(*) Artículo publicado en la edición 204 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M204.pdf.
Por Javier Parker Chávez
javier.parker@microfinanzas.pe
Recientemente, con solo tres semanas de diferencia, se realizaron dos de las reuniones empresariales anuales más importantes que hay en el Perú, el Congreso Internacional de Microfinanzas (CIM) organizado por la FEPCMAC, que reúne en pleno al sector microfinanciero nacional y sus stakeholders, y CADE en su 60 Edición, organizado por IPAE.
En el primer evento, centrado en estrategias para la inclusión financiera, el tema de la crisis política no podía soslayarse justamente por su impacto en este objetivo; mientras que, en el segundo, como no podía ser de otra manera, fue el tema principal del cónclave.
Tema, por cierto, que es la principal preocupación del sector empresarial en la actualidad y en el que se anclan sus principales expectativas de inversión y sobre la evolución de la economía nacional, expectativas que lamentablemente siguieron cayendo en octubre, según la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas de ese mes que realiza el BCR.
En una entrevista que concedió a Microfinanzas.pe, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, con motivo de CADE, afirmaba que no puede haber consenso en el país cuando hay polarización política y social. “Es inviable un consenso porque la polarización es lo opuesto a ello”, sentenciaba.
Y, justamente, en un tema en el que está ausente el consenso es en el deseo, expresado por la FEPCMAC, de que las Cajas Municipales puedan emitir tarjetas de crédito sin previa autorización de la SBS.
Tras la observación que hizo el Poder Ejecutivo de la autógrafa de Ley de fortalecimiento de las CMAC, en base a los argumentos de la SBS, la reacción en contra de la FEPCMAC no se hizo esperar, y esta fue bastante dura. Ahora, la autógrafa observada está en manos del Congreso de la República que puede aprobarla por insistencia.
Hay que admitirlo, el asunto en mención está muy polarizado y pareciera que las posiciones de ambas partes, regulador y supervisados, son intransigentes. Y las mismas posiciones opuestas sobre la emisión de tarjetas de crédito por parte de las Cajas también las podemos encontrar entre los especialistas en el tema que hemos consultado para esta edición de la revista Microfinanzas.
Lo cierto es que ambas partes en discordia, SBS y la FEPCMAC, tienen preocupaciones legítimas y argumentos válidos que respaldan sus posiciones y que no pueden ser ignorados.
Pero, preguntamos desde Microfinanzas, salvaguardando los legítimos intereses de accionistas y ahorristas de las Cajas Municipales: ¿No será posible, más allá de la regulación ya establecida por la SBS para la emisión de tarjetas de crédito por parte de las CMAC, que haya un acercamiento para encontrar consensos que permitan acelerar la inclusión financiera y desarrollar aún más al sector microfinanciero en el país?
Un tema en el que no debe haber desacuerdos es en la lucha contra la corrupción, tenga el tinte político que tenga, ni tampoco en el respeto a la institucionalidad del país. Nada debe impedir llegar a consensos cuando se trata de la lucha frontal contra el flagelo de la corrupción, del que ya hemos tenido más que suficientes consecuencias negativas en perjuicio justamente de los más vulnerables, y que son las mismas consecuencias negativas que vemos cuando se ha quebrado el orden constitucional. Por eso, en el Perú tampoco debe haber más cabida para interpretaciones auténticas o presuntas negaciones fácticas, eufemismos que solo buscan encubrir intenciones de perpetuarse en el poder y que esconden el objetivo de seguir medrando de las arcas del Estado y ocultar todos los actos delictivos cometidos previamente.
Desde Microfinanzas, hemos venido insistiendo en que sin un entorno político adecuado el crecimiento económico y, por ende, la inclusión financiera, se hacen más difíciles; y, nuevamente, toca referirse a este tema.
Cualquier intento para una eventual disolución del Congreso debe generar consecuencias constitucionales y penales por las que deberán responder tanto el presidente de la República como los integrantes de su gabinete. La historia reciente del Perú ya demostró que al final así es.