(*) Artículo publicado en la edición 213 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M220.pdf.
Por Javier Parker Chávez
javier.parker@microfinanzas.pe
Varias instituciones de intermediación financiera, especialmente microfinancieras, han decidido apostar en el Perú por la inclusión de los migrantes, una labor que cobra especial relevancia si se tiene en consideración que, según algunos cálculos extraoficiales, esta población en el país podría llegar a, o incluso superar, los 1,8 millones de habitantes.
Una cifra semejante, inimaginable hasta hace unos pocos años para un país como el Perú, solo puede entenderse porque detrás de esta hay una crisis humanitaria como la ocurrida en Venezuela. Ni los terribles años del terrorismo de Sendero Luminoso en contra del pueblo peruano, ni la hiperinflación durante el primer gobierno de Alan García Pérez, hicieron salir a tantos peruanos del país como lo ha conseguido en pocos años el régimen chavista de Venezuela con su propio pueblo.
Ante esta nueva realidad del Perú como receptor masivo de migrantes y refugiados, algunas instituciones financieras han creado productos crediticios y de ahorro especialmente para ellos, entre estas, Caja Arequipa y Financiera Confianza, cuyas experiencias compartimos en esta edición de Microfinanzas.
Los esfuerzos que hacen estas instituciones también incluye la capacitación de su personal para que pueda comprender mejor las necesidades de los migrantes, quienes en su gran mayoría se encuentran en situación vulnerable; así como contratar a migrantes como agentes crediticios para obtener un mejor conocimiento de ellos y así mejorar la atención que les brindan.
Todos sabemos que una población con acceso a financiamiento formal tiene mayores posibilidades de salir de la pobreza, puede crear riqueza y, paulatinamente, asumir costos como los de su salud y educación, así como los de sus propias familias. En la condición actual de vulnerabilidad en la que se encuentra la mayoría de la población migrante, muchos de ellos no pueden asumir estos costos, los cuales son proporcionados inicialmente por el Estado.
Adicionalmente, al acceder a financiamiento formal, se les aleja del riesgo de caer en las garras del crédito informal, de la marginalidad e, incluso, de la violencia y el delito. Finalmente, pueden mejorar su educación y convalidar sus estudios y títulos, creándose nuevas oportunidades laborales y contribuyendo con su integración y la de sus familias a la sociedad peruana, así como al desarrollo del país.
Por ello, la inclusión financiera de los migrantes y refugiados no debe ser solo un esfuerzo de las entidades del sector microfinanciero, también debe ser parte de una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y se ejecute de forma prioritaria y con premura.
Cualquier falta de decisión o dilación por parte de las autoridades del Gobierno no solo traerá efectos negativos para los migrantes, sino también para todo el país, incrementando los costos que tiene que asumir el Estado peruano. En ese sentido, el aporte más importante que en estos momentos puede hacer el Estado para la inclusión financiera de los migrantes y refugiados es reducir las barreras que les impide acceder al crédito.
En la actualidad, solo los residentes extranjeros con carné de extranjería pueden obtener un crédito gracias a la identificación que realizan las instituciones de intermediación financiera en forma automática con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
En cambio, el registro e identificación de los migrantes que tienen Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) está a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones y esta base de datos no está conectada en forma automática con las instituciones financieras.
Cualquier verificación de identidad por parte de estas últimas debe hacerse en forma manual, lo cual es un proceso engorroso y costoso que inhibe al sistema financiero de otorgarles créditos.
Se calcula que hay una población migrante de 300 mil personas con carné de extranjería, quienes sí tienen acceso al crédito, y otros 300 mil con CPP, sin embargo, esta última cifra debe ir rápidamente en aumento considerando los esfuerzos que está haciendo el Estado por regularizar a los que se encuentran en el país en forma irregular.
A ellos, se suman los más de 80.000 solicitantes de refugio cuyas solicitudes se procesan a través de la Comisión Especial para Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
Pese a que esta población también podría acceder a servicios financieros, no lo hace porque el sistema financiero tampoco puede realizar una verificación automática de datos en los registros de la Cancillería.
La inclusión económica de los migrantes debe ser un objetivo primordial del Estado peruano, y la inclusión financiera es uno de sus pilares. Sin tener acceso a servicios financieros formales no hay una inclusión económica sostenible, tampoco posibilidades de desarrollar emprendimientos, ni empleabilidad. No hay tiempo que perder.