El presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís Espinoza, solicitó la modificación de la resolución de la SBS sobre la formalización de casas de empeño y la prórroga para la adecuación de las microfinancieras a Basilea III.
(*) Artículo publicado en la edición 221 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M221.pdf.
Para contrarrestar el impacto negativo de la Ley de Usura (Ley N° 31143) y abordar de manera efectiva la problemática de los créditos informales en el país, como el conocido ‘gota a gota’, así como para fomentar la inclusión financiera y combatir el incremento de la pobreza, es imperativo implementar una reforma integral que beneficie el desarrollo del microcrédito, afirmó Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
“Dejar en suspenso la ley que fija tope a las tasas de interés es insuficiente, debe darse su eliminación y acompañarla con medidas complementarias que involucran la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo a favor del fomento de la inclusión financiera mediante el acceso de las personas a los créditos formales”, resaltó.
Entre las medidas complementarias a la suspensión de la Ley N° 31143, que fija topes a las tasas de interés al crédito de consumo y MYPE, dijo que se encuentra, en primer lugar, la necesidad de reformar la Resolución N° 00650-2024 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual permite a las casas de empeño y préstamos formalizarse y otorgar créditos sin transparentar el origen de los fondos.
En segundo lugar, se necesita prorrogar el plazo para la adecuación de las operaciones de las microfinancieras a los requisitos de Basilea III. Por último, Solís hizo hincapié en la importancia de implementar un programa financiero respaldado por el Estado para facilitar la incorporación de millones de peruanos que han recurrido a créditos informales, como el ‘gota a gota’, exponiendo sus vidas y enfrentando tasas de interés exorbitantes que alcanzan el 1.000% anual.
“Estas medidas son fundamentales para reintegrar a las personas que abandonaron el sistema financiero tras la implementación de la ley de topes a las tasas de interés (Ley de Usura), así como para hacer frente a los créditos informales y promover un sistema financiero más inclusivo y justo en el país”, sostuvo.
Apalancamiento
De acuerdo con estimaciones de Videnza Instituto, en el año 2019 la pobreza monetaria afectaba al 20,2% de la población (6,6 millones de personas), para el año 2022, posterior al inicio de la pandemia de la COVID-19, aumentó a 27,5% de peruanos (9,3 millones). Y, el año pasado afectó al 30,5% de la población (10,3 millones). Es decir, entre los años 2019 y 2023 el número de personas en situación de pobreza se incrementó en 3,7 millones.
Solís atribuyó este aumento de la pobreza a varios factores, entre ellos, la falta de empleo y el cierre masivo de pequeños negocios, considerando que aproximadamente 600 mil micro y pequeñas empresas (Mypes) han salido del mercado en los últimos años, y aproximadamente 2 millones de personas salieron del sistema financiero.
En respuesta a esta situación, exhortó al Poder Ejecutivo a implementar un programa de garantías que permita apalancar el crédito para los microempresarios, con el objetivo de brindarles el apoyo financiero necesario para mantener sus negocios y generar empleo. Además, de reincorporar a los que salieron del sistema financiero.
Recientemente, la FEPCMAC solicitó sin éxito un programa de fortalecimiento para las Cajas Municipales por un monto de S/1.000 millones, con el fin de otorgar créditos por un total de S/10.000 millones a las Mypes, que beneficiaría a más de 2 millones de microempresarios.
“Este programa de garantías estatales debe implementarse a través de las microfinancieras, principalmente las Cajas Municipales que son responsables de más del 50% de las colocaciones para los microempresarios. Este apalancamiento permitirá ampliar la oferta crediticia dirigida a las Mypes, lo cual atraería a emprendedores que actualmente están fuera del sistema formal, evitando que se vean obligados a recurrir a formas informales de financiamiento como el conocido ‘gota a gota’”, sostuvo.
Basilea III
Considerando que son las microfinancieras el socio que capitaliza a los microempresarios y brinda créditos en las zonas más alejadas del país, Solís pidió que la aplicación de las mayores exigencias de capital para las microfinancieras, comprendidas en Basilea III, se prorrogue hasta el 2028, teniendo en cuenta un escenario complicado por la recesión económica.
“En contextos de recesión o ralentización de la economía, las microfinancieras tienden a enfrentar mayores desafíos debido a la volatilidad económica y la incertidumbre sobre la capacidad de pago de sus clientes, que suelen ser emprendedores de bajos recursos. La implementación de las medidas de Basilea III, que exigen niveles más altos de capital y reservas, podría aumentar la presión sobre estas instituciones financieras, limitando su capacidad para otorgar crédito y apoyar el crecimiento económico en comunidades desatendidas”, explicó.
Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el índice de capital global de las Cajas Municipales se ubicó en 13,98% hasta febrero de este año, reflejando su solvencia ante eventuales contingencias.
Solís recordó que en marzo del 2021 se redujo temporalmente el límite global de solvencia de 10% a 8%, vigente hasta agosto del 2022, estableciendo un cronograma gradual para retornar a 10% en marzo del 2025. Actualmente, la exigencia mínima legal es de 9%, con perspectivas de aumentar a 9,5% en septiembre próximo.
Al prorrogar la aplicación de Basilea III hasta el 2028 para las microfinancieras, se les proporcionaría un margen de tiempo adicional para adaptarse gradualmente a las nuevas exigencias, sin comprometer su capacidad para cumplir con su misión social de inclusión financiera y desarrollo económico local.
“Esto permitiría una transición más suave y menos disruptiva, asegurando que las microfinancieras podamos continuar operando de manera sostenible y brindando acceso al crédito a segmentos vulnerables de la población, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero en su conjunto”, añadió.
Casas de préstamo
Por último, para Solís es importante que se pongan mayores requisitos para la formalización de las casas de empeño y/o préstamos que ahora obtienen la autorización para otorgar créditos con solo una simple autorización municipal, y que serían la parte formal del conocido esquema del ‘gota a gota’.
A finales de febrero de este año, la SBS emitió la Resolución N° 00650-2024 que establece requisitos mínimos para la inscripción y supervisión de empresas de préstamo y empeño.
“La resolución no exige una evaluación rigurosa sobre el origen de los fondos utilizados para establecer estas entidades financieras informales, lo que podría propiciar la proliferación de prácticas financieras riesgosas y aumentar la vulnerabilidad de la población frente a la criminalidad asociada con el ‘gota a gota’”, indicó.
Según información de la FEPCMAC, más de 2.000 empresas operan bajo esta modalidad en el país, utilizando denominaciones que pueden inducir a confusión, como ‘banco’, ‘financiera’ o ‘cooperativa’. “Esta proliferación de entidades informales subraya la necesidad urgente de abordar el problema con medidas regulatorias más rigurosas”, manifestó Solís.
También enfatizó que la resolución de la SBS contradice la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N° 26702) pues “podría fomentar la informalidad en el sistema financiero, contraviniendo los principios de transparencia y estabilidad que rigen la ley”.
“La implementación de las propuestas de la FEPCMAC no solo aborda problemas específicos del sistema financiero peruano, como los créditos informales y la regulación microfinanciera, sino que también contribuye al crecimiento económico inclusivo y a la estabilidad financiera a largo plazo. Por lo tanto, estas medidas son fundamentales para promover un desarrollo económico sostenible y mejorar el bienestar de la población peruana”, concluyó.