Existen proyectos con aprobaciones y permisos que cumplen con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible que han sido paralizados bajo excusas que se pueden considerar barreras burocráticas, afirmó la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP).
Debido a la oposición de algunos distritos, se han paralizado casi 400 proyectos inmobiliarios por un valor de US$1.500 millones, según información de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).
“Es preocupante, considerando que la inversión inmobiliaria es uno de los motores que puede mejorar la economía del país, más aún frente a la recesión que afrontamos”, señaló José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP).
Dijo que los alcaldes de los distritos deben esclarecer por qué bloquean proyectos que tienen todos los permisos y, por otro lado, aprueban o permiten operar proyectos que tienen las mismas características o incluso cuestionamientos válidos.
Afirmó que, en lo que respecta a la denominada “Vivienda de Interés Social” (VIS), el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció en junio de este año 2023 y si bien, a partir de ahora la norma tendrá varios cambios, no se puede atentar en contra de proyectos que tenían licencias aprobadas y cumplían con todos los parámetros.
“La ley no puede aplicarse hacia atrás, se aplica hacia el futuro. El mismo Tribunal lo dijo, no se puede retroceder al estado anterior a este modelo de vivienda”, mencionó.
Beteta se refirió a recientes declaraciones de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, quien afirmó: “No podemos parar por Municipios que se oponen al reglamento de vivienda social. Vamos a buscar un mecanismo de solución para que la VIS, que es uno de los principales temas en agenda”.
Debe cambiar
Para Beteta, el término “Vivienda de Interés Social” debe cambiar porque en realidad se trata de una “Vivienda Asequible y Sostenible” (VAS), para jóvenes, emprendedores, familias pequeñas y con cualidades de ahorro energético y protección del medioambiente.
“Evidentemente se debe evaluar las zonas que requieren este tipo de viviendas y las municipalidades ahora tendrán nuevamente competencias en este sentido, pero todo se soluciona con diálogo abierto y transparente”.
Consideró que los alcaldes deben dejar que los proyectos aprobados y en regla continúen. “Lo que no puede ocurrir es que la inversión privada sea chantajeada por lo bajo, por funcionarios o autoridades que inclusive al parecer estarían solicitando coimas para permitir que las construcciones reinicien”, indicó.
Iniciativas
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), por su parte, tiene iniciativas para construir 136.000 viviendas en el 2024 en colaboración con el sector privado, y tendrá un papel crucial la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) en esta misión.
En cuanto a las Asociaciones Público-Privadas (APP), Beteta comentó la importancia de esta modalidad para financiar obras de saneamiento y que desde el MVCS les indicaron que en cartera se encuentran 17 proyectos de saneamiento bajo APP con diferentes niveles de maduración en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
“La revisión y reevaluación de estas carteras son parte de la estrategia en curso, que tienen el objetivo de acelerar o eliminar procesos engorrosos y promover la inversión privada en proyectos de saneamiento”, enfatizó.
La asociación
La ACP es centro de pensamiento y vocería que promueve el derecho de los contribuyentes peruanos a recibir servicios públicos de calidad a cambio de sus impuestos, vigila el desempeño del Estado y cómo usa los recursos de todos los peruanos, además de visibilizar el aporte del sector privado y la libre empresa al desarrollo del país.