Sin un crecimiento económico importante y las reformas necesarias, la pobreza no se recuperará a los niveles previos a la pandemia en el corto plazo, advierte el Banco Mundial en el informe “Resurgir Fortalecidos – Evaluación de pobreza y equidad en el Perú”.
Los bloqueos de carreteras y las protestas han empeorado la crisis alimentaria y limitado las oportunidades económicas en Perú, sentencia el Banco Mundial (BM). En tanto, la incertidumbre política ha retrasado la recuperación económica a través de la ausencia de un programa económico claro y de las reformas necesarias para mejorar el empleo y la inversión, dice en su informe “Resurgir Fortalecidos – Evaluación de pobreza y equidad en el Perú”.
Igualmente, reconoce que las presiones inflacionarias y la incertidumbre política serán un obstáculo para la recuperación económica del Perú; y, alerta que, sin un crecimiento económico importante y las reformas necesarias, la pobreza no se recuperará a los niveles previos a la pandemia en el corto plazo.
La pobreza
Recuerda que, en el 2020, la tasa de pobreza nacional se incrementó a 30,1%, un nivel que no se había visto desde el 2010, y la pobreza extrema alcanzó un 5,1%, comparable con la tasa del 2013.
“Si bien la economía ha empezado a recuperarse de los impactos de la pandemia de corto plazo, los potenciales impactos adversos a largo plazo en la acumulación de capital humano, seguridad alimentaria, salud, empleo y la capacidad de aplicar mecanismos de mitigación exitosos amenazan el futuro desarrollo del país”, indica.
Para fines del 2021 la economía peruana se había recuperado, pero la pobreza y la pobreza extrema mantuvieron los niveles del 2012 y 2015, respectivamente.
La magnitud de la pérdida de bienestar durante la crisis de la COVID-19 reveló la fragilidad de las mejoras sociales alcanzadas en las dos décadas anteriores, lamenta el BM.
Explica que la crisis política y el alza de los combustibles y fertilizantes han tenido repercusiones importantes en la economía peruana.
La subida de precios en el país, que empezó a mediados del 2021, ha erosionado los ingresos disponibles de trabajadores y familias, afectando su poder adquisitivo.
Según estimaciones, la inflación adicional tuvo un efecto negativo en la pobreza, lo que llevó a una disminución de 1.4 puntos porcentuales en la tasa de reducción de la pobreza en el 2021.
Las proyecciones para el 2022 sugieren que la inflación adicional tuvo un efecto negativo de 2 puntos porcentuales en la reducción de la pobreza del país.
Crecimiento sostenido
El BM afirma que, en el pasado, el crecimiento sostenido e inclusivo impulsó un proceso sustancial de reducción de la pobreza y desigualdad. Según estimados del impacto directo del crecimiento económico impulsado por los ingresos, 85% de la reducción de la pobreza (usando la línea de US$6,85 por día) entre el 2004 y 2019 se debió al crecimiento económico, mientras que una redistribución más efectiva explicó el 15% restante.Subraya que hacen falta medidas para comprometer al país con una nueva ruta inclusiva hacia la reducción de la pobreza y desigualdad y abordar los daños causados por la pandemia en el desarrollo.
Progreso económico
El BM señala que el progreso económico durante las últimas dos décadas antes de la pandemia, junto con la implementación de programas sociales bien focalizados, se tradujo en la reducción substancial de los niveles de pobreza en Perú.
Especialmente, entre el 2002 y 2013, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) fue notable, con un promedio de 6,1% anual, impulsado por una reforma económica apropiada y condiciones externas favorables.
Las reformas macro fiscales iniciadas durante la década de 1990 se consolidaron en la década del 2000, mejorando la estabilidad macroeconómica, fortaleciendo la apertura comercial y aumentando la confianza de los inversionistas. La acumulación de capital, mayormente vinculada al sector minero, fue la fuente principal de crecimiento durante este periodo, representando el 60% del crecimiento total entre el 2002 y 2013.
El modelo de crecimiento orientado a la exportación también impulsó el desarrollo de la agricultura moderna, la que se benefició de la puesta en marcha de acuerdos comerciales, nueva infraestructura de irrigación, un sistema laboral más flexible y precios estables. En este contexto, las exportaciones agrícolas aumentaron en valor de US$758 millones en el 2000 a más de US$8.800 millones en el 2021, creciendo a un promedio anual de 12,4%.
Desaceleración
Luego, entre el 2013 y 2019, la tasa de crecimiento económico cayó en más de la mitad, a 3,1%, reflejando un ambiente externo menos favorable, caracterizado por precios más bajos de las materias primas y una mayor volatilidad en los mercados financieros globales, recuerda el BM.
Los efectos generados por las reformas previas se desvanecieron de manera considerable. El contexto externo menos favorable durante este periodo también hizo más evidente los retos estructurales más profundos en el modelo de crecimiento del país. Tal como se ilustró en la Actualización Sistemática de Diagnóstico de País, la productividad continuó siendo baja, debilitando el crecimiento económico.
Más del 70% de la fuerza laboral trabajaba de manera independiente o en empresas con 10 o menos trabajadores, entre las cuales la productividad laboral alcanzaba solo alrededor del 10% de la productividad de las empresas con más de 50 trabajadores.
Las disparidades regionales eran considerables, y las exportaciones estaban fuertemente concentradas en la minería y otras actividades de extracción, haciendo que la economía sea vulnerable a los choques causados por los términos de intercambio e impactos del cambio climático.
El progreso limitado para abordar estos retos estaba correlacionado con la débil capacidad de las instituciones públicas. La inestabilidad institucional se incrementó sustancialmente desde el 2016, debilitando aún más la capacidad del Gobierno para diseñar e implementar nuevas reformas y entregar servicios de calidad a nivel nacional.
Nuevos impulsores
En este entorno de desafíos, el Gobierno y las instituciones necesitan encontrar nuevos impulsores de crecimiento para las décadas futuras. Un sector con buen potencial es la silvicultura, menciona el BM. De acuerdo con el Informe sobre Clima y Desarrollo de País del Perú (BM 2022), la inversión de US$6.000 millones entre el 2023 y 2050 en intervenciones forestales podría generar cerca de 85.000 empleos anuales, multiplicar la contribución del sector a la economía en 7 veces e incrementar la contribución del sector al PBI de 1,9% en el 2023 a 5,5% en el 2050.
Sin embargo, acelerar el crecimiento económico a largo plazo requiere mejorar la infraestructura de conectividad y servicios públicos, incrementar el capital humano y simplificar la rigidez en los mercados de factores y productos. “Para lograr estos objetivos se requiere incrementar la capacidad del Gobierno para regular y hacer cumplir la ley de manera efectiva, ofrecer servicios de calidad y afrontar diversos eventos adversos”, subraya en el informe.
Crecimiento inclusivo
Mientras que, para reducir la fragilidad de los avances sociales en el Perú, el Gobierno y las instituciones deben promover un nuevo tipo de crecimiento, afirma el BM, uno que sea inclusivo y se centre en la reducción de la pobreza y la desigualdad, pero que también aborde las debilidades reveladas por la pandemia.
El crecimiento debe enfocarse en mejorar la capacidad productiva de las personas pobres y vulnerables. Los esfuerzos deben dirigirse a levantar las limitaciones persistentes, como los obstáculos que impiden que las empresas crezcan y que los trabajadores se formalicen.
Promover la formalidad impulsando el crecimiento de las empresas elevaría la productividad, lo que se esperaría que beneficie a las personas pobres y vulnerables, las cuales están sobrerrepresentadas en trabajos informales y de mala calidad, reduciendo con ello las desigualdades, agrega.
En este sentido, dice que se debe considerar priorizar la inversión en sectores con alto potencial de crecimiento. Apostar por la agricultura, la silvicultura y el turismo, donde hay un importante porcentaje de personas pobres y vulnerables, ayudaría a desarrollar el potencial de estas personas en todo el país.
También podría fomentar un desarrollo resiliente frente al clima para prepararse para el futuro, si los trabajadores adaptan sus actividades en función al cambio climático, disminuyen el peligro de despidos, y los sectores se van volviendo más verdes y competitivos. Estas políticas deben tenerse en cuenta incluso si toman más tiempo implementarse, indica.
Mediano y largo plazo
El BM considera que, en el mediano y largo plazo, el Gobierno necesitará más recursos fiscales para financiar la provisión de servicios de calidad y acelerar la acumulación de activos productivos en los hogares.
Esto implicaría apoyo sobre todo para la acumulación de capital humano, sin importar la ubicación geográfica o las características sociodemográficas.
Uno de los esfuerzos iniciales debe enfocarse en cerrar la brecha de infraestructura en conectividad, tecnología, salud y educación.
Agrega que las inversiones relevantes necesitan una mirada geográfica porque las principales brechas en infraestructura y en el suministro de servicios se encuentran en áreas remotas.
Los pasos necesarios para este esfuerzo deben incluir reformas a nivel local basadas en definiciones claras de responsabilidad del gasto, en la articulación de presupuestos de diversas agencias en torno a proyectos compartidos y en la promoción de gastos relevantes. De igual modo, los servicios de calidad requieren más recursos fiscales. El Gobierno debe enfocarse en políticas para reducir la evasión fiscal, aumentar la base tributaria, y aumentar la progresividad del sistema tributario (impuestos y transferencias).
Corto plazo
Mientras tanto, en el corto plazo, el BM dice que se deben abordar los daños causados por la pandemia. La COVID-19 afectó de manera negativa la atención médica y la salud, la asistencia escolar y el aprendizaje, la calidad del empleo y el empleo de los jóvenes.
Un primer paso para abordar los daños en la salud sería ofrecer atención de seguimiento para las personas que no se han recuperado del todo e invertir en programas de salud mental. Otra prioridad debería ser brindar apoyo a través de programas sociales a los niños que han perdido a sus cuidadores primarios.
Para abordar las deficiencias de aprendizaje a raíz de la pandemia, es necesario implementar estrategias de recuperación. También se debería incentivar la recuperación de trabajos formales perdidos durante la pandemia y ayudar a los jóvenes a mejorar su nivel de empleabilidad ofreciendo programas de capacitación.
Asimismo, se necesitarán inversiones para cerrar las desigualdades que se ampliaron durante la pandemia, como la brecha de oportunidades económicas que afecta a las mujeres. La agenda de corto plazo debe incluir la transición a un sistema de protección social adaptativo. El objetivo debe ser crear un sistema más resiliente contra choques futuros e identificar formas de proteger las ganancias sociales dentro de la economía.
Sin embargo, dado que los choques no se distribuyen de manera uniforme en el país y que los diversos grupos de la población requieren una serie de herramientas en respuesta a los choques, es necesario un conjunto de políticas de protección social.
Este conjunto debe incluir políticas de asistencia social para reducir la pobreza, políticas de seguro social para proteger a personas vulnerables, medidas para aumentar las oportunidades económicas para todos, y medidas para mejorar la capacidad de las personas para manejar riesgos y hacer frente a los choques.
