Artículo publicado en la edición 247 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M247.pdf
El 14 de mayo de 2026, Zoila Castillo Chanduco, 29 años, viajó desde Lima hacia Tarapoto con su hijo de seis años para encontrarse con su expareja. Días después, ambos fueron hallados muertos en una zona rural de Uchiza, San Martín. El sospechoso confesó el doble crimen. El caso de Zoila y su hijo no es un hecho aislado ni excepcional. Es, lamentablemente, parte de un patrón documentado: mujeres que desaparecen, familias que alertan, instituciones que reaccionan tarde, y un Estado que, según revela ahora un informe técnico de análisis presupuestal, asigna cada vez más dinero a este problema, pero ejecuta en la práctica, cada vez menos.
45,073 denuncias y solo la mitad resuelta
- Entre enero de 2023 y mayo de 2025, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas (RENIPED) consignó 45,073 denuncias por desaparición en el Perú.
- El número impresiona, pero la desagregación resulta más reveladora aún: el 58% de las personas reportadas son mujeres. Seis de cada diez desaparecidos llevan nombre femenino.
- El perfil de las víctimas dibuja una concentración preocupante en los segmentos más vulnerables de la población. Más de 30,000 denuncias corresponden a personas menores de 29 años. Las adolescentes de entre 12 y 17 años concentran casi la mitad de los casos totales. Las niñas menores de cinco años representan el 1% —un porcentaje pequeño en términos relativos, pero devastador cuando se traduce en seres humanos concretos. Solo el 9% de las víctimas tiene más de 60 años.
- Pero quizás el dato más contundente es este: únicamente el 52% de las personas reportadas como desaparecidas fue ubicada. El otro 48% permanece en el limbo, sin respuesta del Estado.
- Esos números son el punto de partida del Informe de Análisis de Presupuestos Públicos destinados a la búsqueda de Mujeres Desaparecidas en el Perú (2023–2025), elaborado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en conjunto con Amnistía Internacional Perú, y financiado por la Unión Europea como parte de la campaña #Búscalas.
- El informe examina con lupa el gasto real que el Estado peruano destina a encontrar a mujeres y niñas que desaparecen, y lo que encuentra es, en muchos sentidos, más preocupante que las propias cifras de desaparición.
Más presupuesto, menos capacidad: la paradoja del gasto
- El Presupuesto General de la República creció 17,2% entre 2023 y 2025. Tomando en cuenta las modificaciones presupuestales durante el año —que son la norma y no la excepción en la administración pública peruana—, el crecimiento real es de 5,8%. En cualquier caso, hay más dinero en las arcas del Estado. El problema es qué se hace con él.
- El informe identifica un patrón sistemático que se repite en prácticamente todas las instituciones analizadas: el incremento presupuestal se concentra en personal y obligaciones sociales —la planilla—, mientras el gasto en bienes y servicios, que financia operativos de campo, tecnología, logística, peritajes, traslados y campañas de prevención, se contrae. A nivel del presupuesto global del Estado, el gasto en personal y obligaciones sociales creció 43,4% entre 2023 y 2025. El presupuesto destinado a bienes y servicios, en cambio, se redujo 22%. En otras palabras: el Estado está pagando mejor a sus funcionarios, pero quitándoles los recursos para trabajar.
“Hay un cambio en la estructura presupuestal. Se está dando énfasis a mejorar la planilla, pero en detrimento de los elementos necesarios para garantizar los servicios y la calidad de la atención” – Federico Arnillas Merino — Consultor responsable del estudio
Ministerio del Interior y la PNP: la primera línea que se debilita
- La Policía Nacional del Perú es la entidad responsable de la búsqueda inmediata e investigación de personas desaparecidas. Dentro de su estructura, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DIVIBPD) opera como unidad central desde Lima, articulada a la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM), que a su vez forma parte de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI).
- En cada región del país, las Divisiones de Investigación Criminal (DIVINCRI) cuentan con un Área de Investigación de Trata de Personas y Personas Desaparecidas (AREINTRAP), el brazo local de esta red.
- En teoría, es una arquitectura institucional razonablemente sólida. En la práctica, está siendo vaciada de recursos operativos.
- El informe revela que, si bien el presupuesto inicial del Ministerio del Interior creció entre 2023 y 2025, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) —el que refleja el dinero realmente disponible tras ajustes del año— se redujo 0,4%. Y la ejecución real del ministerio entre 2023 y 2024 cayó 6,3%, en un contexto en que la violencia en todas sus formas ha ido escalando en la sociedad peruana.
- Lo más alarmante está en las unidades especializadas. El presupuesto programado de la DIRINCRI, la principal unidad de investigación criminal, se redujo 47,9% entre 2023 y 2025. El de la DIRCTPTIM, que incluye la búsqueda de personas desaparecidas, cayó 15%.
- “Lamentablemente, en el caso de estas unidades no encontramos presupuesto de ejecución. No es fácil encontrar el presupuesto de todas las unidades”, admitió Arnillas durante la presentación, evidenciando otro problema central: la opacidad del gasto público en este sector.
- El impacto concreto de estas cifras es, según el propio informe, una menor capacidad operativa para activar búsquedas inmediatas, realizar operativos especializados, desarrollar investigaciones criminales efectivas y brindar atención oportuna a los familiares.
“A veces la policía no tiene ni para la gasolina, ni para las patrullas. Toda esa dotación de recursos es la que se tiene que garantizar para una adecuada atención”. – Liz Meléndez López, Directora ejecutiva, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
El MIMP: presupuesto que crece en papel, capacidad que cae en los hechos
- El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cumple un rol complementario pero crucial: a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), brinda acompañamiento legal y psicológico a las familias, desarrolla acciones preventivas como la campaña “Encontrarte” y participa en la difusión de la Alerta AMBER.
- El problema es que no existe una partida presupuestal específica para personas desaparecidas dentro del ministerio. Todo se financia con cargo al Programa Presupuestal 0100/1002, vinculado genéricamente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, revela el informe.
- El presupuesto inicial del MIMP creció casi 22% entre 2023 y 2025. El modificado aumentó alrededor de 19%.
- Pero la ejecución entre 2023 y 2024 apenas creció 4,8%. Y el dato que mejor resume la situación es este: el presupuesto asignado para bienes y servicios —campañas, servicios especializados, logística, intervenciones territoriales— se redujo en casi 86%.
- El informe concluye con una frase que podría aplicarse a todo el análisis: el MIMP “fortalece su estructura administrativa, pero pierde capacidad operativa real para prevenir, atender y acompañar casos de desaparición.”
- El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), que opera bajo el MIMP y activa alertas y mecanismos de búsqueda inmediata, muestra una trayectoria similar. El presupuesto inicial aumentó 17,4% y el modificado creció 6,6%. Pero la ejecución entre 2023 y 2024 se redujo 2,1%. Y el gasto en bienes y servicios colapsó: ejecutó apenas el 7,1% de lo planificado (una reducción de hasta 92,9% en términos de ejecución efectiva).
- Eso afecta directamente la operatividad de los Centros de Emergencia Mujer, la contratación de servicios especializados, las campañas de prevención y el soporte logístico y tecnológico.
Ministerio Público y Defensoría: investigar sin recursos
- El Ministerio Público interviene cuando la desaparición se vincula a la presunta comisión de un delito —secuestro, trata, violencia sexual, feminicidio—. Sin embargo, no cuenta con un programa presupuestal específico para la búsqueda de personas desaparecidas. Las fiscalías trabajan estos casos con sus recursos habituales, sin partidas diferenciadas. El Presupuesto Inicial del MP creció apenas 4,8% entre 2023 y 2025, por debajo del crecimiento general del Estado. La ejecución aumentó 7% entre 2023 y 2024, pero el gasto en bienes y servicios mostró una disminución significativa en ejecución del 76,5%, lo que puede afectar directamente el desarrollo de investigaciones, diligencias, peritajes y acciones en campo. El riesgo identificado en el informe es preciso: la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado puede limitar la capacidad investigativa en casos vinculados a desapariciones de mujeres y niñas.
- La Defensoría del Pueblo, que no ejecuta acciones directas pero supervisa el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, enfrenta también una reconfiguración presupuestal preocupante. Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) disminuyó en el período analizado. El gasto en personal aumentó, pero los recursos para bienes y servicios —que financian supervisión, desplazamientos, logística e investigación defensorial— registraron una reducción significativa. Ya en 2022, la propia Defensoría había identificado en su informe “Personas desaparecidas en situación de violencia: avances y desafíos” los problemas de fragmentación institucional, limitada interoperabilidad de datos e insuficiente asignación presupuestal.
Los programas presupuestales: fondos dispersos y ejecución a medias
El análisis de los grandes programas presupuestales que financian indirectamente la respuesta a las desapariciones revela un panorama de recursos dispersos y resultados desiguales.
El Programa 0030 de Seguridad Ciudadana, que financia principalmente a la PNP para patrullar, prevenir delitos y atender denuncias, vio crecer su presupuesto planificado de 5,026 millones de soles en 2023 a 5,399 millones en 2025 (un aumento de 7,4%). Pero la ejecución efectiva cayó casi a la mitad: 48,4%. Sin este financiamiento real, herramientas como la Línea 114 pierden efectividad, dejando a las víctimas a merced de un sistema que carece de operatividad en las horas más críticas.”
El Programa 1002 de Reducción de la Violencia contra la Mujer mantuvo estable su presupuesto total entre 2023 y 2025, con una ejecución que apenas creció 0,4%. Pero dentro de ese presupuesto, los recursos para personal aumentaron 335%, mientras los fondos para bienes y servicios se redujeron 81%.
El Programa 0086 de Mejora del Sistema de Justicia Penal, que incluye recursos para la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, vio crecer su presupuesto planificado de 3,294 millones de soles en 2023 a 3,493 millones en 2025 (6,1%). Pero la ejecución entre 2023 y 2024 se redujo 2,2%, y los gastos en bienes y servicios disminuyeron significativamente.
El Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas muestra la tendencia más preocupante de todas: el presupuesto inicial cayó de 2,137 millones de soles en 2023 a 1,614 millones en 2025, una reducción de 24,5%. La ejecución también disminuyó. Por primera vez en 2025 se asignaron fondos específicos para personal (1,062 millones de soles), pero los recursos para bienes y servicios —operativos, viajes, servicios profesionales— se redujeron en 80%.
El problema estructural: el Estado no sabe cuánto gasta
- Más allá de los números específicos de cada institución y programa, el informe identifica un problema de fondo que subyace a todos los demás: el Estado peruano no puede determinar con precisión cuánto gasta realmente en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
- La razón es simple: no existe un clasificador presupuestal específico para esta problemática. Los recursos están diluidos en distintos sectores, programas e instituciones, sin etiqueta que los identifique. Eso impide rastrear la inversión pública destinada a este fin, evaluar los resultados de las intervenciones y exigir una rendición de cuentas efectiva.
- “No tenemos las herramientas suficientes para indagar en el presupuesto con mayor detalle qué parte del presupuesto de las diversas entidades que participan en el sistema de protección y en la búsqueda y prevención de estos problemas se destina específicamente al problema de las personas desaparecidas”,reconoció Arnillas.
- “Una de las cosas importantes que hay que trabajar es que podamos tener clasificadores desde el Ministerio de Economía y desde los principales ministerios que permitan hacer un seguimiento a la ejecución y, sobre todo, a la calidad de la ejecución”.
- Liz Meléndez fue más directa aún: “Se necesita crear un clasificador presupuestal específico que permita un adecuado monitoreo por transparencia, por vigilancia, pero también para evaluar cómo efectivamente se está dando el gasto en este tema específico de mujeres, niñas y personas en vulnerabilidad desaparecidas”.
El reloj corre en contra
- La evidencia que acumula el informe apunta a una conclusión que resulta incómoda de sostener para cualquier administración: el presupuesto no está fallando por falta de dinero global, sino por una arquitectura de gasto que prioriza la planilla sobre la operación, que carece de instrumentos para rastrear la inversión real, y que no ha internalizado que en los casos de mujeres y niñas desaparecidas, cada hora que pasa sin una respuesta efectiva puede ser la diferencia entre encontrarlas con vida o no encontrarlas nunca. Zoila Castillo tenía 29 años. Su hijo, seis. Solsiret Rodríguez tenía 23 y quería ser profesional. La última vez que la vieron fue en agosto de 2016.
- Sus historias son distintas en los detalles y similares en lo esencial: mujeres que desaparecieron, familias que buscaron con sus propios medios, instituciones que llegaron tarde o que no llegaron, y un Estado que, según los datos del propio Presupuesto General de la República, asigna cada vez más recursos, pero ejecuta cada vez menos en las acciones que podrían salvar vidas.
- “La indiferencia mata”, dijo Carlos Rodríguez, padre de Solsiret. Luego se corrigió. Quizás la indiferencia no mata directamente. Pero el informe demuestra que, cuando se convierte en política presupuestal, sus consecuencias son indistinguibles de las de quien aprieta el gatillo.
“La víctima pierde automáticamente sus derechos”: el testimonio de un padre
- En la presentación del informe, tomó la palabra Carlos Rodríguez Meneses. Es el padre de Solsiret Rodríguez, de 23 años, activista feminista y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, desaparecida el 23 de agosto de 2016 en el Callao. Parte de sus restos fueron hallados en febrero de 2020. La asesina confesa, Adriana Aguirre, se encuentra en prisión preventiva junto con Kevin Villanueva, por complicidad. El caso sigue siendo investigado en la Fiscalía como homicidio calificado con agravante.
- El padre de Sol —como la llamaban— describió ante los presentes casi una década de batallas con un sistema que falló en cada paso. “Recorrimos los centros de los que supuestamente tienen que ir a exigir: la Policía Nacional, la Fiscalía. Recibimos los peores tratos”, relató.
- Su relato desnuda el costo humano de los datos presupuestales del informe. Cuando denunció la desaparición de su hija, la policía no le tomó la denuncia y le dijo que esperara. Cuando los primeros resultados de geolocalización apuntaban hacia los sospechosos, las autoridades le dijeron que no eran suficientes. Cuando por fin se ordenó hacer la prueba de Luminol en el departamento donde vivía Sol, habían pasado años y el lugar había sido remodelado por completo. Las pruebas se habían perdido.
- “Tuve que separarme de la Policía y de la Fiscalía y hacerme cargo personalmente de las investigaciones”, dijo Rodríguez. Y añadió lo que quizás es la frase más devastadora de toda la presentación: “Lo que he aprendido en este tiempo es que la víctima, en automático, pierde el 100% de sus derechos.”
- Las consecuencias de la desaparición y posterior femicidio de Solsiret no terminaron con el hallazgo de sus restos ni con la detención de los responsables. Carlos Rodríguez cuida hoy a sus dos nietos —hijos de Sol—, de 13 y 11 años, que enfrentan el bullying en el colegio y los traumas de haber crecido en el epicentro de un caso de violencia extrema. Su esposa, la señora Charito, está postrada en cama. “La desaparición. La indiferencia que hay del Estado. La indiferencia no mata a un hombre, pero acaba con una familia”, dijo, corrigiéndose en tiempo real.
- El caso de Solsiret documenta con precisión quirúrgica lo que el informe describe en cifras: las primeras horas son decisivas, y cuando el Estado falla en ellas —por desidia, por prejuicios, por falta de recursos—, el costo es irreparable.
- Como la propia madre de Sol, Rosario Aybar, resumió en un texto publicado en 2021: “Como me dijo un especialista: ‘mamita, los teléfonos hablan’. Y es verdad”. Pero nadie los supo leer a tiempo.
“Tuve que separarme de la Policía y de la Fiscalía y hacerme cargo personalmente de las investigaciones. Si bien es cierto existen normas, existen leyes, pero están en el papel. Escrito sí. Se hace, no” Carlos Rodríguez Meneses — Padre de Solsiret Rodríguez
La campaña #Búscalas y lo que exige
- El informe forma parte de la campaña #Búscalas, impulsada por Flora Tristán y Amnistía Internacional Perú bajo la iniciativa “No estamos todas”, con financiamiento de la Unión Europea.
- La campaña no solo busca visibilizar la magnitud del problema, sino incidir directamente en la política pública.
- Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, planteó en la presentación del informe una ecuación que resume el diagnóstico: “Las leyes y los mecanismos que existen son importantes, pero sin recursos suficientes y sin voluntad política para una ejecución efectiva, las respuestas llegan tarde y quienes sufren las consecuencias son las víctimas y sus familias, que se sumen en un dolor permanente.”
- Y fue más directa al señalar las implicancias de la inacción: “Si hay impunidad y no hay una respuesta adecuada, se transmite que se pueden seguir desapareciendo mujeres y niñas sin que pase nada.”
Las recomendaciones del informe al Estado peruano son concretas y técnicamente específicas:
Crear un clasificador presupuestal específico para la desaparición de personas, que permita rastrear, monitorear y evaluar en tiempo real cuánto se gasta y en qué.
Implementar un plan de financiamiento multianual que garantice la sostenibilidad de las acciones de búsqueda, investigación y prevención, sin depender de los vaivenes del ciclo presupuestal anual.
Evitar que el gasto en personal sustituya sistemáticamente al gasto en bienes y servicios: mejorar la planilla es necesario, pero no puede hacerse a costa de vaciar los recursos operativos que permiten actuar en campo.
Incorporar metas, indicadores y resultados claros en los programas presupuestales relacionados con la desaparición de personas, particularmente con perspectiva de género
Establecer criterios de proporcionalidad en la asignación de recursos para la búsqueda e investigación, considerando el perfil de riesgo de las víctimas.
Fortalecer la participación de la sociedad civil en la supervisión del gasto, con enfoque de derechos humanos y de género.
- Además de estas demandas presupuestales, tanto Flora Tristán como Amnistía Internacional están desarrollando una propuesta de protocolo para la atención de casos de mujeres y niñas desaparecidas,una guía práctica de prevención y acción inmediata, y trabajo de fortalecimiento con organizaciones comunitarias y promotoras locales.
- Meléndez también llamó la atención sobre un retroceso legislativo que agrava el contexto: “Hay muchos retrocesos en nuestro país. Uno de ellos es que nuevamente se quiere poner en discusión un proyecto de ley para eliminar el delito de feminicidio en el Perú. Cuando deberíamos avanzar, por ejemplo, en incluir la desaparición de mujeres como un agravante en el delito de feminicidio, queremos retroceder.”
