Caja Arequipa y Caja Huancayo son las más activas en su labor de incluir financieramente a los extranjeros.
El Perú alberga a 1.6 millones de migrantes, de los cuales aproximadamente el 75% (1.2 millones) son venezolanos. Pese a la importante presencia de migrantes, apenas entre 5 y 10% acceden al sistema financiero, afirmó Jorge Herrera, representante de World Council, durante su participación en el Seminario Internacional de Microfinanzas que se viene desarrollando en Cusco
«Pese a que la situación del 45% de los migrantes es regular y cumplen con los requerimientos legales para estar en el país, a diciembre del año pasado solo 80 mil cuentan con créditos en el sistema financiero. Es decir, apenas el 5% del total de migrantes», comentó.
Desde el lado de los proveedores de servicios financieros, existen ciertas barreras vinculadas al desconocimiento de los documentos válidos que acreditan y regularizan la situación de esta población en el país, así como sus mecanismos de validación.
Durante su intervención, Herrera, destacó la importancia que las entidades financieras conozcan qué documentos emitidos por el Estado Peruano, como el Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia, identifican a los ciudadanos extranjeros y les permiten acceder a los servicios financieros y bancarios.
Herrera resaltó la labor de inclusión financiera de migrantes que realizan las cajas Arequipa y Huancayo. Además, de la financiera Confianza.
Al respecto, Ramiro Arana, Gerente Central de Negocios de Caja Huancayo, precisó que la microfinanciera ofrece a los migrantes venezolanos servicios financieros pasivos como, por ejemplo, apertura de cuentas, transferencias para conocer al cliente.
«Hemos empezado con servicios financieros que nos permitan conocer a los nuevos clientes para posteriormente ofrecerles créditos» añadió Arana.
En marzo de este año se lanzó la Guía Práctica para la Inclusión Financiera de población refugiada y migrante, tiene por objetivo orientar al sector financiero, en sus diferentes niveles, para informar sobre las características de los documentos de identidad de la población refugiada y migrante y los mecanismos para validar la información contenida en los mismos; caracterizar a la población extranjera y así facilitar el diseño de estrategias que promuevan su inclusión financiera en el Perú.