
Artículo publicado en la edición 248 de la Revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M248.pdf
- Entre 2022 y 2025, los castigos de cartera del sistema de cajas municipales se triplicaron, de S/ 639 millones a S/ 1,913 millones. Un análisis exclusivo del especialista Leobell Amacifuén revela que la mejora reciente en los indicadores de morosidad de varias entidades convive con una creciente ‘limpieza’ contable, liderada por CMAC Piura tras la absorción de Caja Sullana. El economista Arturo García, del Colegio de Economistas de Lima, matiza: castigar cartera es una práctica normal cuando se hace dentro de la norma, pero exige mirar más allá del ratio oficial.
La morosidad es, para el sistema financiero peruano, el termómetro por excelencia de la salud crediticia. Cuando ese indicador baja, el mercado respira.
- Pero detrás de ese número hay una operación contable que rara vez ocupa titulares: el castigo de créditos, es decir, el retiro del balance de préstamos que la entidad da por perdidos tras haber agotado las gestiones de cobro. Un crédito castigado deja de sumar en la cartera vigente y, por tanto, deja de sumar en el cálculo de la morosidad oficial. No es que la deuda se pague: es que sale de la fórmula.
- Esa mecánica, normada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es la puerta de entrada de un análisis exclusivo
elaborado por el especialista Leobell Amacifuén, quien examinó el comportamiento de los créditos castigados de las once cajas municipales del país entre 2022 y mayo de 2026. Su conclusión central: la morosidad reportada no cuenta toda la historia. Para entender si la calidad de la cartera realmente mejora —o si solo se está “limpiando” el balance— hay que mirar, también, cuánto se está castigando y quién lo está haciendo.
Una cartera que crece, y una morosidad que resiste
Según información de la SBS, el sistema de cajas municipales (CMAC) cerró 2022 con una cartera de créditos directos de S/ 33,008.5 millones y una morosidad de 5.38%.
- Hacia 2025, la cartera había crecido a S/ 39,657.5 millones y, según los datos analizados para este informe, el sistema llegó a mayo de 2026 con S/ 41,500.5 millones colocados y una morosidad de 5.50%, prácticamente estable frente al cierre del año anterior.
- A simple vista, el relato es de estabilidad con ligera mejora: entre 2022 y 2026 la morosidad general del sistema se mantuvo en un rango relativamente acotado, entre 5.38% y 5.98%, pese al fuerte crecimiento de la cartera. Las utilidades, además, tuvieron una recuperación notable: de S/ 399 millones en 2024 a S/ 851 millones en 2025, un salto de 113%, impulsado en gran medida por cuatro entidades —Huancayo, Arequipa, Cusco y Piura— que concentraron el 83% de las ganancias del sistema.
- Pero ese relato de estabilidad convive con una fractura cada vez más marcada entre entidades. Mientras CMAC Huancayo cerró 2025 con una morosidad de 3.79% y CMAC Cusco con 4.24%, CMAC Del Santa llegó a 12.31%, CMAC Piura a 9.53% y CMAC Maynas a 8.15%. Es en ese contexto de dispersión donde el análisis de los castigos cobra sentido: si una entidad retira agresivamente créditos incobrables del balance, su morosidad oficial puede lucir mejor de lo que la calidad real de su cartera sugiere.
El termómetro alterno: qué muestran los castigos
Según la información pública de la SBS sistematizada por Amacifuén, el sistema de cajas municipales castigó S/ 639.4 millones en 2022, una cifra que cayó a S/ 176.2 millones en 2023 —el año de menor actividad de castigos del periodo— para luego dispararse a S/ 1,093.3 millones en 2024 y a S/ 1,912.5 millones en 2025. Entre enero y mayo de 2026, el acumulado ya suma S/ 523.5 millones.
Dicho de otro modo: en solo tres años, el monto anual castigado por el sistema casi se triplicó (+199%), pasando de representar un fenómeno relativamente contenido a convertirse en una variable que pesa cada vez más sobre la cartera total. El detalle por entidad confirma que el fenómeno no es homogéneo. CMAC Arequipa, CMAC Piura y CMAC Huancayo son, en términos absolutos, las que más han castigado a lo largo del periodo, con montos que en algunos años superan ampliamente los S/ 150 millones anuales. En el otro extremo, CMAC Del Santa y CMAC Paita muestran cifras de castigo comparativamente marginales, lo que —a la luz de sus elevados niveles de morosidad oficial— sugiere que en esas entidades el deterioro de cartera sí se está reflejando de manera más directa en el indicador tradicional, sin el “colchón” que ofrece un castigo agresivo.
¿Cuánto pesan los castigos frente a la cartera total?
- Para dimensionar la relevancia de esta cifra, este informe comparó el monto anual castigado por el sistema frente al tamaño de la cartera total de créditos directos de las cajas municipales, publicada en el análisis de desempeño financiero del sector.
- El resultado muestra una trayectoria inquietante: los castigos pasaron de representar 1.94% de la cartera total en 2022 a 4.82% en 2025, es decir, prácticamente se multiplicó por 2.5 el peso relativo de los créditos dados de baja frente al tamaño del negocio.
- La caída de 2023 —cuando los castigos representaron apenas 0.49% de la cartera— contrasta con el salto de 2024 y, sobre todo, de 2025, cuando el ratio se ubicó en 4.82%, el nivel más alto de toda la serie.
- Ese salto coincide, no de manera casual, con un evento puntual que marcó al sector: la intervención de la SBS a Caja Sullana en julio de 2024 y su posterior absorción por parte de Caja Piura.
El caso Piura-Sullana: la cara visible del fenómeno
Ninguna entidad ilustra mejor la dinámica de los castigos que CMAC Piura. Sus cifras de castigo pasaron de S/ 117.7 millones en 2022 a S/ 999.2 millones en 2025 —prácticamente la mitad de todo lo castigado por el sistema de cajas municipales ese año— y ya acumulaba S/ 208.3 millones entre enero y mayo de 2026.
- La explicación de este salto está directamente vinculada a la operación de Caja Sullana. El 11 de julio de 2024, la SBS intervino oficialmente la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana mediante la Resolución SBS N° 02477-2024, luego de determinar un “acelerado deterioro de su solvencia”: al 31 de mayo de 2024, el patrimonio efectivo de la entidad se había reducido a S/ 173.6 millones, tras una pérdida de S/ 110 millones en 2023 que llevó su Ratio de Capital Global a 11.50%, por debajo del promedio del sistema (13.87%). Cabe recordar que Caja Sullana arrastraba, además, la morosidad más alta de todo el sistema de cajas municipales: 13.17% en 2022 y 16.63% en 2023.
- Al día siguiente, el 12 de julio de 2024, se anunció que Caja Piura había resultado ganadora del concurso de adjudicación —enmarcado en el Programa de Fortalecimiento Patrimonial para microfinanzas— para adquirir el bloque patrimonial de la entidad intervenida. La SBS oficializó la compra mediante la Resolución SBS N° 02494-2024 del 13 de julio, y un día después, mediante la Resolución SBS N° 02497-2024, declaró la disolución de Caja Sullana e inició su liquidación. Caja Piura asumió la totalidad de la cartera de créditos y depósitos de la entidad absorbida, lo que le significó un crecimiento automático de aproximadamente 30% en su base de clientes, al sumar cerca de 800,000 clientes nuevos.
- La lectura más directa es que buena parte del salto de los castigos de Piura en 2024 y, sobre todo, en 2025, corresponde al proceso de “sinceramiento” de la cartera heredada de Sullana: créditos ya deteriorados en la entidad absorbida que, tras la fusión, fueron formalmente reconocidos como pérdida y retirados del balance de Piura. Esto no equivale, según el análisis, a una acusación de mala gestión: es, en gran medida, el resultado esperable de integrar una cartera que ya llegaba con un deterioro estructural severo. Sin embargo, sí explica por qué la morosidad oficial de CMAC Piura —que se ubicó en 9.53% en 2025, todavía elevada pero sin reflejar la magnitud completa del deterioro absorbido— debe leerse con el matiz de los castigos de por medio.
“El castigo de cartera es una práctica normal para sincerar estados financieros; consiste en retirar del balance créditos provisionados al 100% donde se agotaron las gestiones de cobro”
Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima y profesor de posgrado en ESAN
El índice que cuantifica la “brecha”: la metodología de Amacifuén
- Para ir más allá de la comparación año a año, Amacifuén construyó un indicador propio: el Índice de Brecha por Castigos (IBC), que cuantifica la diferencia entre la morosidad ajustada por castigos —es decir, la morosidad que resultaría de reincorporar al balance los créditos castigados— y la morosidad oficial reportada por la SBS.
- La fórmula, en palabras del propio especialista, es sencilla: IBC = Morosidad Ajustada por Castigos − Morosidad Oficial. El especialista calculó dos variantes complementarias para cada una de las once cajas municipales, utilizando información anual del periodo 2022-2026 (el último año con el acumulado a mayo):
IBC Promedio (pp): la incidencia estructural de los créditos castigados a lo largo de todo el periodo analizado.
IBC Máximo (pp): la mayor diferencia observada entre la morosidad ajustada y la morosidad oficial en un momento puntual dentro del periodo.
Con fines comparativos, Amacifuén clasificó a las entidades en tres niveles de incidencia: baja (IBC ≤ 2.00 puntos porcentuales), media (entre 2.00 y 3.00 pp) y alta (superior a 3.00 pp).
- El resultado confirma, con una métrica distinta, lo que ya insinuaba el análisis de montos absolutos: CMAC Piura encabeza el ranking con un IBC Promedio de 4.82 puntos porcentuales, seguida de CMAC Tacna, con 3.39 pp; ambas son las únicas dos entidades clasificadas en el nivel de “alta incidencia”. Según el propio Amacifuén, “estos resultados indican que la diferencia entre la morosidad ajustada por castigos y la morosidad oficial fue persistentemente superior al resto del sistema durante el periodo evaluado”.
- En un nivel intermedio se ubican Caja Municipal de Crédito Popular Lima (2.66 pp), CMAC Maynas (2.35 pp), CMAC Paita (2.31 pp), CMAC Arequipa (2.31 pp), CMAC Ica (2.13 pp) y CMAC Trujillo (2.09 pp), clasificadas todas en incidencia media. Finalmente, CMAC Del Santa (1.95 pp), CMAC Cusco (1.61 pp) y CMAC Huancayo (1.19 pp) presentan la menor incidencia estructural de castigos sobre su morosidad, lo que —de acuerdo con el análisis— sugiere una lectura más directa y menos “maquillada” de su calidad de cartera a través del indicador oficial.
- El IBC Máximo aporta un matiz adicional: mientras el IBC Promedio resume el comportamiento estructural, el Máximo capta el momento de mayor distorsión puntual. Ahí, CMAC Piura alcanza un IBC Máximo de 15.41 puntos porcentuales —una cifra extraordinaria que probablemente corresponde al periodo inmediato posterior a la absorción de Sullana—, seguida de la Caja Municipal de Crédito Popular Lima (5.65 pp) y CMAC Tacna (5.44 pp). En el otro extremo, CMAC Huancayo, CMAC Cusco y CMAC Arequipa registran los valores máximos más bajos, lo que indica una menor amplitud entre su morosidad oficial y su morosidad ajustada incluso en sus peores momentos.
- En conjunto, seis entidades (54.55%) se ubican en el nivel de baja incidencia, tres (27.27%) en incidencia media y solo dos (18.18%) en incidencia alta. Amacifuén subraya que esta distribución “evidencia que, si bien la mayoría de las cajas registra una incidencia baja de los créditos castigados, existen diferencias suficientemente marcadas como para justificar un análisis individual de cada entidad”.
- El propio especialista es cuidadoso en delimitar el alcance de su hallazgo: precisa que la diferencia detectada “no debe interpretarse como evidencia de prácticas contables específicas ni como una sustitución del indicador oficial de morosidad”, sino como “una medida complementaria que cuantifica la incidencia de los créditos castigados […], facilitando la comparación entre entidades y el seguimiento de su evolución en el tiempo”. Es decir, el IBC no acusa: contextualiza.
“El análisis demuestra que la incorporación de los créditos castigados aporta información complementaria para interpretar la evolución de la calidad de la cartera en las cajas municipales del Perú” Leobell Amacifuén Macedo, autor del estudio del Índice de Brecha por Castigos (IBC)
La mirada del regulador y el mercado: ¿limpieza contable o sinceramiento necesario?
Para contrastar esta lectura técnica con la perspectiva de un especialista independiente en gestión de riesgos, Microfinanzas conversó con Arturo García, director del Colegio de Economistas de Lima y profesor de posgrado en ESAN.
- Consultado sobre el fuerte incremento de los castigos en entidades como Piura y Tacna, García fue enfático en señalar que la SBS mantiene un marco normativo exigente en materia de riesgo crediticio, operacional y de mercado, y que el castigo de cartera, en sí mismo, no es una señal de alarma.
- García explicó que la decisión de castigar un crédito está normada: en el segmento de microfinanzas, un préstamo se considera pérdida tras un atraso mayor a 120 días, y la entidad debe evaluar si existen garantías o activos que ejecutar antes de proceder al castigo. “Un crédito con garantías no se puede castigar sin antes ejecutar dicha garantía”, precisó.
Sobre cómo distinguir un castigo agresivo orientado a “limpiar” la cartera de uno que simplemente reconoce el deterioro real, el economista fue claro: “La cartera castigada ya está calificada como pérdida. La salud [de una entidad] se mide por el ratio de morosidad, cobertura de provisiones y rentabilidad patrimonial”.

- Consultado directamente por el salto de los castigos del sistema, de S/ 639 millones en 2022 a casi S/ 2,000 millones en 2025, García ofreció una lectura matizada: el incremento “puede leerse como un deterioro de la calidad de cartera o como una depuración para sincerarla”, y para diferenciar entre ambos escenarios recomienda observar qué porcentaje representan los castigos sobre el total de la cartera y cómo evoluciona, en paralelo, el ratio de morosidad. Según el especialista, la morosidad del sistema “ha venido bajando desde su pico a mediados de 2024”, en un contexto de mejora en la capacidad de pago impulsada por el crecimiento económico.
- Sobre el nivel actual del indicador —5.06% de morosidad y 6.58% de cartera de alto riesgo al cierre de junio, con un ligero repunte frente al 4.89% registrado un año antes—, García considera que, en términos generales, la morosidad del sistema de cajas municipales está controlada. Atribuye la ligera alza reciente al efecto inicial de El Niño en el mes de mayo, y advierte que el fenómeno climático “traerá disminución de actividad económica en el segmento MIPE y, por ende, un incremento de morosidad” en los próximos meses, lo que añade un factor de riesgo adicional al panorama de 2026.
“La SBS es muy exigente y siempre va un paso adelante en normativa de riesgos. El castigo de cartera es una práctica normal para sincerar estados financieros” Arturo García, director del Colegio de Economista de Lima
Lo que la cobertura de provisiones y la cartera de alto riesgo confirman
- El análisis financiero agregado del sistema, elaborado en paralelo a este informe, ofrece dos piezas adicionales para completar el rompecabezas. Primero, el ratio de cobertura de provisiones sobre créditos atrasados —es decir, cuánto tienen las cajas reservado frente a lo que ya está en mora— mejoró de 151.7% en 2022 a 161.1% en 2023, retrocedió a 137.9% en 2024 y volvió a subir hasta 161.1% en 2026, lo que sugiere que, en el agregado, el sistema no ha descuidado su capacidad de absorber pérdidas.
- Segundo, y más relevante para este informe, el ratio de cartera de alto riesgo sobre créditos directos —que agrupa la cartera atrasada más la refinanciada y reestructurada— pasó de 7.78% en 2022 a un pico de 8.37% en 2023, para luego descender a 7.34% tanto en 2025 como en 2026. Este indicador, más amplio que la morosidad tradicional, muestra una trayectoria de mejora relativa en los últimos dos años, aunque se mantiene por encima del nivel de 2022.
- El saldo de créditos refinanciados y reestructurados, por su parte, se mantuvo elevado durante todo el periodo, con S/ 457.6 millones en pequeñas empresas y S/ 40.2 millones en microempresas hacia mayo de 2026, un indicio adicional de que una porción relevante de la cartera continúa bajo estrés, incluso si no siempre se refleja de inmediato en la morosidad vencida.
- La lectura conjunta de estos tres indicadores —morosidad oficial, castigos y cartera de alto riesgo— es la que permite matizar el relato de “recuperación” que sugieren las utilidades del sistema. Las cajas municipales, en su conjunto, ganaron más dinero en 2025 que en cualquier año del periodo analizado, pero ese resultado convive con un ritmo de castigos que se multiplicó por casi tres frente a 2022, concentrado de forma desproporcionada en un puñado de entidades.
Una fotografía por entidad: quién limpia más y quién no
- Cruzando el ranking del IBC con los niveles de morosidad oficial reportados para 2025 y 2026, emergen al menos tres grupos de entidades con dinámicas claramente diferenciadas.
El primer grupo lo integran CMAC Piura y CMAC Tacna, las dos entidades de “alta incidencia” según el IBC.
- En ambos casos, la brecha entre la morosidad oficial y la morosidad ajustada por castigos es estructuralmente mayor al resto del sistema, lo que implica que sus indicadores oficiales de mora —9.53% en el caso de Piura hacia 2025— probablemente subestiman, en algún grado, el verdadero nivel de deterioro histórico de sus carteras, en parte por el efecto ya explicado de la integración de Sullana en el caso de Piura.
El segundo grupo, de “incidencia media”, agrupa a la Caja Municipal de Crédito Popular Lima, CMAC Maynas, CMAC Paita, CMAC Arequipa, CMAC Ica y CMAC Trujillo. En este bloque, la práctica de castigar cartera tiene un peso moderado en la lectura de la morosidad,sin llegar a los extremos de Piura o Tacna, pero sin ser irrelevante.
El tercer grupo, de “baja incidencia”, lo conforman CMAC Del Santa, CMAC Cusco y CMAC Huancayo. Es un grupo particularmente interesante porque incluye tanto a la entidad más sólida del sistema (Huancayo, con la morosidad más baja y las mayores utilidades) como a la de peor desempeño (Del Santa, con 12.31% de morosidad, la más alta del sistema en 2025 y 2026). La coincidencia de ambas en el nivel de baja incidencia de castigos sugiere lecturas opuestas: en Huancayo, la baja incidencia del IBC refuerza la idea de una cartera genuinamente sana, sin necesidad de “maquillaje” contable. En Del Santa, en cambio, la combinación de morosidad alta y castigos comparativamente bajos indica que la entidad está reconociendo su deterioro casi en su totalidad a través del canal tradicional —la mora vencida—, sin recurrir de forma intensiva al castigo como mecanismo de depuración.
¿Mejora real o limpieza contable? Una respuesta con matices?
Volviendo a la pregunta que da origen a este informe: ¿la reciente moderación de la morosidad en algunas cajas municipales refleja una mejora genuina de la calidad de la cartera, o es, al menos en parte, resultado de un mayor uso del castigo como herramienta de depuración contable?
- La evidencia recopilada sugiere que ambas dinámicas conviven, y que su peso relativo varía mucho según la entidad. Para el sistema en su conjunto, el fuerte incremento de los castigos —que pasaron de representar 1.94% de la cartera total en 2022 a 4.82% en 2025— coincide con un evento extraordinario y perfectamente identificable: la absorción de la cartera deteriorada de Caja Sullana por parte de Caja Piura, que por sí sola explica más de la mitad de todo lo castigado por el sistema en 2025.
- Se trata, en ese sentido, de un fenómeno más cercano al “sinceramiento” que describe Arturo García que a una práctica sistemática de manipulación contable.
- Sin embargo, el análisis de Amacifuén también deja en evidencia que existe una segunda entidad —CMAC Tacna— cuyo IBC estructuralmente elevado no está asociado a ningún evento extraordinario conocido como la compra de Sullana, lo que amerita, en línea con la recomendación del propio especialista, un seguimiento más cercano y particular de su política de castigos en los próximos trimestres.
- En el otro extremo, entidades como CMAC Huancayo y CMAC Cusco combinan baja morosidad oficial con baja incidencia de castigos, un patrón que refuerza —en lugar de poner en duda— la solidez de sus indicadores. Y casos como CMAC Del Santamuestran que, cuando el castigo se usa poco, el deterioro de la cartera simplemente se transparenta de forma más directa en la morosidad tradicional, sin que ello sea necesariamente una mala noticia desde el punto de vista de la transparencia informativa, aunque sí lo sea desde el punto de vista de la salud financiera de la entidad
- Para Amacifuén, el valor de indicadores complementarios como el IBC no es reemplazar a la morosidad oficial —que sigue siendo, y debe seguir siendo, el estándar regulatorio de referencia—, sino “aportar una visión más completa del comportamiento de la cartera sin alterar la definición oficial de morosidad establecida por la SBS”.
- En un sistema donde el tamaño de la cartera castigada ya equivale, en su punto más alto, a cerca de uno de cada veinte soles prestados, esa visión adicional deja de ser un ejercicio académico y se convierte en una herramienta necesaria para inversionistas, depositantes y reguladores por igual.