MEJOR GESTIÓN AYUDARÍA EL ELEVAR NIVEL DE VIDA
Los gobiernos de América Latina deberán mejorar la gestión y capacidad del sector público, incluyendo la asignación presupuestaria, para compensar la presión sobre los fondos públicos producida por la caída en los precios de las materias primeras, según un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluyó a más de 15 países de la región.
La investigación “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2019”, expone que restaurar una productividad estancada, reducir la disparidad de ingresos y mejorar las redes de seguridad social, requerirá un mejor manejo del gasto gubernamental y una mayor calidad de la gobernanza pública en general.
El informe halla que el gasto público en escuelas y hospitales puede aliviar la inequidad en los ingresos, pero los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) no invierten lo suficiente en tales servicios. En promedio, los países de ALC destinan sólo el 8.7% de su PIB a programas sociales como educación, salud, subsidios de desempleo y pensiones, contra 16.8% en países de la OCDE.
El estudio se basa en realidades de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, México, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Colombia, Chile, Paraguay, Jamaica y Perú.
Los hallazgos más significativos del informe, incluyen:
• Las dimensiones del estado varían entre países de ALC, pero en general es relativamente pequeño. El gasto público promedio de los países de ALC estudiados es de 31% de su PIB, comparado con el 41.5% en países miembros de la OCDE, si bien esta brecha se está achicando. Similarmente, el empleo público como porcentaje del empleo total promedia 12.4% en países de ALC, contra 21.6% en países miembros de la OCDE.
• A pesar de los recientes progresos, ALC continúa siendo una región altamente desigual en términos de ingresos de los hogares, como lo demuestra el coeficiente de Gini de la región, de 0.49 después de impuestos y transferencias, contra 0.29 en países miembros de la OCDE.
• Los gobiernos de América Latina y el Caribe podrían contribuir a la productividad económica de la región reduciendo las barreras al comercio y a la inversión, las cuales son mucho más elevadas que en la OCDE. Las regulaciones del mercado de productos también tienden a ser más restrictivas en los países de ALC.
• La política fiscal juega un papel más limitado en la distribución de ingresos en ALC que entre países miembros de la OCDE dado el bajo impacto distributivo de los impuestos y sistemas de beneficios.
• En cuanto a la calidad de los servicios públicos, la mayoría de los países de ALC actualmente posee un portal de ciudadanía nacional como punto único de acceso a los servicios estatales. Sin embargo, para acceder a todos los beneficios de estos portales, los distintos gobiernos deberían adoptar nuevas tecnologías.
• Los gobiernos de la región de ALC se encuentran realizando esfuerzos por poner la información abiertamente a disposición del público. Sin embargo, podrían hacer más por facilitar su uso por parte de ciudadanos y comprometerse con ellos en el diseño de soluciones que cubran sus expectativas y necesidades.