Artículo publicado en la edición 248 de la Revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M248.pdf
El cambio climático ha dejado de ser un riesgo extraordinario para convertirse en un desafío permanente para el sistema financiero. Frente a esa nueva realidad, la regulación, el Estado y las entidades microfinancieras deben evolucionar para proteger simultáneamente la solvencia de las instituciones y la continuidad económica de sus clientes.
- Cada vez que el Fenómeno El Niño golpea al país, el sistema financiero enfrenta la misma escena: carreteras interrumpidas, cosechas perdidas, negocios paralizados y miles de pequeños empresarios que, de un día para otro, ven desaparecer el flujo de caja que les permitía cumplir con sus obligaciones. La primera preocupación suele centrarse en el aumento de la morosidad, las provisiones y el deterioro de la cartera. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente. El verdadero desafío comienza mucho antes y exige preguntarnos si el sistema financiero, el regulador y el propio Estado están preparados para responder a un riesgo que dejó de ser excepcional para convertirse en una amenaza recurrente.
- El cambio climático ha modificado la naturaleza del riesgo financiero. Durante décadas, las instituciones perfeccionaron metodologías para evaluar la capacidad de pago individual de cada cliente. Ese modelo funcionó razonablemente bien cuando los problemas eran aislados: un negocio que vendía menos, una mala decisión empresarial o un sobreendeudamiento. Pero el riesgo climático tiene una lógica distinta. Un solo evento puede afectar simultáneamente a miles de clientes, alterar cadenas productivas completas, interrumpir el transporte, reducir la actividad comercial y comprometer economías locales enteras. Ya no hablamos de riesgos independientes, sino de riesgos altamente correlacionados.
Cuando el riesgo deja de ser excepcional
Frente a esa realidad, el primer actor llamado a evolucionar es el regulador. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha demostrado en emergencias anteriores que es posible combinar prudencia con flexibilidad. Las reprogramaciones extraordinarias aplicadas durante desastres naturales permitieron aliviar temporalmente la situación de miles de deudores sin comprometer inmediatamente la clasificación de su cartera. Esa experiencia dejó una lección importante: preservar la estabilidad financiera no implica aplicar reglas rígidas cuando las circunstancias son extraordinarias.
- Sin embargo, el reto actual es diferente. Ya no basta con diseñar respuestas excepcionales cada vez que ocurre una emergencia. El riesgo climático debe incorporarse de manera estructural al marco de supervisión financiera.No porque se trate de relajar exigencias prudenciales, ocultar pérdidas o postergar el reconocimiento de deterioros, sino porque la regulación debe ser capaz de distinguir entre un problema permanente de solvencia y una interrupción temporal provocada por un desastre natural.
- Esa diferencia es fundamental. Un pequeño empresario que pierde su fuente de ingresos durante algunas semanas debido a una inundación no necesariamente ha perdido su capacidad de pago en términos estructurales. Lo que enfrenta es una interrupción transitoria de su actividad económica. Si el sistema responde tratando ambos casos exactamente igual, corre el riesgo de profundizar una crisis que inicialmente era temporal.
En ese sentido, la supervisión financiera enfrenta un desafío cada vez más complejo: construir herramientas prudenciales que permitan actuar con flexibilidad sin comprometer la transparencia del sistema. Los mecanismos extraordinarios deben ser temporales, objetivos, claramente definidos y sustentados en criterios técnicos. Solo así será posible proteger simultáneamente la confianza en el sistema financiero y la capacidad de recuperación de los clientes afectados.
- Pero la responsabilidad no recae únicamente en la SBS. El Estado también tiene un papel decisivo. Cuando un desastre climático golpea con intensidad una región, el problema deja de ser exclusivamente financiero para convertirse en un desafío económico y social. Si las entidades deben concentrar todos sus esfuerzos en proteger liquidez, patrimonio y provisiones, el crédito inevitablemente se contrae precisamente cuando las familias y las empresas más necesitan financiamiento para reconstruirse.
- Ese efecto procíclico representa uno de los mayores riesgos después de un desastre. Sin mecanismos de apoyo adecuados, la crisis climática puede transformarse rápidamente en una crisis de crédito. El resultado sería paradójico: las zonas que más requieren recursos para reactivar su economía serían justamente aquellas donde el financiamiento se vuelve más escaso.
- Por ello, el Estado debería avanzar en el fortalecimiento de instrumentos que permitan mantener el flujo de recursos hacia las actividades económicamente viables. Las líneas contingentes de fondeo de segundo piso, los esquemas de garantías parciales y otros mecanismos de cobertura pueden convertirse en herramientas clave para evitar que una emergencia climática termine debilitando la capacidad de intermediación financiera. En ese esfuerzo, COFIDE tiene condiciones para desempeñar un rol mucho más activo como banco de desarrollo, articulando recursos que permitan sostener la liquidez de las entidades solventes y facilitar la recuperación de los pequeños negocios.
La discusión tampoco debería limitarse al financiamiento. Los seguros agrarios, los seguros paramétricos y otros mecanismos de transferencia del riesgo continúan teniendo un desarrollo insuficiente frente a la magnitud del desafío climático. Durante años, estos instrumentos han sido considerados un complemento del crédito. Hoy deberían empezar a formar parte de su arquitectura.
- Naturalmente, ello exige productos sencillos, accesibles y con mecanismos de indemnización eficientes. Un seguro que el pequeño productor no comprende, que resulta demasiado costoso o cuya cobertura se vuelve impracticable al momento del siniestro difícilmente cumplirá su propósito. El desafío consiste en construir esquemas donde participen aseguradoras, reaseguradoras, entidades financieras y el propio Estado para distribuir un riesgo que, por su naturaleza catastrófica, no puede recaer exclusivamente sobre el cliente o la institución financiera.
- Pero si el regulador y el Estado están llamados a evolucionar, las entidades financieras tampoco pueden permanecer inmóviles. Durante muchos años, la exposición al riesgo se midió principalmente observando cuánto representaba la cartera agrícola dentro del portafolio total. Ese indicador ya no resulta suficiente. El Niño no solo afecta a quienes trabajan la tierra. También impacta al transportista que deja de movilizar mercancías, al comerciante que pierde clientes, al pequeño hotel que deja de recibir visitantes, al mercado que interrumpe sus operaciones o al proveedor que depende de una cadena logística dañada. Limitar la medición del riesgo climático al sector agropecuario conduce inevitablemente a subestimar la verdadera exposición de una entidad.
- La pregunta relevante ya no es cuánto se presta al agro, sino cuánta cartera está expuesta a un mismo evento climático. Eso implica incorporar herramientas de georreferenciación, analizar vulnerabilidades territoriales, identificar concentraciones por actividad económica y comprender cómo un fenómeno natural puede propagarse simultáneamente a múltiples sectores productivos.
La mejor gestión del riesgo sigue siendo conocer al cliente
- Ese cambio de enfoque también obliga a replantear la manera en que las instituciones gestionan el riesgo.Durante años, las pruebas de estrés se concentraron en proyectar escenarios de mayor morosidad, calcular el incremento de provisiones o estimar el impacto sobre la rentabilidad. Hoy esos ejercicios deben ser mucho más integrales. No basta con preguntarse cuánto aumentará la mora si ocurre un evento climático severo; la pregunta correcta es cuánto puede resistir una institución sin dejar de cumplir su principal función: seguir financiando la recuperación de sus clientes.
- Los escenarios de estrés deben incorporar la duración del fenómeno y, sobre todo, la persistencia de sus efectos económicos. Una inundación puede durar algunos días, pero la recuperación de una actividad productiva puede tomar meses. Durante ese tiempo, miles de clientes requerirán periodos de gracia, reprogramaciones, refinanciamientos o nuevo capital de trabajo para reiniciar operaciones. La capacidad de una entidad para responder a esa demanda determinará no solo la evolución de su cartera, sino también su aporte a la reactivación económica de las zonas afectadas.
Sin embargo, tampoco sería acertado responder endureciendo indiscriminadamente las políticas crediticias. Exigir mayores garantías, reducir montos, acortar plazos o elevar tasas puede mejorar algunos indicadores en el corto plazo, pero también puede expulsar del sistema financiero a quienes más necesitan respaldo. El desafío consiste en sofisticar la evaluación del riesgo, no en restringir el acceso al crédito.
- Eso supone incorporar variables climáticas al análisis crediticio, establecer límites de concentración por territorio y actividad económica, adecuar los cronogramas a los ciclos productivos y fortalecer los sistemas de alerta temprana. Significa, además, entender que el riesgo climático no debe traducirse automáticamente en un mayor costo para el cliente, sino en un mejor diseño del producto financiero, donde el plazo, las garantías, los seguros y la estructura del financiamiento respondan a la realidad de cada actividad económica. Las garantías seguirán siendo un elemento importante, pero nunca deberían reemplazar una adecuada evaluación de la capacidad de pago. Menos aún frente a un desastre natural, donde incluso los activos ofrecidos como respaldo pueden perder temporalmente valor o liquidez. La fortaleza de las microfinanzas nunca ha descansado en las garantías; ha estado en la capacidad de conocer a las personas detrás de los créditos.
- Y es precisamente allí donde aparece la principal ventaja competitiva de las entidades microfinancieras. A diferencia de otros segmentos del sistema financiero, las cajas municipales, cajas rurales, financieras y cooperativas mantienen una relación cercana con sus clientes. Conocen sus negocios, visitan sus establecimientos, entienden los ciclos de cada actividad y mantienen presencia en territorios donde la banca tradicional tiene una cobertura limitada.
- Ese conocimiento constituye un activo estratégico que cobra un valor aún mayor frente al cambio climático. Porque la próxima evolución de las microfinanzas no consistirá únicamente en conocer mejor al cliente desde una perspectiva financiera. Consistirá en comprender también el entorno en el que desarrolla su actividad: el territorio donde opera, la infraestructura de la que depende, la vulnerabilidad de su cadena de abastecimiento, la exposición de su mercado y los riesgos ambientales que pueden alterar su capacidad de generar ingresos.
En otras palabras, el análisis crediticio deberá evolucionar desde una mirada centrada exclusivamente en el cliente hacia una visión que incorpore el contexto en el que ese cliente desarrolla su actividad económica.
Ese cambio ya empieza a reflejarse en la propia evolución de la supervisión financiera internacional. Cada vez existe mayor consenso en que el riesgo climático no constituye una categoría independiente, sino un factor transversal que puede materializarse a través de los riesgos tradicionales de crédito, liquidez, mercado, operación e incluso reputación. Ignorarlo significa subestimar una fuente de vulnerabilidad que tendrá una incidencia creciente sobre la estabilidad del sistema financiero.
En el Perú, donde la recurrencia del Fenómeno El Niño y otros eventos extremos forma parte de nuestra realidad, esa adaptación no puede seguir postergándose. Incorporar el riesgo climático a la gestión integral de riesgos, al diseño de productos, a los modelos de evaluación crediticia y a la planificación estratégica dejará de ser un elemento diferenciador para convertirse en una condición necesaria de sostenibilidad.
Conocer al cliente ya no es suficiente
- Pero, por encima de los modelos estadísticos, las herramientas tecnológicas y las exigencias regulatorias, existe una reflexión que no deberíamos perder de vista. Con demasiada frecuencia, el sistema financiero es percibido como un actor que acompaña al cliente cuando su negocio prospera, pero se aleja cuando enfrenta dificultades. Esa percepción, justa o no, revela una oportunidad para redefinir la relación entre las entidades financieras y los pequeños empresarios.
- El objetivo de las microfinanzas nunca debería reducirse a recuperar un crédito. Su verdadera contribución consiste en preservar la continuidad económica de quienes generan empleo, producen y sostienen las economías locales. Cuando un negocio sobrevive a una crisis, aumenta también la probabilidad de recuperar el financiamiento otorgado. La protección del cliente y la protección de la cartera no son objetivos contrapuestos; son dos caras de una misma estrategia.
Pero hay una reflexión que el país no puede seguir postergando. Si el Fenómeno El Niño aparece de manera recurrente, ¿por qué seguimos respondiendo como si cada episodio fuera una sorpresa? Después de cada emergencia se anuncian medidas excepcionales, se flexibilizan temporalmente algunas reglas y se activan programas de apoyo. Cuando la crisis pasa, el debate desaparece y el sistema vuelve a operar bajo la misma lógica de siempre, hasta que llega el siguiente evento climático.
- Esa dinámica ya no resulta sostenible. El cambio climático dejó de ser una contingencia para convertirse en una variable permanente del entorno económico. En consecuencia, la discusión no debería centrarse en qué medidas extraordinarias adoptar cuando ocurra un desastre, sino en cómo construir un marco regulatorio y de política pública que incorpore el riesgo climático como parte de la gestión ordinaria del sistema financiero.
- Ese desafío interpela, en primer lugar, a la SBS. La supervisión financiera peruana ha demostrado capacidad para actuar con rapidez en contextos de emergencia, pero el siguiente paso consiste en consolidar una visión de largo plazo. No se trata de flexibilizar permanentemente las reglas prudenciales ni de reducir los estándares de solvencia. Por el contrario, se trata de fortalecer la resiliencia del sistema mediante lineamientos que incentiven una mejor medición de la exposición climática, una adecuada gestión de concentraciones geográficas, pruebas de estrés más sofisticadas y mecanismos que permitan distinguir entre un deterioro estructural de la capacidad de pago y una afectación temporal ocasionada por un desastre natural
- El reto también alcanza al Estado. Si el crédito es un instrumento para impulsar el desarrollo, no basta con exigir que las entidades financieras administren mejor sus riesgos. Es indispensable crear las condiciones para que puedan seguir financiando la recuperación económica cuando más se necesita. Ello supone fortalecer los mecanismos de garantías, ampliar las alternativas de transferencia del riesgo climático y consolidar líneas contingentes de fondeo que eviten que una crisis ambiental termine convirtiéndose en una crisis de crédito. Instituciones como COFIDE están llamadas a desempeñar un papel mucho más estratégico en esa tarea.
Pero ninguna regulación, por sofisticada que sea, reemplazará el principal activo de las microfinanzas: el conocimiento del cliente. Esa ha sido históricamente la ventaja competitiva de las cajas municipales y de las demás entidades especializadas en atender a la micro y pequeña empresa. Sin embargo, hoy ese conocimiento debe evolucionar. Ya no basta con evaluar ingresos, historial de pago o capacidad de endeudamiento. También es necesario comprender el territorio donde opera el negocio, la vulnerabilidad de su actividad económica, la dependencia de determinada infraestructura y los riesgos climáticos que pueden interrumpir su funcionamiento.
- En realidad, esa es la gran transformación que enfrenta el sector. Durante décadas aprendimos a conocer al cliente; ahora debemos aprender a conocer el contexto en el que ese cliente genera sus ingresos. Esa diferencia puede parecer sutil, pero será determinante para la sostenibilidad de las microfinanzas en los próximos años.
- Porque, al final, la verdadera prueba del sistema financiero no llegará cuando tenga que recuperar una cartera deteriorada, sino cuando sea capaz de evitar que miles de clientes viables desaparezcan como consecuencia de un evento climático. Si nuestra única preocupación sigue siendo cómo cobrar después del desastre, habremos llegado demasiado tarde.
- El país ya no necesita respuestas improvisadas frente a cada Fenómeno El Niño. Necesita una estrategia permanente que articule al regulador, al Estado y al sistema financiero alrededor de un mismo objetivo: preservar simultáneamente la solvencia de las instituciones, la continuidad de los pequeños negocios y el acceso al financiamiento en las zonas afectadas. Esa agenda aún está pendiente. Y mientras no se construya, cada nuevo evento climático volverá a poner en evidencia que el mayor riesgo para el sistema financiero no es únicamente el clima, sino nuestra demora en prepararnos para enfrentarlo.
La discusión no debería centrarse en qué medidas extraordinarias adoptar cuando ocurra un desastre, sino en cómo construir un marco regulatorio y de política pública que incorpore el riesgo climático como parte de la gestión ordinaria del sistema financiero.