RETOS EN EL BICENTENARIO
LEYENDA: Para mejorar el desempeño económico del 2021, el Gobierno debe impulsar la inclusión financiera de la población y capacitar a las micro y pequeñas empresas (mypes) para aumentar su competitividad.
Por: Wilder Mayo Méndez., Director de Micro Finanzas
Al iniciarse el año del bicentenario de la independencia, el panorama macroeconómico, señalado en el reporte de inflación de diciembre del 2020 del BCR, indica que este año tendremos vientos favorables para la economía nacional. Como era de esperarse del reporte oficial, las proyecciones estiman altas tasas de crecimiento en diversos sectores: minería, construcción, exportaciones no tradicionales, entre otros; e indican que las condiciones macroeconómicas favorecerán la reactivación económica.
No obstante, el 2021 estará marcado por la incertidumbre, no solo política –propia de un año electoral–, sino también sanitaria (falta de vacunas), social y económica. Por lo tanto, conviene prestar atención a tres retos, relacionados entre sí: Reducir la tasa de desempleo, aprovechar la transformación digital de las empresas para facilitar la formalización y recuperar la confianza en las instituciones públicas.
El primero, reducir la tasa de desempleo. Se estima que solo en Lima Metropolitana se perdieron poco más de un millón de empleos debido a la pandemia. Por ende, es importante que las empresas recuperen su capacidad para crear puestos de trabajo. El acceso a financiamiento y las políticas públicas que se orienten a la generación de empleo debería ser una prioridad.
El segundo desafío consistirá en aprovechar la transformación digital de las empresas para facilitar la formalización. Esto no solo abre la puerta al comercio en línea, sino que también facilita el proceso de declaración y cumplimiento de las obligaciones tributarias. Al respecto, una apuesta audaz del Gobierno podría permitir crear empresas (formales) desde una computadora o un teléfono móvil en minutos, en lugar de pasar varios días en las oficinas públicas de la burocracia nacional.
El tercer reto integra a los anteriores: recuperar la confianza en las instituciones públicas. En los últimos años, la ciudadanía ha mostrado bajos niveles de confianza en instituciones claves para la sociedad y la economía. El reto de rescatar la confianza es enorme, especialmente en un año de campaña política, emergencia sanitaria y crisis económica; pero sus beneficios serían también altos: mercados más articulados, mejores relaciones entre empresas y gobierno, servicios públicos de mejor calidad, menos conflictividad social, y, sobre todo, mayor claridad para establecer metas de largo plazo.
“En la actualidad, los ruidos y riesgos sobre el futuro de la economía peruana se asocian al ámbito político. En la próxima contienda electoral, se esperan candidatos que no cuestionen el modelo económico del país en su totalidad y congresistas que no lleven adelante más iniciativas de gasto que desestabilicen la economía. Solo la devolución de aportes de la ONP representa USD 4 000 millones de gasto adicional, es decir, dos puntos del producto bruto interno (PBI), que generarán un forado en las cuentas fiscales”, opina Cesar Fuentes, Director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN.
Si el Congreso actual sigue esta tendencia, puede erosionar la base fiscal que es el pilar sobre el que se ha sostenido la economía peruana durante los últimos 30 años
INCLUSIÓN FINANCIERA
La situación de emergencia impuesta por el COVID-19 ha puesto en evidencia las tareas pendientes para el Estado y el sector privado, como mejorar los niveles de inclusión financiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, 4 de cada 10 peruanos adultos cuentan con un producto financiero y, si bien el 37% tiene una tarjeta de débito, solo el 7% la usa para hacer compras.
Para controlar y reducir el contagio del COVID-19, el gobierno optó por declarar al país en estado de emergencia, lo cual implicó un aislamiento social obligatorio. Esta medida puso en pausa diferentes actividades económicas y afectó principalmente a los sectores más vulnerables. Ante ello, el gobierno anunció una serie de subsidios en la forma de bonos para los más afectados.
La implementación de estas medidas de protección social puso al relieve la importancia del sistema financiero como intermediario en el reparto de estos bonos. Sin embargo, los bajos niveles de inclusión financiera reflejados en el limitado acceso al sistema financiero por parte de la población, dificultaron la entrega de los bonos.
A largo plazo, es necesario que el Gobierno actual y el próximo impulsen la inclusión financiera y la formalización de la población, a fin de facilitar su acceso al crédito y a iniciativas como los bonos universales. A nivel empresarial, es crucial capacitar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que desarrollen habilidades que mejoren su desempeño en el mercado actual.