Artículo publicado en la edición 247 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M247.pdf
- El Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia —una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP, en alianza con CHS Consultora— revela una distorsión que va más allá de la criminalidad: un sistema de justicia que castiga con más eficacia el impago de una pensión alimenticia que el cobro de cupos. Los datos del informe muestran cómo esa falla, sumada a un vacío legal frente a la extorsión digital, abarata el costo de operar una organización criminal en el país.
- Cada cierto tiempo, el Perú redescubre que su crisis de inseguridad tiene, además de un costo humano, una arquitectura institucional que la sostiene. El Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia —presentado hace dos semanas por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Consultora—ha puesto en circulación cifras ya conocidas: el avance de la extorsión, el nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV) y la sangría de transportistas asesinados. Pero, dentro de las más de veinte páginas del documento, hay un dato que ha recibido menos atención de la que merece y que, leído con lupa económica, explica mejor que ningún otro por qué el delito de la extorsión sigue siendo, en la práctica, un negocio de bajísimo riesgo en el país.
- Se trata de la comparación entre dos poblaciones penitenciarias: la de los extorsionadores y la de quienes incumplen el pago de una pensión alimenticia. Los propios autores del reporte, el exministro del Interior Carlos Basombrío y el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, la señalan como una de las evidencias más incómodas de todo el documento. Este texto reconstruye esa evidencia y la conecta con otras dos fallas que el reporte documenta en detalle: el vacío legal frente a la extorsión digital y el costo económico —medido en fuga de mano de obra— que la violencia le impone al transporte público.
Primer hallazgo: El cálculo de la impunidad
- El reporte cruza cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de los últimos ocho años y llega a una conclusión que Basombrío califica, sin rodeos, de “decepcionante”: mientras la población penal del país creció de forma significativa en ese periodo, el número de internos por el delito de extorsión apenas se movió, de 1,328 reclusos a 1,498. Es decir, ocho años de estados de emergencia sucesivos, discursos de mano dura y anuncios de “guerra contra el crimen organizado” se tradujeron en poco más de 170 extorsionadores adicionales tras las rejas.
- El contraste se vuelve más elocuente cuando se coloca al lado la otra cifra que el reporte extrae de los registros del INPE: los internos por incumplimiento de obligación alimentaria —es decir, por deudas de pensión— llegaron a 2,469 en enero de 2026, casi el doble que los presos por extorsión. Basombrío no matiza su lectura: “Creo que eso es una ofensa al país”, sostiene en el reporte, y plantea que quienes deben pensiones alimenticias cumplan sus condenas con mecanismos de control externos —como grilletes electrónicos— que les permitan seguir trabajando y pagando su deuda, liberando así espacio carcelario para los responsables de delitos con mayor daño social.
- La lectura económica de este desbalance es directa. Un sistema penitenciario que asigna más recursos —celdas, custodia, procesos— a perseguir deudas civiles que a desarticular estructuras criminales envía una señal de precios distorsionada: el costo esperado de extorsionar (probabilidad de captura por probabilidad de condena efectiva) es bajo, mientras el costo de no pagar una pensión es, paradójicamente, más alto en términos de privación de libertad. En un negocio ilícito donde el flujo de caja depende del miedo y de la repetición del cobro, esa relación de incentivos —barata de operar, cara de sancionar mal— es exactamente la que sostiene el modelo.
- Basombrío atribuye buena parte del problema a la manera en que el Estado ha enfrentado la crisis: capturas de bajo nivel en lugar de investigación compleja. Su diagnóstico, recogido en el reporte, es que “no hay que inventar la pólvora”: la salida pasa por estrategias de investigación que no se limiten a detener al delincuente de menor escala, sino que usen tecnología e inversión para desarticular a las organizaciones desde arriba. En ese mismo diagnóstico critica el uso reiterado de los estados de emergencia como si fueran una política de seguridad de fondo, cuando —insiste— deberían ser una herramienta temporal: “se están repitiendo fórmulas que han demostrado no funcionar”, señala en el reporte.
- Vista en conjunto, la secuencia que describe el reporte es la de un Estado que administra su sistema penitenciario con una lógica casi inversa a la que exigiría el combate al crimen organizado: resulta más sencillo, en términos administrativos, capturar y mantener en prisión a una persona identificada, con domicilio conocido y un proceso civil de por medio —el deudor de alimentos— que a un extorsionador que opera con estructuras horizontales, cuentas prestadas y víctimas que rara vez denuncian por miedo a represalias. El resultado, según el diagnóstico de Basombrío, no es solo una cifra incómoda: es una asignación de recursos escasos —camas, custodia, procesos judiciales— que termina subsidiando, sin proponérselo, la baja probabilidad de condena que necesita cualquier economía extorsiva para sostenerse en el tiempo.
LAS CIFRAS QUE INCOMODAN
Según los registros del INPE citados en el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia:
- La población penal del país aumentó de forma significativa entre 2018 y 2026.
- Los presos por extorsión pasaron de 1,328 (2018) a solo 1,498 (enero de 2026): un incremento marginal frente a la escalada del delito en las calles.
- Los presos por incumplimiento de obligación alimentaria alcanzaron 2,469 en enero de 2026, casi el doble que los presos por extorsión.
- Para Basombrío, la solución no es solo penitenciaria: propone mecanismos de control externo para deudores de alimentos, de forma que puedan seguir generando ingresos para pagar su deuda sin ocupar una celda que podría alojar a un extorsionador.
Segundo hallazgo: Un crimen que ya no vive en el territorio
- El segundo componente de esa “economía de la impunidad” tiene menos que ver con las cárceles y más con la manera en que el Estado sigue diseñando sus herramientas de control. Ricardo Valdés, coautor del reporte, sostiene que una de las mayores debilidades estatales frente a la extorsión es la falta de transparencia y el difícil acceso a fuentes de información policial. Pero el punto central de su diagnóstico es otro: los estados de emergencia —la respuesta más repetida de los últimos gobiernos— están diseñados para el control territorial, mientras que el vehículo principal de la extorsión hoy es digital.
- Facebook y WhatsApp son, según Valdés, el canal principal por el que hoy corren las amenazas extorsivas en el Perú: la violencia física se materializa en las calles —un ataque, un atentado, un cobro de cupo—pero el flujo económico y el amedrentamiento circulan por el espacio virtual, fuera del alcance de un toque de queda o de un despliegue de patrullaje. Es una desconexión que el reporte documenta como estructural: el instrumento de control que el Estado usa con más frecuencia no está diseñado para el delito que más está creciendo.
- La salida que propone Valdés es de naturaleza regulatoria antes que policial: que el Perú ratifique el segundo protocolo del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Esa adhesión permitiría que el Ministerio Público y la Policía obtengan de forma inmediata, directamente de las empresas tecnológicas —como Meta—, la información sobre quiénes están detrás de las cuentas usadas para extorsionar, en lugar de depender de trámites de cooperación internacional que, según explica, hoy pueden demorar años. A esa propuesta suma otra, de corte tecnológico: que instituciones como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) procesen de forma sistémica las denuncias mediante inteligencia artificial, para generar líneas de investigación efectivas a partir de un volumen de información que hoy el Estado no está explotando.
- El detalle no es menor si se piensa en la lógica de flujo de caja de una organización extorsiva: a diferencia de un robo, que es un evento único, el cobro de un cupo es una relación sostenida en el tiempo, con pagos periódicos y amenazas repetidas. Esa recurrencia deja rastro digital —números, cuentas, horarios de contacto— que hoy nadie está sistematizando de forma oportuna. La propuesta de Valdés apunta precisamente a cerrar esa brecha entre la evidencia que ya existe en los servidores de las plataformas y la capacidad del Estado peruano para acceder a ella dentro de un plazo que tenga sentido operativo, no judicial.
¿Qué cambiaría con el protocolo de Budapest?
Según el diagnóstico de Ricardo Valdés en el Sexto Reporte, ratificar el segundo protocolo del Convenio de Budapest permitiría:
- Que el Ministerio Público y la Policía Nacional soliciten directamente a las empresas tecnológicas (como Meta) la identidad detrás de una cuenta usada para extorsionar.
- Eliminar los trámites de cooperación judicial internacional que, en el esquema actual, pueden tomar años en resolverse.
- Acortar la distancia entre el momento de la denuncia y el momento en que la investigación puede identificar a un sospechoso, algo crítico en un delito que se comete y se cobra en cuestión de días.
“Tú no controlas el WhatsApp con un estado de emergencia” Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, coautor del Sexto Reporte
Tercer hallazgo: La sangría de los transportistas: Cuando el costo del delito lo paga la mano de obra
- Si la impunidad penitenciaria y el vacío regulatorio frente a la extorsión digital explican por qué el crimen organizado opera con bajo riesgo, el informe especial que el Sexto Reporte dedica a los transportistas muestra el otro lado de la ecuación: el costo económico que esa impunidad termina trasladando a un sector productivo entero.
- El reporte documenta 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros del transporte público entre enero y mayo de 2026, con una concentración abrumadora en Lima y Callao (99 de los 131 casos) y, muy por debajo, en Piura, La Libertad e Ica.
- El dato que conecta esta violencia con una lectura estrictamente económica es el que Basombrío subraya en el reporte: la crisis está provocando una fuga de conductores experimentados hacia países como España, donde —señala— pueden trabajar con seguridad, sin temor a ser asesinados por no pagar un cupo.
- Es, en los hechos, una pérdida de capital humano calificado en un sector que ya opera con márgenes ajustados, y que ahora enfrenta el reemplazo de sus operadores más experimentados por personal con menor entrenamiento, con el consiguiente riesgo adicional de siniestralidad vial que el propio reporte advierte.
El reporte va más allá del conteo de víctimas y reconstruye, empresa por empresa, dónde se concentra el riesgo. Entre 2025 y abril de 2026, el análisis identificó a los operadores de transporte urbano con mayor número de víctimas letales, así como las rutas específicas —no solo los distritos— por las que circula la violencia: corredores atraviesan que Lima Norte y Lima Este para conectar con Lima Sur, como Puente Piedra–Villa El Salvador, San Juan de Miraflores–Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho–Chorrillos, Carabayllo–San Juan de Miraflores, Carabayllo–Villa El Salvador y Villa María del Triunfo–San Martín de Porres. La lectura del propio reporte es que una primera aproximación distrital podía sugerir que Lima Norte era el principal núcleo de riesgo, por la reiterada presencia de empresas vinculadas a Comas, Carabayllo, San Martín de Porres, Puente Piedra, Ventanilla e Independencia; sin embargo, el análisis de víctimas letales por distrito muestra un patrón más complejo, con el sur metropolitano —San Juan de Miraflores y Villa El Salvador— como el verdadero epicentro de los homicidios consumados.
El reporte recuerda que el problema no es nuevo: en 2025 se registró el asesinato de 239 transportistas a nivel nacional, con especial énfasis en Lima, Callao y la costa norte —de Tumbes a Ica—, además de Lima provincias. De ese total, 138 eran mototaxistas, taxistas o sus pasajeros, el segmento más vulnerable por operar de forma individual y sin la protección —simbólica o real— de una empresa detrás. La atención mediática puesta en el proceso electoral de 2026, señala el documento, ha contribuido a que este drama pierda espacio en la agenda pública pese a que la violencia contra el sector sigue escalando: incluso los choferes del Metropolitano, un servicio antes considerado fuera del radar de las bandas extorsivas, han comenzado a ser atacados.
La recomendación que se desprende del propio análisis es operativa antes que legislativa: si la Policía Nacional utilizara de forma sistemática la información sobre rutas, horarios y distritos con mayor concentración de ataques —como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y San Martín de Porres—, podría mejorar su capacidad de captura y disuasión sin necesidad de esperar una reforma normativa. Es, en cierto sentido, el mismo argumento que atraviesa todo el reporte: buena parte del problema no es la ausencia de información, sino la incapacidad —o la falta de voluntad— para usarla.
Mapa del riesgo: dónde y cuándo ataca la extorsión al transporte
Entre enero y mayo de 2026, el Sexto Reporte documentó 131 homicidios y homicidios fallidos contra transportistas a nivel nacional.
Los datos muestran patrones claros:
- Concentración geográfica: Lima (83 casos) y Callao (16 casos) reúnen el 76% del total nacional.
- Distritos más golpeados: Comas (13 casos) y San Juan de Lurigancho (11) encabezan el ranking distrital de Lima.
- Horario: el 66% de los ataques documentados ocurrió en horario nocturno, frente a un 32% durante el día.
- Empresas más afectadas: Los Rojitos (4 víctimas), EMPTONSA–Línea 11 (3) y ETMOSA (2) encabezan la lista de operadores golpeados.
- Corredores de riesgo: rutas que conectan Lima Norte y Lima Este con Lima Sur —como Puente Piedra–Villa El Salvador o Carabayllo–San Juan de Miraflores— concentran buena parte de los ataques, con San Juan de Miraflores (9 víctimas) y Villa El Salvador (8) como los distritos más letales para el sector.
El termómetro del crimen: Lo que mide —y lo que no— el nuevo IDCV
- Para contextualizar estos tres hallazgos, el reporte introduce una herramienta nueva: el Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios, tanto consumados como en grado de tentativa. Entre enero y mayo de 2026 el IDCV documentó 1,054 casos a nivel nacional. Su lectura más relevante no es el nivel, sino la tendencia: los autores precisan que el índice sube no porque los homicidios consumados estén aumentando —se mantienen esencialmente estables frente al periodo anterior—, sino porque lo que “mueve la aguja hacia arriba” son, principalmente, los homicidios fallidos y, en menor medida, los feminicidios fallidos.
- Esa distinción importa para la lectura económica del fenómeno: un indicador que solo contara homicidios consumados subestimaría la intensidad real de la violencia armada en curso, porque no capturaría los casos en los que hubo intención letal pero la víctima sobrevivió. Al incorporar los intentos, el IDCV funciona como una medida más sensible del riesgo al que está expuesta la población, incluida la que participa en actividad económica formal e informal.
- La lectura regional confirma un patrón que el propio reporte subraya en varios de sus hallazgos: la violencia letal no se distribuye de forma homogénea ni sigue necesariamente el mapa de la opinión pública nacional, concentrada en Lima. Tumbes y Madre de Dios, dos regiones con poblaciones relativamente pequeñas, encabezan la tasa de IDCV por habitante, lo que sugiere una intensidad de violencia armada proporcionalmente mayor a la que reflejan los titulares centrados en la capital. Es una asimetría relevante para cualquier política nacional de seguridad: los recursos de investigación e inteligencia no pueden diseñarse solo en función del volumen absoluto de casos, sino también de la tasa de letalidad relativa de cada territorio.
Promesas que no cuadran con el calendario
- El Sexto Reporte se presenta en un año electoral, y sus autores no eluden esa coyuntura. Basombrío enmarca los tres hallazgos anteriores —la impunidad penitenciaria, el vacío digital y la sangría de los transportistas— dentro de una advertencia más amplia sobre el deterioro sostenido de la situación delictiva: el año 2024 fue difícil, el 2025 resultó peor, y las proyecciones para 2026, sostiene, son aún más críticas.
- La advertencia tiene una lectura económica tan directa como la de los presos por extorsión: si el costo político de una promesa de campaña se mide en meses y el costo real de desarticular una estructura criminal —construir capacidad de investigación, digitalizar el acceso a la información, litigar contra las tecnológicas, reformar la asignación de camas penitenciarias— se mide en años, cualquier oferta electoral que prometa resultados inmediatos está, por definición, subestimando el problema que dice resolver.
- El propio reporte deja entrever, entre líneas, cuál sería una agenda mínima coherente con ese diagnóstico: investigación compleja en lugar de capturas simbólicas, uso intensivo de tecnología y datos ya disponibles —desde los patrones horarios y territoriales de ataques a transportistas hasta el procesamiento de denuncias por inteligencia artificial—, una reforma puntual del uso del espacio penitenciario, y la actualización del marco legal para que el control del delito no dependa exclusivamente de la presencia física del Estado en el territorio, sino también de su capacidad de operar en el mismo terreno digital donde hoy se negocia buena parte de la extorsión del país.
- Ninguno de esos cuatro frentes —el penitenciario, el digital, el laboral en el transporte y el territorial que mide el IDCV— depende de una sola entidad ni se resuelve con un anuncio. Es, precisamente, la razón por la que Basombrío insiste en separar el diagnóstico técnico del calendario político: mientras el primero se mide en capacidades institucionales que toman años en construirse, el segundo compite por resultados visibles antes de la siguiente elección. El Sexto Reporte no ofrece una fecha para cerrar esa brecha; ofrece, en cambio, una lista de tareas concretas y ya identificadas que, según sus propios autores, ningún gobierno ha terminado de ejecutar.
“Ningún gobierno podrá solucionar este problema en tres o cuatro meses. Incluso si se empezaran a ejecutar las políticas correctas hoy, no habría resultados tangibles en el corto plazo” Carlos Basombrío, exministro del Interior, coautor del Sexto Reporte
Las propuestas que deja el reporte
- Priorizar investigación compleja orientada a desarticular estructuras criminales, no solo a capturar delincuentes de menor escala.
- Limitar los estados de emergencia a un uso temporal y no convertirlos en política de seguridad de fondo.
- Ratificar el segundo protocolo del Convenio de Budapest para agilizar el acceso a información de empresas tecnológicas en casos de extorsión digital.
- Usar inteligencia artificial —por ejemplo, a través de la UNI— para procesar sistemáticamente las denuncias y generar líneas de investigación.
- Aplicar mecanismos de control externo a deudores de pensión alimenticia, liberando espacio penitenciario para delitos de mayor daño social.
- Explotar de forma sistemática los datos sobre rutas, horarios y distritos de mayor riesgo para mejorar la capacidad de captura y disuasión de la PNP frente a ataques al transporte público.