra reconoció, en su último mensaje a la Nación por 28 de Julio, que la inversión minera es un motor del crecimiento de la economía peruana, en la generación de riqueza, así como fuente de inclusión y cierre de brechas sociales.
“Nuestro Gobierno está comprometido con una minería competitiva, formalizada, moderna y sostenible, tanto social como ambientalmente”, señaló, para luego respaldar el reinicio del proyecto Tía María de Southern Perú.
“El Gobierno está convencido de los beneficios de Tía María: potenciará la agricultura, cerrará las brechas en educación y salud, dinamizará el comercio, mejorará la pesca y se impulsará el turismo. El proyecto tiene una importancia vital para el relanzamiento de la inversión minera en Perú y para la consolidación del clima de inversión en general”, precisó.
Agregó que Tía María no constituye un proyecto impuesto, “eso es una falsa narrativa enarbolada por reducidos sectores ideologizados que se resisten a admitir que la minería es la actividad que afianza el crecimiento económico de nuestro país, que aportará S/400 millones anuales para la región Arequipa, por concepto de canon y regalías”.
También se espera iniciar la construcción de 5 proyectos mineros (Ampliación Quellaveco, Corani, Reposición Raura, Chalcobamba Fase I y Romina) en las regiones de Apurímac, Áncash, Huánuco, Lima, Cajamarca y Puno, respectivamente, con una inversión conjunta superior a US$2.025 millones.
¿Qué hace el Gobierno contra la minería ilegal?
Es evidente, por las cifras que se conocen, que los procesos de formalización en la minería no han dado resultados en Perú. El intento más reciente se expresa en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) cuyo plazo de vigencia vence este 2024, el cual también ha fracasado.
En efecto, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, informó a mediados de julio pasado que en el Reinfo había unos 86.000 mineros inscritos, pero quienes querían realmente formalizarse eran sólo algo más de 20.000. Considerando que los pequeños mineros artesanales informales son unos 500 mil, según refirió el propio ministro, los resultados son muy pobres.
Los mineros informales restantes (unos 66.000, que es la diferencia entre los 86.000 y 20.000 antes señalados) estarían en condición de suspendidos en el Reinfo, pero siguen gozando de los beneficios de este registro; esto es, siguen operando sobre el yacimiento mientras se formalizan.
Nueva ley
Mucho considera que el Reinfo es un proceso bien intencionado, pero reconoce que ha sido mal utilizado. Incluso, reveló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha encontrado que miles de inscritos en este registro están muertos.
En ese contexto, informó que la Dirección de Formalización del Minem ha concluido un proyecto de ‘Nueva ley de la pequeña minería y la minería artesanal’, cuyo objetivo es ordenar esta actividad, sin embargo, prefirió no pronunciarse sobre si el Reinfo será eliminado.
Por su parte, durante su mensaje a la Nación por 28 de Julio, la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, dijo que el Reinfo se mantendría.
“Hemos culminado el proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal que será socializado con todos los actores del sector a fin de recibir aportes para ordenar las actividades mineras a pequeña escala y concluir con el proceso de formalización minera integral en curso (es decir, el Reinfo)”, precisó.
Cabe señalar que el ministro no ha dado mayores detalles sobre las medidas que plantea ese proyecto de nueva ley, pero afirmó que “está bien trabajado” y plantea, entre otros, cuadrículas más pequeñas como para un minero pequeño.
En el Congreso, pretenden aprobar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027, incluso algunos estarían planteando hacerlo indefinido. Buscaban hacerlo durante el periodo de receso, a través de la Comisión Permanente, pero ello no se concretó.
Es probable que retomen el referido proyecto de ley en la nueva legislatura ordinaria. Los gremios mineros reclaman un amplio debate con la participación de todos los agentes relacionados a la minería.
Más anuncios
Boluarte también hizo un anuncio más relacionado a este problema: “Un grupo de trabajo multisectorial se encuentra actualizando la estrategia nacional para la interdicción de la minería ilegal pero con un nuevo enfoque, que enfatizará la formalización de la minería, la investigación, la intervención y la sanción a las organizaciones criminales, así como impulsará actividades económicas que permitan el desarrollo sostenible de la población, y que vaya de la mano con la protección y recuperación del medioambiente”.
Ello, tras reconocer que este problema ya es de grandes proporciones. “En estos últimos años, la minería ilegal ha escalado a tal punto de ser la economía ilícita con mayores ganancias en nuestro país, superando inclusive al tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, en los últimos 10 años, en promedio, más del 25% del oro exportado es de procedencia ilegal, poniendo en peligro nuestra riqueza natural y biodiversidad, además de una alta evasión de impuestos”, precisó.
También informó que, en el 2023, su Gobierno ejecutó 729 operativos de interdicción a nivel nacional y, en lo que va del presente año, ha superado las mil interdicciones; destruyendo dragas, maquinaria pesada, incautando explosivos, combustible e insumos químicos en general, evidenciando que este delito “se está enfrentando con mayor determinación”.
El 44% del oro ilegal que exporta Sudamérica proviene de Perú
El combate a la minería ilegal debería implementarse como una política de Estado, con un liderazgo definido y una estrategia integral que, entre otros, defina el proceso de formalización con marcos temporales de manera clara, señaló el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El 44% del oro ilegal que exporta Sudamérica proviene de Perú, donde alcanzó los US$4.833 millones en el 2023, superando largamente la participación del resto de países, aun cuando Colombia, Ecuador y Venezuela presentan los mayores porcentajes de ilegalidad en el oro que exporta cada país.
El volumen de oro ilegal exportado por Perú se ha multiplicado por 7 en los últimos 20 años, pasando de 12 toneladas en el 2005 a 77 toneladas en el 2023.
Entre el 2021 y 2023, el oro ilegal exportado por Perú representó el 46% del total exportado de este mineral a nivel nacional, es decir, muy por encima del promedio de 25% registrado en la década 2011-2020.
Este es uno de los hallazgos del Instituto Peruano de Economía (IPE) en su estudio ‘Análisis comparativo de la respuesta gubernamental a la minería ilegal e informal en América del Sur’ que abarca a un grupo de países que presentan un elevado porcentaje de extracción de oro al margen de la ley.
El estudio, que fue presentando en el Simposio XV Encuentro Internacional de Minería, de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), refiere que la minería informal e ilegal ha venido en aumento en los últimos años y, con ella, sus efectos nocivos sobre el empleo, la economía, el bienestar de los ciudadanos, el cuidado del medioambiente y de las comunidades, el estado de derecho y el orden interno.
Señala que el entorno internacional, que ha impulsado el precio de los metales en los últimos años, entre ellos el oro, ha acelerado el deterioro de esta situación, afectando en mayor medida a países con debilidad institucional.
Según el estudio, en las siguientes décadas las cotizaciones se mantendrían en niveles elevados debido a la transición energética “verde” que duplicará la demanda global de los principales metales que se producen en la región, por lo que las medidas que se adopten –así como su implementación– serán clave para combatir adecuadamente este problema.
Formalización
Una de las conclusiones centrales del estudio es que han fracasado las políticas de formalización de la minería implementadas en los países analizados, debido a la falta de comprensión de la diversidad del sector, por el aprovechamiento de los mecanismos de formalización por parte de los actores y redes criminales en un entorno de debilidad institucional, y por la ausencia de supervisión y asistencia técnica efectivas por parte de las entidades responsables.
Un indicador de este fracaso para el caso de Perú es que en los registros de formalización minera sólo el 26% (unos 22.722) están vigentes y el 74% (64.151) restante están suspendidos debido a que no cumplen con alguno de los requisitos para formalizarse, como tener Registro Único del Contribuyente (RUC) y declarar su producción minera.
Políticas punitivas
Otra conclusión es que la implementación de medidas punitivas en los países analizados, aunque ha sido clave para combatir la minería en áreas específicas, ha tenido una efectividad limitada a un nivel más amplio.
Ello responde a la ausencia de un enfoque integral que coordine los esfuerzos de los diferentes sectores y entidades del Estado para implementar medidas punitivas efectivas contra las redes criminales y, paralelamente, incrementar la presencia del Estado y promover un desarrollo productivo alternativo en las zonas críticas expuestas a la minería ilegal e informal.
Asimismo, la elevada adaptabilidad de los actores ilegales, la falta de una coordinación efectiva entre las entidades responsables, y la insuficiencia de recursos y debilidad institucional, han sido obstáculos significativos en la lucha contra la minería ilegal a través de políticas punitivas.
En el caso de Perú, un indicador de esta situación es que, de las más de 7.200 investigaciones por el delito de minería ilegal que ha acumulado el Ministerio Público entre el 2019 y 2023, solo se ha logrado obtener 285 sentencias condenatorias, de las cuales 82 implican penas efectivas.
Trazabilidad
El estudio también concluye que, en los países analizados, no se cuenta con políticas de trazabilidad desarrolladas con normas claras y procedimientos efectivos para certificar el origen del oro, prevenir la evasión de controles en la cadena de suministro, y superar la debilitad institucional y la falta de coordinación entre entidades reguladoras.
“En Perú no existen mecanismos para verificar la trazabilidad del oro procedente de la minería artesanal. Aunque en el 2012 se creó el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), este no cuenta con mecanismos efectivos de fiscalización y sanciones”, precisa.
Medidas
Entre las principales recomendaciones de política que plantea el estudio del IPE están la implementación del combate a la minería ilegal como una política de Estado, con un liderazgo definido y una estrategia integral, que incluya el fortalecimiento de la coordinación y articulación entre las entidades responsables, la definición de procesos de formalización con marcos temporales y estándares ambientales claros, con supervisión estricta y asistencia técnica efectivas.
Asimismo, la implementación de políticas integrales que promuevan el desarrollo económico alternativo y medidas de interdicción permanentes, coordinadas y basadas en inteligencia.
Adicionalmente, es clave reforzar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro del oro.
Para que estas medidas funcionen, resulta esencial fortalecer la institucionalidad y transparencia en el Estado, así como promover una mayor cooperación internacional para implementar acciones transfronterizas más efectivas y coordinadas, acota.
Los costos de la conflictividad y la tramitología en la minería formal
La minería ilegal no es el único problema que afecta a la minería formal. Si bien en la última década esta actividad ha contribuido de manera directa con cerca del 60% de las exportaciones, el 11% de la inversión privada, el 11% de la producción nacional, el 8% de los ingresos fiscales y el 5% de la fuerza laboral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que su potencial es limitado por la creciente conflictividad social y la elevada complejidad regulatoria.
Según el estudio ‘El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería’ del IPE, estos problemas han ocasionado la postergación de la puesta en marcha de proyectos mineros y, con mayor énfasis durante los últimos años, una serie de interrupciones y paralizaciones en las operaciones de diversos yacimientos, todo lo cual genera altos costos económicos.
No ejecutados
Así, el estudio refiere que en la última cartera de inversión minera 2023 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se identificó un total de 23 proyectos mineros retrasados por efecto de la tramitología o conflictos sociales, con un monto de inversión global de US$29.667 millones.
Las pérdidas asociadas a ello, en términos del Producto Bruto Interno (PBI) ascendieron a S/698.296 millones (a precios constantes del 2007). Además, entre el 2008 y el 2022, se dejaron de recaudar S/122.689 millones en ingresos fiscales; en la etapa de producción minera se han dejado de generar hasta 541 mil empleos adicionales al año; y, en la fase de inversión, hasta 125 mil empleos por año.
El IPE estima que el crecimiento promedio anual del PBI durante el periodo 2008-2022 pudo haber sido 4,7% en lugar del 3,9% observado y que, con ello, al 2022 se habría sacado de la pobreza a 1,7 millones de personas.
Producción perdida
De otro lado, debido a la conflictividad social en la actividad minera, entre el 2021 y el primer trimestre del 2023, se registró la paralización de 11 de las principales unidades mineras en 8 regiones del país. Ello generó una subproducción minera que impactó sobre el PBI en alrededor de S/6.991 millones a precios del 2007, unos US$1.860 millones hoy.
Casi el 80% de este valor se explica por una menor producción, principalmente de cobre, en 4 regiones: Apurímac (Las Bambas), Cusco (Constancia y Antapaccay), Áncash (Antamina) y Moquegua (Cuajone), detalla el estudio.
De esta manera, el PBI minero en el 2021 creció 10,5%, en lugar de la cifra potencial de 12,9%. Para el 2022 la minería pudo haber crecido 2,8%, en lugar de caer 0,1%.
Y la recaudación fiscal perdida por los conflictos sociales ascendió a S/1.791 millones, lo que representa el 5,2% del monto recaudado en el sector minero entre enero del 2021 y el primer trimestre del 2023. Debido a la menor actividad productiva, se estima que se perdieron 156.380 empleos en ese mismo periodo.
Tramitología
El estudio también revela que los principales procedimientos administrativos (PA) que representan demoras regulatorias están vinculados a los macroprocesos de los instrumentos de gestión ambiental (IGA) y al proceso de consulta previa durante la etapa de inversión y preparación.
La acumulación de retrasos de los principales macroprocesos priorizados a lo largo de la cadena de valor minera puede generar que el cumplimiento de los PA se prolongue por un periodo de hasta 6 o 7 años, es decir, más del doble de lo que estos deberían durar según los plazos normativos (2 o 3 años).
La consecuencia del retraso por 4 años de un proyecto minero representativo es pérdidas del PBI por S/12.044 millones a precios constantes del 2007.
Solo en etapa de inversión, dejan de generarse 8.500 empleos y, en etapa de producción, 7.400 empleos por año; y el Estado deja de percibir S/2.066 millones en recursos fiscales.