El aumento de homicidios y extorsión afecta a las Mipymes, reduce la inversión y le cuesta al Perú hasta el 3.5% del PBI anual, exigiendo políticas urgentes, lo que resalta la urgencia de implementar políticas públicas efectivas para restaurar la seguridad y fortalecer la confianza empresarial.
(*) Artículo publicado en la edición 230 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M230.pdf.
El aumento de homicidios refleja un agravamiento de la violencia criminal en el Perú. Los homicidios vinculados al crimen y la violencia en el Perú registraron un aumento significativo entre mayo y diciembre del año pasado. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, una iniciativa del BCP, el Banco de Ideas Credicorp y Capital Humano y Social S.A., se contabilizaron 649 casos, con un promedio de 81 homicidios mensuales.
Los picos observados en noviembre y diciembre, con 105 y 106 homicidios respectivamente, duplicaron los casos registrados en meses anteriores.
Y el panorama no ha cambiado en el inicio de este año. Entre el 1 y el 19 de enero de 2025, se registraron 106 homicidios, superando los 98 reportados en el mismo periodo de 2024 y marcando un crecimiento sostenido desde 2017, según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).
Además de los homicidios, la extorsión ha crecido de manera alarmante, pasando de 2,618 casos en 2019 a 17,426 en 2023, reveló el reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.
Durante el año pasado, más de 6,000 denuncias por extorsión se sumaron al registro histórico, mientras que las modalidades más comunes incluyen el cobro. de cupos, los préstamos “gota a gota” y el “chalequeo”, precisó.
Estas prácticas han generado miedo y desconfianza entre los empresarios y comerciantes, quienes enfrentan amenazas constantes que impactan su operatividad y rentabilidad.
Sin respuesta
A pesar del aumento exponencial en las denuncias por extorsión, el sistema penitenciario ha mostrado poca capacidad para castigar a los responsables. Según cifras del INPE, en agosto de 2024 había 1.186 presos por extorsión, una cantidad que no corresponde con las más de 50.000 denuncias acumuladas desde 2015. Este rezago en la justicia penal refleja la falta de coordinación y efectividad de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
Por otro lado, la Policía Nacional ha sido incapaz de detener la expansión de redes criminales. A pesar de contar con la Línea 111 como un canal para denunciar extorsiones, el volumen de llamadas sin éxito (3,300) y el número limitado de casos atendidos (1,427 por extorsión) ponen en evidencia las deficiencias en la atención y seguimiento de estas denuncias. Las víctimas, en su mayoría comerciantes y trabajadores independientes, quedan desprotegidas y vulnerables ante las amenazas.
Mipymes afectadas
La inseguridad está afectando directamente a las más de 2.1 millones de Mipymes que operan en el Perú, sectores que son fundamentales para la economía nacional. Según datos oficiales, estas empresas generan el 31% del PBI y emplean al 91% de la población económicamente activa. Sin embargo, la extorsión y el crimen organizado han provocado que pequeños empresarios opten por cerrar o reducir sus operaciones, debilitando el tejido económico y social del país.
El incremento de modalidades delictivas como el “gota a gota”, que opera con tasas de interés usureras, ha atrapado a muchos microempresarios en ciclos de deuda insostenibles. Este fenómeno no solo afecta su capacidad de operación, sino que también los coloca en una situación de alta vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales. Mientras tanto, los comedores populares, peluquerías y pequeños negocios ven amenazados sus ingresos por el cobro de cupos y otras formas de intimidación.
Según una encuesta de Mypes Unidas, el 70.4% de las mypes no contrató personal en 2024, mientras que solo un 5.6% logró contratar más de tres empleados. Además, el 56.6% calificó sus ventas como “regulares”, el 32.1% como “malas”, y apenas un 11.3% las mostraron “buenas”.
Frente a este panorama, las mypes han adoptado diversas estrategias para sobrevivir: el 56.6% redujo costos, el 22.6% solicitó préstamos y un 13.2% cambió de giro comercial. Los gastos en seguridad también han aumentado, con un 60,4% invirtiendo en cámaras y rejas para proteger sus negocios, reveló la encuesta.
Por otro lado, la delincuencia genera distorsiones en el comportamiento del consumidor. Los ciudadanos prefieren evitar bienes visibles, como joyas, para no ser blanco de robos, y reasignar gastos hacia medidas de protección como alarmas o servicios de seguridad privada.
Factor político
La crisis de seguridad también se ve agravada por la inestabilidad política. Desde 2018, el Perú ha tenido 22 ministros del Interior, quienes han permanecido en el cargo, en promedio, solo cuatro meses. Esta rotación constante ha impedido la implementación de políticas públicas sostenibles que aborden la inseguridad de manera integral. La falta de continuidad y planificación estratégica ha dejado al país sin un rumbo claro frente a la creciente ola de criminalidad.
El fracaso en el diseño e implementación de políticas efectivas no solo afecta la lucha contra el crimen organizado, sino que también mina la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Ante esta situación, expertos como Carlos Basombrío, exministro del Interior y uno de los autores del Observatorio, advierten que la violencia comenzará a escalar si no se realizan cambios profundos en la estructura del sistema de seguridad y justicia.
Costo de la inseguridad
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el crimen afecta la economía de forma directa e indirecta. Entre los efectos directos se encuentran las pérdidas de recursos y producción por hurtos, robos y homicidios, así como los costos en seguridad pública y privada.
En el ámbito indirecto, se observan menores oportunidades de empleo, debilitamiento institucional y corrupción. La delincuencia reduce los incentivos a invertir, genera distorsiones en el consumo, afecta la productividad y representa un costo significativo para el fisco.
“La relación entre delincuencia y crecimiento económico es bidireccional. Por un lado, el crimen reduce los incentivos para invertir, genera distorsiones en el consumo y afecta la productividad. Por otro, un crecimiento económico sostenido puede disminuir los incentivos para actividades criminales al ampliar las oportunidades económicas formales”, consideró el BCR.
La magnitud del impacto económico es alarmante. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la CONFIEP, el costo de la inseguridad en Perú asciende al 3.5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual, equivalente a S/ 35 mil millones. Este monto es cinco veces mayor que la inversión en infraestructura educativa en 2024. Más aún, la extorsión, uno de los delitos más perjudiciales, genera pérdidas de más de S/ 6 mil millones al año, lo que representa el 0.7% del PBI.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que una reducción en la tasa de homicidios en Perú, de su promedio actual (8 por cada 100 mil habitantes) al nivel mundial (5 por cada 100 mil habitantes) podría aumentar el potencial de crecimiento de PBI. en 0,1 puntos porcentuales.
Propuestas
Según destaca el BCR en su Reporte de Inflación, una estrategia integral frente a la inseguridad ciudadana debe incluir el aumento de la presencia policial, la optimización en la gestión de información relevante y el fortalecimiento institucional para incrementar la eficiencia del gasto en seguridad.
Además, enfatiza la importancia de un control más estricto sobre la tenencia ilegal de armas y de promover incentivos que fomenten la participación en actividades legales. Estas acciones pueden complementarse con programas de formación profesional, asesoramiento y mentoría, acceso a servicios de salud mental, deportes y actividades culturales, así como políticas que facilitan la reintegración laboral de personas con antecedentes penales.
Asimismo, siguiendo los principios señalados por el BCR en su análisis, se resalta la necesidad de prevenir la reinfiltración de la delincuencia en comunidades, la economía y las instituciones políticas, mediante programas penitenciarios sólidos, rehabilitación de delincuentes, mejora en la prestación de servicios públicos. y gobernanza transparente. “Es crucial perseguir a los grupos delictivos y sus ganancias ilícitas, incrementando los costos y riesgos de sus operaciones, lo cual requiere una legislación adecuada, cooperación multisectorial y una base de datos conjunta sobre delincuentes y delitos”, recomendó el BCR.
Ejemplos internacionales, como el caso de Singapur, al que también hace referencia el BCR, demuestran que es posible revertir altos niveles de violencia. Este país se convirtió en uno de los más seguros del mundo gracias a estrategias como: (i) la lucha contra la corrupción mediante el aumento de salarios en un esquema meritocrático vinculado a resultados, la rotación de puestos para funcionarios públicos y las inspecciones sorpresivas; (ii) reformas judiciales con penas más severas; y (iii) un enfoque integral en la seguridad pública.
Por su parte, Comex recomendó que el Ministerio del Interior debe tener como punto número uno en su agenda establecer una estrategia clara de lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales.
“Además, el país necesita con urgencia una reforma para fortalecer las instituciones clave que protegen nuestra seguridad, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, sostuvo.