Artículo publicado en la edición 248 de la Revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M248.pdf
El flamante presidente de la Cámara de Comercio de Lima plantea cinco reformas para los primeros 100 días del nuevo gobierno, defiende una amnistía controlada para el dinero informal y advierte que más de S/ 11 000 millones en obras de prevención ante El Niño permanecen sin ejecutarse.
- Raúl Barrios Fernández-Concha asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en un momento de transición política y económica para el país. A pocas semanas del cambio de gobierno, el dirigente empresarial presenta a Microfinanzas un diagnóstico crítico sobre la competitividad peruana —hoy en el puesto 60 de 67 en el ranking del IMD— y una agenda de reformas que van desde la simplificación de trámites hasta una polémica amnistía para el dinero informal.
- Barrios también aborda dos frentes que considera urgentes: la desatención estatal frente a un eventual Fenómeno El Niño y la deuda del Estado con sus proveedores, que hoy supera los S/ 400 millones solo en el sector Salud. Esta es la conversación completa.
Una economía sólida, pero atrapada en la burocracia
Para empezar, presidente, ¿cuál es su diagnóstico general de la realidad económica del país? ¿Cómo califica la competitividad actual del Perú frente a sus pares en la región y qué opina del entramado regulatorio que enfrentan los empresarios día a día?
- El Perú tiene una economía con fundamentos macroeconómicos sólidos, pero con una competitividad estructural que se deteriora cada año. El Ranking Mundial de Competitividad del IMD nos ubica en el puesto 60 de 67 economías evaluadas. Eso no es un dato menor: significa que estamos perdiendo capacidad para atraer inversión, elevar la productividad y sostener un crecimiento que realmente se traduzca en bienestar.
- El problema de fondo ya no es la macroeconomía, sino la calidad de nuestras instituciones. Un empresario peruano enfrenta hoy una tramitología excesiva, una justicia lenta, permisos que demoran meses o años y una incertidumbre política que eleva los costos de hacer empresa y ahuyenta la inversión. Cada trámite innecesario es un impuesto invisible que pagan las empresas y los ciudadanos.
¿Estamos en un punto de inflexión?
- Sí, pero no en el sentido dramático. Estamos en un momento en que las decisiones que se tomen, o que se dejen de tomar, determinarán si el Perú recupera su competitividad o continúa rezagándose frente a economías que avanzan con mayor decisión. El país aún está a tiempo, pero la ventana de oportunidad no es eterna.
Usted asume la presidencia de la CCL en un momento de cambio político. Si mañana tuviera una reunión privada con la presidenta electa Keiko Fujimori, ¿cuáles serían las reformas que le pediría ejecutar durante sus primeros 100 días y por qué esas prioridades?
Desde la Cámara de Comercio de Lima hemos planteado cinco reformas prioritarias para devolverle al Perú la confianza y el crecimiento. El país no necesita inventar soluciones; necesita ejecutar con decisión aquello que ya sabemos que funciona:
1. Cerrar la brecha de infraestructura, invirtiendo de manera decidida en transporte, energía, agua, saneamiento y conectividad digital. Sin infraestructura no hay competitividad.
2. Simplificar y destrabar la inversión, reduciendo drásticamente los tiempos de trámites, acelerando autorizaciones y eliminando barreras burocráticas que paralizan proyectos. Cada mes de demora en un permiso es inversión que se pierde.
3. Generar confianza y previsibilidad, garantizando la seguridad ciudadana, manteniendo la disciplina fiscal, respetando los contratos y ofreciendo un marco normativo estable. Sin confianza no hay inversión.
4. Impulsar la productividad y la formalización, con educación de calidad, formación técnica alineada al mercado laboral, salud oportuna y adopción tecnológica. El capital humano es el motor del desarrollo.
5. Honrar las obligaciones del Estado con sus proveedores y contratistas. Un Estado que no paga a tiempo no puede exigir formalidad.
- La ecuación es simple pero implacable: sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay forma de reducir la pobreza. Ese es el círculo virtuoso que debemos reconstruir.
La CCL ha sido muy crítica con la gestión económica de los últimos años. Ahora que se inicia un nuevo gobierno, ¿qué tipo de relación buscará con el Ejecutivo: un aliado para impulsar reformas o un vigilante dispuesto a cuestionar cuando considere que se está perdiendo el rumbo?
- La Cámara de Comercio de Lima mantendrá una relación institucional, técnica e independiente con el nuevo Gobierno. No buscamos ser complacientes ni confrontacionales. Buscamos ser útiles. Queremos un Estado que brinde estabilidad, confianza y seguridad; que regule de manera eficiente y que no imponga trabas innecesarias al desarrollo de las empresas.
- Actuaremos como un asesor leal que le dice al Gobierno, con datos y propuestas concretas, en qué está acertando y en qué se está equivocando. Ese rol lo ejerceremos mediante el diálogo directo con el Ejecutivo y el Congreso, pero también a través de los medios de comunicación y la opinión pública.
- La colaboración entre el sector público y el sector privado es indispensable para impulsar el desarrollo del país. Los casos de corrupción han generado una desconfianza comprensible hacia esa relación, pero la respuesta no es el divorcio entre ambos sectores, sino establecer mecanismos de trabajo transparentes, con objetivos comunes y rendición de cuentas. El Perú necesita que el sector público y el sector privado trabajen juntos, no que se miren con recelo.
“La ecuación es simple pero implacable: sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay forma de reducir la pobreza”
El Niño, las mipymes y las reformas pendientes
Uno de los temas más graves que denuncian es la paralización de las obras de prevención frente al Fenómeno El Niño. Incluso han pedido investigar a los ministros de Economía desde 2017 por presunta omisión de funciones. ¿Qué esperan conseguir con esa denuncia y qué cambios institucionales evitarían que una obra vuelva a depender de la voluntad política de un ministro?
- Lo que buscamos es que se establezcan responsabilidades claras. Hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo que investigue a los exministros de Economía que no asignaron oportunamente los recursos para ejecutar las obras de prevención frente al Fenómeno El Niño. Más de S/ 11 000 millones destinados a obras de prevención permanecen sin ejecutarse, mientras millones de peruanos continúan expuestos a los mismos riesgos que ya hemos sufrido en el pasado.
- Lo más preocupante es que, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha venido recortando sistemáticamente el presupuesto para estas obras, ocasionando la suspensión y el retraso de proyectos críticos. Mientras tanto, el Estado sigue destinando S/ 16 000 millones anuales en consultorías. Esa distorsión de prioridades es inaceptable
- Necesitamos un cambio institucional que blinde la inversión en prevención: mecanismos presupuestarios que no dependan de la discrecionalidad de un ministro de turno, sino de criterios técnicos y plazos de ejecución obligatorios. No podemos seguir esperando la tragedia para actuar.
Más allá de los grandes proyectos de infraestructura, el mayor impacto de un nuevo Fenómeno El Niño recaería sobre las mipymes, que sostienen a millones de familias. ¿Ha estimado la CCL cuánto podrían caer sus ventas e ingresos y cuáles serían los sectores más golpeados?
- Desde la Cámara de Comercio de Lima hemos realizado un análisis territorial detallado de la exposición empresarial al Fenómeno El Niño. Los departamentos con mayor vulnerabilidad son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Cajamarca. Estas siete regiones aportan en conjunto alrededor del 23,7 % del PBI nacional y concentran el 33,3 % del PBI agropecuario, el 60,7 % del PBI pesquero, el 25,7 % del PBI manufacturero, el 21,0 % del comercio y el 22,9 % del transporte.
En esas mismas regiones residen más de 2,3 millones de personas en condición de pobreza monetaria, lo que convierte a este fenómeno no solo en un problema productivo, sino en una amenaza directa al bienestar social. Desde la perspectiva empresarial, estas regiones albergan 499 723 mipymes, equivalentes al 21,4 % del total nacional.
- El sector más expuesto es el comercio, con 228 344 mipymes en riesgo, que representan cerca del 82 % de las empresas identificadas en los principales sectores vulnerables. Cualquier interrupción en las cadenas de abastecimiento tendría un impacto inmediato sobre la disponibilidad de bienes, el empleo y la actividad económica regional. El segundo sector más expuesto es el transporte terrestre, con 34 897 empresas, un eslabón crítico porque conecta productores, comerciantes y consumidores. Los desbordes, las inundaciones y las interrupciones de carreteras afectan simultáneamente la distribución, incrementan los costos logísticos y generan desabastecimiento.
- El sector agropecuario, la manufactura textil y la pesca representan una menor cantidad de empresas, pero su importancia económica trasciende las cifras: generan empleo masivo y abastecen cadenas productivas estratégicas cuyas pérdidas se extienden hacia el comercio, la industria alimentaria y las exportaciones.
- A nivel territorial, La Libertad concentra la mayor exposición, con más de 57 000 empresas comerciales y 10 000 de transporte. Le siguen Piura, Ica y Áncash. Estos departamentos deberían constituir la primera prioridad en las estrategias de prevención, mitigación y continuidad operativa.
¿Qué medidas urgentes debería tomar el Estado para evitar una nueva crisis de empleo e ingresos?
Además de las obras de prevención e infraestructura, el Estado debe implementar un plan de emergencia orientado a sostener la continuidad operativa, el empleo y la liquidez de las mipymes.
- Primero, líneas de crédito de emergencia. Canalizadas mediante COFIDE, la banca comercial y las entidades microfinancieras, estas líneas deben financiar capital de trabajo, reposición de inventarios, reparación de equipos y continuidad de planillas, con periodos de gracia y tasas accesibles. Paralelamente, se necesita facilitar la reprogramación temporal de obligaciones financieras sin deteriorar automáticamente la calificación crediticia. Las regiones más expuestas concentran alrededor de S/ 51 674 millones en créditos, equivalentes al 11,2 % del crédito nacional.
- Segundo, alivio tributario temporal. La SUNAT debería habilitar mecanismos para postergar o fraccionar el pago de impuestos de las empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia que acrediten una caída significativa de ventas o una interrupción operativa. El objetivo es evitar que una crisis transitoria de liquidez provoque despidos o el cierre definitivo de empresas.
- Tercero, continuidad de las cadenas de abastecimiento y transporte. El comercio y el transporte concentran juntos cerca del 95 % de las empresas expuestas. Se requiere mantener operativas las vías estratégicas, habilitar rutas alternas, difundir información actualizada sobre carreteras y puertos, garantizar el suministro de combustibles y facilitar el traslado de alimentos, medicinas e insumos productivos.
Proteger a las mipymes es proteger la economía familiar, el abastecimiento local y la capacidad de recuperación de las regiones más vulnerables del país.
La Cámara sostiene que abrir una empresa en el Perú sigue siendo una “carrera de obstáculos”. Si pudiera eliminar cinco barreras burocráticas desde el primer día, ¿cuáles serían y cuánto podrían elevar la inversión privada y la productividad?
El Perú está extremadamente sobrerregulado y, en muchos casos, mal regulado. Hoy, abrir un negocio en el país es un acto de fe, y desarrollar un proyecto de inversión se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos.
- Reducir los trámites, acelerar las autorizaciones y eliminar las barreras burocráticas debe ser una prioridad nacional. Es indispensable simplificar los procesos administrativos, acortar drásticamente los plazos de aprobación de permisos y licencias, y eliminar regulaciones que no cumplen ningún propósito más que encarecer la formalidad.
- Cada barrera burocrática innecesaria tiene un costo real: desalienta la inversión, encarece los productos y servicios, incentiva la informalidad y resta competitividad al país. Un Perú más competitivo es aquel que facilita la creación y el crecimiento de negocios, que genera condiciones para que las empresas inviertan, contraten y produzcan. Esa es la base del desarrollo.
“Hoy, abrir un negocio en el país es un acto de fe, y desarrollar un proyecto de inversión se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos”
Ustedes proponen reducir el tamaño del Estado y cuestionan el elevado gasto corriente y las consultorías. Sin embargo, también demandan mejores servicios públicos. ¿Cómo hacer más pequeño al Estado sin debilitar su capacidad para ofrecer salud, educación, seguridad e infraestructura?
- Lo que proponemos no es un Estado más pequeño por capricho, sino un Estado más eficiente, más responsable y enfocado en aquello que realmente le corresponde hacer. Las cifras hablan por sí solas: el 86 % del presupuesto nacional se destina al pago de sueldos, el aparato estatal ha crecido diez veces en los últimos 20 años y el presupuesto se ha multiplicado por seis.
Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en mejores carreteras, puentes, escuelas ni hospitales. Los peruanos pagan más impuestos, pero reciben los mismos servicios deficientes. Esa es la contradicción que debemos resolver.
- El nuevo Gobierno debe reducir el gasto corriente improductivo, optimizar la burocracia y redirigir esos recursos hacia la inversión pública en infraestructura, salud, educación y seguridad. Un Estado eficiente no es el que gasta más, sino el que administra mejor los recursos y genera mejores resultados para los ciudadanos. Necesitamos un Estado que haga más con menos, no uno que haga menos con más.
La propuesta de una amnistía para el llamado “dinero bajo el colchón” probablemente sea la iniciativa más polémica de la agenda de la CCL. ¿Cómo garantizar que no termine siendo utilizada por organizaciones criminales ni envíe la señal de que incumplir las obligaciones tributarias finalmente tiene premio?
- Entiendo que el tema genere debate, y es precisamente ese debate el que necesitamos tener con seriedad y sin prejuicios. El Perú es una de las economías con mayor nivel de informalidad en América Latina. Según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la economía informal representa alrededor del 34 % del PBI, y la mayor parte de las transacciones de las familias y los pequeños negocios se realiza en efectivo, fuera del sistema financiero.
- Lo que proponemos no es premiar la evasión ni abrir una puerta a la criminalidad. Proponemos un mecanismo de sinceramiento patrimonial, con reglas claras, controles rigurosos y plena trazabilidad, que permita incorporar al sistema financiero formal los ahorros de millones de peruanos que hoy operan al margen del sistema, no por voluntad delictiva, sino porque la complejidad tributaria y la desconfianza institucional los han mantenido fuera.
Para que esta medida funcione y no se desvirtúe, debe cumplir tres condiciones innegociables.
- Primero, filtros antilavado estrictos. Solo podrán acogerse personas naturales y mipymes que cumplan los estándares de debida diligencia, con verificación de origen de fondos y cruce de información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SUNAT y las entidades del sistema financiero. Toda persona sentenciada por delitos de lavado de activos, narcotráfico, corrupción o crimen organizado debe quedar excluida de manera automática e inapelable.
- Segundo, trazabilidad total. Los fondos declarados deben ingresar obligatoriamente al sistema financiero formal, donde quedan sujetos a supervisión, bancarización y obligaciones tributarias hacia adelante. No se trata de blanquear el pasado sin compromisos: quien se acoge al mecanismo asume la obligación de tributar formalmente a partir de ese momento.
- Tercero, ventana temporal limitada y no repetible. Este mecanismo debe ser extraordinario, con un plazo máximo definido y la garantía explícita de que no se repetirá. Eso elimina el incentivo perverso de esperar la próxima amnistía.
Este tipo de programas no son una invención nuestra. Países como Argentina, Colombia, Italia, Indonesia e India han implementado esquemas similares con resultados significativos en recaudación, formalización y bancarización. En todos los casos, el éxito dependió de la solidez de los filtros y de la credibilidad del compromiso de no repetición.
- El verdadero riesgo no es implementar esta medida con controles adecuados; el verdadero riesgo es no hacer nada y seguir tolerando que una gran parte de la economía peruana opere al margen del sistema, sin tributar, sin acceso al crédito formal y sin posibilidad de crecer. Eso no beneficia a nadie, salvo a quienes lucran con la informalidad.
La “escalera laboral y tributaria” busca facilitar la formalización de las mypes, pero la experiencia demuestra que muchos regímenes especiales terminan convirtiéndose en un techo para crecer. ¿Cómo diseñar un sistema que realmente incentive la expansión de las empresas y no su estancamiento?
- El problema no es la escalera tributaria en sí misma, sino que los escalones son demasiado altos. Cuando una mype crece, aumenta de golpe su carga tributaria, laboral y administrativa. Ese salto brusco hace que muchas empresas prefieran mantenerse artificialmente pequeñas o dividirse para no cruzar el umbral. El sistema, tal como está diseñado, castiga el crecimiento.
- Lo que necesitamos es una transición gradual y progresiva, no por tramos rígidos que generan un efecto escalón. La carga debe subir proporcionalmente conforme crece la empresa, no de golpe al cruzar un límite arbitrario.
- Además, hoy todos los incentivos están pensados para que las empresas entren a la formalidad, pero nadie diseñó qué pasa cuando ya están adentro y quieren crecer. Ahí es donde deben existir beneficios temporales de transición, de uno o dos años, para que el costo de subir de régimen no se sienta de una vez y no desincentive la expansión.
- El Estado debe hacer que crecer sea más rentable que quedarse pequeño. Y eso requiere incentivos a la inversión, a la contratación formal y a la reinversión de utilidades. Si formalizarte y crecer te cuesta más que quedarte en la informalidad, el sistema está mal diseñado. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy.
Infraestructura, seguridad y capital humano para destrabar el crecimiento
La CCL sostiene que el Estado es un “mal pagador” y denuncia la existencia de mafias que cobran hasta el 2 % para agilizar pagos a proveedores. ¿El gremio cuenta con denuncias documentadas? ¿Qué reformas legales propondrá para romper ese círculo de corrupción?
El Estado no puede exigir formalidad si no cumple oportunamente con sus propias obligaciones.
- Hoy enfrentamos un problema estructural que afecta directamente a las empresas proveedoras del Estado y, en consecuencia, a millones de ciudadanos que dependen de los servicios públicos.
- Los datos son contundentes. Solo en el sector Salud, las empresas vinculadas al Gremio de Salud de la CCL registran deudas por aproximadamente S/ 382 millones correspondientes a 2024, 2025 y lo que va de 2026. Si consideramos a las empresas agrupadas en otros gremios empresariales del sector, la deuda supera los S/ 400 millones. Esta situación pone en riesgo el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos para más de 12 millones de asegurados de EsSalud.
- Planteamos que el Estado honre oportunamente sus obligaciones, establezca mecanismos transparentes y eficientes de pago, y que se impulse una reestructuración integral de EsSalud. El proveedor que cumple con sus entregas merece un Estado que cumpla con sus pagos.
“El Estado no puede exigir formalidad si no cumple oportunamente con sus propias obligaciones”
En seguridad ciudadana, ustedes plantean replicar el modelo de las “águilas negras” y fortalecer las unidades antiextorsión. ¿Cómo debería participar el sector privado sin invadir funciones que corresponden exclusivamente al Estado?
- La seguridad ciudadana es, sin duda, una función exclusiva del Estado. Pero eso no significa que el sector privado deba permanecer ajeno al problema.
- La inseguridad es hoy el principal freno a la inversión y la principal angustia de los ciudadanos. Las extorsiones afectan desde las grandes empresas hasta el bodeguero de la esquina.
- Desde la Cámara de Comercio de Lima proponemos una Estrategia Nacional que contemple el fortalecimiento de las unidades policiales especializadas en la lucha contra la extorsión, la implementación de sistemas de denuncia digital seguros y mecanismos efectivos de protección para los denunciantes. Sin protección real, no hay denuncia, y sin denuncia no hay justicia.
- Asimismo, planteamos un blindaje económico que incorpore inteligencia, tecnología y fiscalización en los principales ejes y conglomerados comerciales del país, sin descuidar a la micro y pequeña empresa, que hoy es una de las más golpeadas por la criminalidad.
- El sector privado puede aportar información, tecnología, infraestructura y recursos para complementar la labor del Estado, siempre dentro del marco legal. La seguridad no es un tema de bandos, es un tema de país.
La CCL ha insistido en que recuperar la confianza de los inversionistas pasa por mejorar la ejecución de la infraestructura y fortalecer la seguridad jurídica. Desde su experiencia, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos que frenan la ejecución de grandes proyectos y qué reformas considera indispensables para revertir esa situación?
- Los principales obstáculos son conocidos y persistentes: la excesiva burocracia, la demora crónica en la obtención de permisos, la falta de coordinación entre entidades públicas y la incertidumbre regulatoria.
- Un inversionista que firma un contrato hoy no tiene la certeza de que las reglas seguirán siendo las mismas dentro de dos años. Eso es letal para la inversión de largo plazo.
- El país necesita, con urgencia, acelerar los procesos de autorización, fortalecer la seguridad jurídica, garantizar la estabilidad normativa y ejecutar las inversiones previstas en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
- Necesitamos también una institucionalidad que permita que los grandes proyectos de infraestructura avancen con independencia de los cambios de gobierno.
- La inversión en infraestructura no es un gasto: es la condición necesaria para que la economía crezca, se genere empleo y mejore la calidad de vida de los peruanos. Cada proyecto paralizado es una oportunidad perdida.
- Un Estado que no paga a tiempo genera tres efectos perversos: estrangula financieramente a sus proveedores, deteriora la calidad de los servicios públicos y abre la puerta a prácticas de corrupción donde intermediarios cobran comisiones ilegales para “agilizar” pagos que deberían ser automáticos.
La CCL ha expresado preocupación por los altos costos logísticos del puerto de Chancay, las limitaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y la urgencia de ejecutar la nueva Carretera Central. Si tuviera que escoger una sola obra transformadora para elevar la competitividad del país, ¿cuál sería y por qué?
- Más que elegir una sola obra, lo que el país necesita es asegurar que toda la infraestructura logística funcione de manera articulada y eficiente. Una pieza sola no resuelve el rompecabezas.
- Hoy resulta indispensable reducir los costos logísticos del puerto de Chancay para aprovechar plenamente su potencial como hub regional y convertirlo en un verdadero motor de competitividad.
- Al mismo tiempo, se deben resolver de inmediato las deficiencias operativas y de acceso del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que no puede seguir operando con las limitaciones actuales.
- Y es urgente avanzar con la nueva Carretera Central para conectar eficientemente el centro productivo del país con los principales terminales logísticos.
- La competitividad logística no se construye con obras aisladas, sino con un sistema integrado de infraestructura que reduzca costos, mejore tiempos y conecte al Perú con los mercados globales. Solo con inversiones estratégicas e integrales podremos generar el impacto económico y social que el país necesita.
Ustedes plantean que EsSalud debería ser administrado por gestores especializados, en lugar de que necesariamente lo dirija un médico. ¿Cómo evitar que una lógica predominantemente financiera termine relegando la calidad de la atención al paciente?
- Nuestra propuesta no busca privatizar EsSalud ni relegar la calidad del servicio al paciente. Lo que buscamos es profesionalizar su gestión. EsSalud administra aproximadamente S/ 17 000 millones al año y atiende a más de 12 millones de asegurados.
- Una institución de esa envergadura requiere ser liderada por profesionales con experiencia comprobada en gestión, administración y manejo de recursos públicos.
- Eso no excluye a los médicos, pero sí exige que quien conduzca la institución tenga las competencias para garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados. Un buen gerente asegura que los recursos lleguen a donde deben llegar: al paciente. Un mal administrador, por más vocación médica que tenga, puede desperdiciar miles de millones que deberían traducirse en medicamentos, equipos y atención oportuna.
- La calidad de la atención no se garantiza con buenas intenciones, sino con una gestión profesional que optimice cada sol invertido en salud.
La Cámara sostiene que existe un divorcio entre la educación y las necesidades del mercado laboral. Más allá de impulsar carreras técnicas, ¿qué compromiso concreto debería asumir el sector empresarial para formar el capital humano que hoy reclama?
- Si queremos elevar la productividad del país, debemos empezar por el principio: garantizar que la primera infancia reciba una educación de calidad, articulada con políticas de salud y nutrición.
- Un niño que no se alimenta bien, no aprende bien. Y un joven que no se forma en las competencias que el mercado necesita, no encuentra empleo formal.
- El sector empresarial debe asumir un rol mucho más activo en este proceso: participando en el diseño de los programas de formación, abriendo espacios de capacitación y prácticas preprofesionales, identificando las competencias que el mercado demanda y cofinanciando programas de formación técnica.
- Solo así podremos cerrar la brecha entre lo que se enseña y lo que las empresas necesitan, generando más oportunidades de empleo formal y mayores niveles de productividad. Ese compromiso no es opcional: es una inversión en el futuro del país.
La CCL plantea una agenda de reformas ambiciosa que requerirá respaldo político y legislativo. ¿Qué tan receptivo percibe al nuevo Gobierno y al Congreso? ¿Ve condiciones para construir consensos o anticipa un escenario de confrontación?
- Somos optimistas. La nueva configuración del Congreso y la incorporación del Senado podrían favorecer una mayor gobernabilidad al reducir la fragmentación política que tanto daño ha hecho en los últimos años.
- Sin embargo, el Senado tendrá un rol determinante en el proceso legislativo y será clave para la aprobación de las reformas estructurales que el país necesita.
- Desde la Cámara de Comercio de Lima promoveremos activamente el diálogo y la construcción de consensos con el Ejecutivo y el Congreso. El Perú requiere estabilidad política y acuerdos que permitan avanzar en una agenda de competitividad, inversión y generación de empleo.
- No obstante, también seremos vigilantes. Señalaremos oportunamente cualquier decisión que se aleje de los objetivos de crecimiento, formalización y bienestar que el país necesita.
- La Cámara de Comercio de Lima seguirá siendo la voz del sector empresarial: propositiva, técnica, independiente y comprometida con el desarrollo del Perú.