Será difícil salir de la actual situación económica, tras 3 trimestres de caídas consecutivas del PBI, porque no se está atacando el problema de fondo que es la debilidad de la demanda (consumo e inversión privada), por la falta de confianza, seguridad jurídica y reglas laborales claras, declara a Microfinanzas el también ex ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne Vetter.
Entrevista por Luis Hidalgo Suárez
El Producto Bruto Interno (PBI) mensual viene cayendo. En septiembre cayó 1,29% y acumula un retroceso de 0,68% a ese mes. ¿Cómo terminará este año y qué perspectivas ve para el 2024?
Revertir la caída del PBI va a ser muy difícil. Prevemos que el PBI caerá 0,2% en el último trimestre y, en este año, caerá 0,5%, mientras que para el 2024 vemos un crecimiento de 1,7% (ver tabla).
El ministro de Economía estima que con las medidas reactivadoras que ha lanzado (un total de 25 en el Plan Unidos) la economía crecería más de 3% en este último trimestre, tasa que se mantendría en el 2024. El Banco Central de Reserva (BCR) también estima un avance de 3% para el próximo año. ¿En qué cree que basan ese optimismo?
Hay un efecto estacional que, al parecer, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera de las medidas. En el programa ‘Con Punche Perú’, con el último crédito suplementario, se están otorgando una serie de bonos.
En particular, se está aumentando los salarios de los servidores públicos (que suman más de 1 millón de trabajadores), entonces, esperan que este estímulo genere un aumento de la demanda en el cuarto trimestre de este año, particularmente en diciembre.
Sin embargo, eso contrasta con lo que vemos en el sector privado. por ejemplo, el consumo privado que equivale al 65% del PBI prácticamente está en 0% de crecimiento (ver tabla), mientras que en el 2022 crecía casi en 4%.
Asimismo, la inversión privada, que representa más del 20% del PBI, está cayendo. No estamos convencidos del efecto positivo que espera el ministro de Economía con esas medidas.
Hay factores exógenos (internos e internacionales) que afectaron el crecimiento del PBI este año, ¿qué otras causas explican la caída de 0,5% del PBI que ustedes proyectan para este año?
Hay una serie de choques no anticipados que han hecho que la economía se desacelere, como las protestas de fines del año pasado e inicios de este, el ciclón Yaku y El Niño, etc., que mencionó el ministro de Economía, y que obviamente han sido fuertes.
Sin embargo, el MEF no explica por qué se ha venido observando esa caída tan fuerte en el consumo y en la inversión privados. Asumen que el empleo está aumentando, pero nuestra lectura es que la creación de empleo ya empieza a desacelerarse; lo mismo se ve en la masa salarial que crecía 19% trimestral a junio y ahora crece sólo 5%.
Inversión privada
¿Qué factores explican, entonces, la caída del PBI y de la demanda?
La caída del PBI tiene que ver también con factores como la contra reforma laboral que dio el gobierno de Castillo, que no generó mayores puestos de trabajo y, en cambio, ocasionó más informalidad laboral.
De otro lado, la inversión privada está a la espera de lo que pasará en las elecciones generales del 2026, respecto a las garantías para la seguridad jurídica.
La caída de la inversión privada es una muestra clara de la falta de confianza en el país…
Sí, y aun cuando la caída de la confianza para la inversión viene desde el gobierno de Castillo, el Gobierno actual no ha hecho nada para revertir esta situación. Desde enero se observa el impacto negativo en la inversión privada.
Mientras tanto, el ministro de Economía ha venido pidiendo créditos suplementarios para aumentar el presupuesto público para gasto fiscal corriente, lo cual tiene un impacto mucho menor en el crecimiento del PBI.
De otro lado, el Gobierno no ha hecho nada para mejorar la seguridad jurídica en el país y estamos frente a una gran crisis institucional con los temas del Tribunal Constitucional (TC), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso y el Poder Judicial. Es un entorno que no le da seguridad al sector privado de que las reglas de juego se vayan a mantener.
Usted coincide con otros analistas en que los inversionistas están esperando a ver qué pasa en las elecciones generales del 2026 para decidir si invierten en el país. ¿Podrá el Perú resistir 2 años y medio más?
Podemos soportar, pero el tema es que la economía va a crecer sólo 1,7% en el 2024, según nuestras proyecciones, y una tasa algo mayor en el 2025; después estaremos cerca de las elecciones generales y el riesgo político va a ir en aumento. La economía no va a despegar hasta que no se aclaren las reglas de juego tanto para los trabajadores como para los inversionistas.
El Plan Unidos, si bien es un esfuerzo para comprometer la inversión del sector privado, de alguna manera es un esfuerzo fallido porque no tiene dientes. El plan considera una serie de medidas, pero varias tienen que pasar por el Congreso para su aprobación.
Vamos a tener que esperar no sé cuantos meses hasta que las apruebe, si las aprueba, considerando que sus intereses difieren y se reflejan en las partidas a las que se dirige el mayor gasto aprobado mediante los créditos suplementarios por el Congreso, las que no necesariamente son para obras de prevención del Fenómeno de El Niño o para impulsar las inversiones.
Mypes
El Gobierno amplió del Programa Impulso MYPErú de S/5.000 millones a S/15.000 millones en el marco del Plan Unidos. ¿Cómo evalúa esta medida?
La pregunta que debe hacerse es: ¿Quién va a obtener un crédito en la mitad de una recesión?, que es cuando las empresas no necesitan aumentar su capacidad productiva instalada.
Es muy probable que las micro y pequeñas empresas (Mypes) simplemente refinancien sus créditos más caros con esa ayuda estatal, con lo cual el Gobierno se convierte en un banco más, dándole dinero a las Mypes pero sin reactivar la inversión. Además, hay que tener cuidado porque se podrían estar relajando las condiciones crediticias de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
¿Por qué señala esto?
Hay que recordar que en el 2014 o 2015 se relajaron algunas condiciones crediticias de Cofide y se terminó con una serie de créditos que hasta hoy no los pagan. Nosotros (Thorne fue ministro de Economía del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski entre julio del 2016 y junio del 2017) tuvimos que corregir eso.
Entonces, se está utilizando al Gobierno y las garantías estatales de alguna manera para dar préstamos, cuando en realidad vienen a ser un subsidio del Estado a un sector específico de la economía.
Según el ministro Álex Contreras, el Programa Impulso MYPErú en su primer tramo ha beneficiado a más de 70.000 Mypes en todas las regiones y a tasas más bajas que las de la banca…
Según las cifras que mostró, un tercio de esos créditos han sido usados para refinanciar deudas antiguas, otro tercio para capital de trabajo y sólo un tercio fueron para nuevos negocios, ni siquiera para inversión física. En una recesión es difícil prever que así les rebajes el costo del crédito, las empresas vayan a invertir, porque lo que necesitan no es aumento de capacidad instalada sino sobrevivir.
Los objetivos centrales del Plan Unidos son la protección de la cadena de pagos y dar impulso a la inversión privada. En cuanto a lo primero, ¿tendrá un impacto positivo?
No creo que ayude mucho porque para realmente impactar en la cadena de pagos, tienes que trabajar directamente con la banca y el BCR, y el programa tiene que ser de manera general como se hizo con Reactiva Perú.
Si el Programa Impulso MYPErú va a dar garantías para créditos a las Mypes que están en el borde entre informalidad y formalidad, lo único que ocurrirá es que estas empresas van a tomar la garantía y pedirán que se refinancie sus deudas a una tasa de interés menor. No habrá impacto en el gasto privado, sino que simplemente va a mejorar el perfil de crédito de esa empresa en particular.
Política laboral
¿Se logrará el otro objetivo central del Plan Unidos que es impulsar la inversión privada a través de un shock de confianza con las medidas planteadas?
No creo que haya mucho de relevante en las medidas que ha anunciado el ministro de Economía para impulsar la inversión privada a través de un shock de confianza.
Por ejemplo, no ha dicho en absoluto qué va a hacer el Gobierno con la llamada “Agenda 19”, es decir, el conjunto de medidas laborales que fueron tomadas al margen del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) por el gobierno de Pedro Castillo, y que preocupa mucho al sector privado.
¿Qué debería hacerse?
Lo lógico hubiese sido convocar al CNTPE y discutir si realmente se justifican o no las normas que se aprobaron bajo esa agenda, ya que fueron aprobadas por la ministra de Trabajo de entonces (Betssy Chávez), sin consultarle a los partícipes del CNTPE (empleadores y trabajadores).
Algo similar se puede decir de los lotes petroleros que se han entregado a Petroperú. Cómo se puede pretender convencer al sector privado que invierta en la economía cuando el Gobierno le entrega lotes petroleros a Petroperú sin ninguna licitación ni nada.
Eso puede llevar a pensar a los inversionistas que, si mañana una empresa X le molesta al Gobierno, la podría expropiar, es decir, no hay seguridad jurídica para la inversión.
Minería y APP
Entre las medidas para impulsar la inversión privada, el Plan Unidos incluye el destrabe de proyectos mineros, pero no incluye, por ejemplo, a Tía María…
Todos los proyectos mineros que incluye el Plan Unidos, excepto Zafranal (Arequipa), ya estaban en camino (ver tabla). En cambio, de la cartera de proyectos mineros por US$46.000 millones para los próximos años no ha tocado ninguno.
Cuando se piensa en un shock de inversiones, se debería mencionar cuáles de esos proyectos se van a impulsar. Está Tía María, pero también están el proyecto Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) de Newmont con una inversión de US$2.500 millones; La Granja (de más de US$2.400 millones), que significa 800 mil toneladas de cobre, que es más de US$10.000 millones; y, Michiquillay (también en Cajamarca con una inversión de US$2.500 millones); entre otros.
El Plan Unidos menciona algunos proyectos de esa cartera…
Sí, pero el ministro no dice qué ha hecho para impulsar esos proyectos, si se ha reunido con los representantes de esas empresas, si ellos van a invertir o no.
Tampoco lo ha dicho respecto al shock de simplificación administrativa que anuncia para los proyectos de inversión minera, como agilizar los trámites para normas del medioambiente y del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para la minería. O, también, sobre los cambios en la Ley de Promoción Agraria, que tienen que ser aprobados por el Congreso.
Lo mismo ocurre con el impulso a las inversiones bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP). Dice que se van a adjudicar unos S/2.300 millones este año y cerca de S/8.000 millones en el 2024, pero no son adjudicaciones firmes, ahí no hay ni un centavo que vaya a entrar en la economía.
Lo que uno ve es que las APP que presentó el ministro Contreras fueron paralizadas en un momento del 2018 (Martín Vizcarra asumió la Presidencia del Perú el 23 de marzo de ese año) y no se han reactivado aún.
¿Estaban contempladas antes varias de las medidas del Plan Unidos?
Así es. Por ejemplo, se habla de impulsar el proyecto de irrigación Chavimochic (paralizado desde el 2016), eso ya estaba. Y decir que se va a hacer mediante la modalidad gobierno a gobierno, en caso no salga por licitación, requiere primero devolver el proyecto al Gobierno central, lo que hasta hoy no se ha hecho.
Algo similar sucede con Majes Siguas II, que está en arbitraje. También se habla de un proyecto de petroquímica de US$1.500 millones de inversión y no se sabe si tiene estudios de factibilidad.
Son una serie de ofertas que se hacen en un plan de 25 medidas, pero muy pocas son efectivas; lo único que vemos que es efectivo son los S/15.000 millones de garantía para los créditos a las Mypes.
Riesgo crediticio
Las 25 medidas del Plan Unidos tienen un costo fiscal. ¿Cómo afectará al déficit fiscal que ya viene siendo mayor a la meta que se fijó para este año (2,4% del PBI)?
Estimamos que el déficit fiscal va a estar este año en 3% del PBI y en 2,5% en el 2024. Hay una serie de exoneraciones tributarias entre las medidas que contempla el Plan Unidos y se dan en un contexto en el que la recaudación tributaria está cayendo. Vemos con mucha preocupación la caída de la recaudación tributaria (-13,6% acumulado a noviembre, según la Sunat) y estimamos que esto no se va a revertir hacia el 2024.
Además, preocupa el uso de los créditos suplementarios (ampliaciones presupuestales) que se financian con recursos de años anteriores o con deuda pública, porque esos gastos no están transparentados.
Sabemos que eso no es bien visto por las agencias calificadoras de riesgo crediticio soberano.
En el segundo semestre del 2021 e inicios del 2022, luego de iniciado el gobierno de Pedro Castillo, las 3 principales agencias calificadoras de riesgo crediticio rebajaron la calificación del Perú, ¿podrían revisarla a la baja otra vez?
La calificación de Moody’s es la que está en una situación más delicada porque tiene a Perú un escalón por encima de la calificación de Standard & Poor´s (S&P) y de Fitch Ratings.
Entiendo que pronto va a venir una misión de S&P a hacer su evaluación y Fitch ya sacó un informe bastante duro con respecto al Gobierno, por lo tanto, antes de fin de este año podríamos tener una nueva reducción de la calificación crediticia de Perú.
Entonces, ¿Ud. no ve que el Plan Unidos logrará los objetivos principales plateados?
El plan sí puede tener algún impacto en algunas cosas, por ejemplo, algo mejorará en el 2024 si logra una simplificación en los procesos de aprobación de proyectos de inversión, etc., pero no vemos ninguna razón para adelantar el momento de rebote de la economía, lo que sería recién entre el segundo y tercer trimestre del próximo año.
¿Esperan que ese rebote del PBI sea importante?
No, estamos hablando de 2% o 3% de crecimiento mensual; mantenemos nuestra proyección de crecimiento del PBI en 1,7% para todo el 2024 (ver tabla).
Reactivación
¿Qué medidas centrales recomendaría para lograr un shock de reactivación de la economía peruana?
Una medida sería escoger 4 o 5 grandes proyectos mineros, en coordinación con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a los que habría que darles una especie de fast track (vía rápida) para que salgan pronto; pero eso no implica “casarse” con algún proyecto pendiente en particular, si alguno está trabado por conflictos sociales, no sería considerado.
En segundo lugar, hay ciertas obras que están caminando y que generan un impacto positivo a la economía como, por ejemplo, la Línea 2 del Metro de Lima, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, entre otros.
En estos casos también deberían reunirse con los inversionistas y acelerar su ejecución.
Tercero, debería ponerse en debate la “Agenda 19”, se debió haber reinstalado el CNTPE y discutido qué cambios laborales se justificaban y cuáles no, ya que finalmente el gobierno de Castillo no hizo las cosas de manera transparente y ahora es un buen momento para revisar esas medidas.
También habría que abrir el debate sobre los cambios que se hicieron a la Ley de Promoción Agraria que tanto daño han hecho a ese sector.
Por último, se debería dar garantías de que se va a cumplir la seguridad jurídica que establece nuestra Constitución, lo cual significa tener una posición más clara, por ejemplo, respecto a la JNJ, a las leyes que se han dado y por las que el Poder Legislativo toma iniciativas de gasto.
Hay una serie de cambios que han dado en el Congreso que alteraron la seguridad jurídica y el primer ministro debió convocar a los congresistas y pedirles que se ciñan a lo que establece la Constitución.
Parece que no se entiende bien que la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la fortaleza institucional es lo que genera confianza para que haya inversión en el país…
Correcto, no se trata de decir: “Aquí está mi plan de reactivación (Plan Unidos)”. Los empresarios esperan acciones concretas, por ejemplo, que les digas: “Voy a destrabar Chavimochic, va a estar destrabado en tal fecha y estas son las medidas para ese fin”.
Eso es lo que hacíamos (durante el gobierno de Kuczynski) en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), teníamos un cronograma que debía ser cumplido por el ministro concedente de la obra y se le exigía que tome acciones concretas. De esa manera se empezaban a destrabar los proyectos.
