Artículo publicado en la edición 247 de la revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M247.pdf
- Con probabilidades de entre 40% y 63% de un evento fuerte, el fenómeno climático amenaza con recortar hasta dos puntos porcentuales del PBI, golpear la pesca, la agroexportación y el bolsillo de los hogares, y poner a prueba a autoridades que, según los propios especialistas consultados, ejecutan apenas una quinta parte del presupuesto destinado a prevenirlo.
- El país transpira en pleno invierno. En Lima, la temperatura se mantiene varios grados por encima de lo habitual para un mes que debería estar marcado por el frío y la garúa costera, y ese detalle, aparentemente anecdótico, es en realidad el primer síntoma visible de un fenómeno que los economistas coinciden en calificar como el principal riesgo para la economía peruana en lo que resta de este año y el próximo: el Fenómeno El Niño (FEN), que esta vez llega en su modalidad doble, combinando el llamado Niño costero —que calienta las aguas frente a Tumbes y Piura— con el Niño global, que afecta la temperatura del océano Pacífico central y tiene repercusiones en todo el planeta.
- Los reportes más recientes de la Agencia atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ubican la probabilidad de un evento de magnitud fuerte entre 40% y 63%, según la fuente y la fecha de corte del pronóstico. La coincidencia entre especialistas de distintas instituciones —el Instituto Peruano de Economía (IPE), el Banco Central de Reserva (BCR), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la consultora ambiental Kené y la Universidad ESAN— es que ya no se trata de una posibilidad lejana, sino de un evento en desarrollo cuyos primeros efectos, sobre todo en la pesca, se sienten desde mayo de este año.
Un fenómeno que ya golpea, antes de llegar a su punto más duro
- La economista Lucila Pautrat, directora del instituto ambiental Kené, explicó en el programa La Hora del Economista, que la temperatura del mar peruano ya se encuentra 1.5 grados por encima de lo normal, y que la barrera que separa a un evento moderado de uno considerado fuerte —o incluso un “Súper Niño”— se ubica apenas dos grados por encima del promedio histórico. En ese mismo programa, la académica de la Universidad ESAN Mari Moyo Medina añadió que el fenómeno es monitoreado no solo por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA, por sus siglas en ingles), sino también por la Agencia Espacial Europea, a través de su servicio Copernicus, y que la señal de alerta se conoce desde el año pasado sin que, a su juicio, haya derivado en decisiones políticas proporcionales al riesgo.
- En la misma línea, Diego Macera, economista y miembro del Directorio del Banco Central de Reserva, señaló durante una exposición sobre el panorama macroeconómico del país que el diagnóstico ha cambiado con rapidez en los últimos meses: mientras que en marzo la discusión giraba en torno a un evento débil o moderado, hacia junio las probabilidades se desplazaron a un escenario entre moderado y fuerte, con una probabilidad de entre 40% y 50% de que termine siendo fuerte. Según los datos que citó de la NOAA, podría tratarse de uno de los eventos más intensos registrados en el Pacífico Central en los últimos 70 años.
- Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE, detalló en RPP, que el impacto en la pesca ya es medible: en los primeros 60 días de la primera temporada de captura de anchoveta de este año, la industria solo había capturado una cuarta parte de su cuota, frente a un nivel cercano al 100% en el mismo periodo de 2024 y de aproximadamente 80% en 2025. Solo en el mes de mayo, precisó, la captura de anchoveta cayó 98% frente a lo esperado, y en junio la caída bordeaba el 90%.
“Estamos ante un fenómeno que se anuncia ya desde el año pasado, pero se avanza muy poco. La visión que hay sobre los datos de la ciencia todavía no cala en la toma de decisiones políticas” Mari Moyo Medina, profesora e investigadora de la Universidad ESAN
Lecciones del pasado: la factura que dejaron los Niños anteriores
- Los especialistas consultados coinciden en usar la historia reciente como vara de medición. El exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, repasó en La Hora del Economista las cifras de los eventos más recordados: el Niño de 1982-83 costó cerca de 3,000 millones de dólares, equivalentes a 3% del PBI de la época; el de 1997-98 significó unos 3,500 millones de dólares, entre 1.5% y 2% del producto; el de 2017 —conocido como El Niño costero— se calculó en 17,000 millones de soles, y el más reciente, el de 2023-24, en 18,600 millones de soles. “Cada uno de ellos nos ha agarrado como si fuera la primera vez; no hemos aprendido casi nada”, lamentó el exfuncionario.
- El economista David Tuesta, en entrevista con la Red de Comunicación Regional, ofreció una lectura complementaria en términos de crecimiento: el Niño de 1982-83 redujo el PBI en cuatro puntos porcentuales, y el de 1997 lo hizo en dos puntos por debajo de lo proyectado.
- El evento más reciente, el de 2022-23 —que no llegó a ser de los más severos históricamente— ya generó pérdidas cercanas a los 3,000 millones de dólares y coincidió con una recesión técnica de la economía peruana.
- “Si el fenómeno actual replicara la magnitud de 1997-1998 las pérdidas económicas podrían escalar hasta los 10,000 millones de dólares”, advirtió Tuesta.
- Por su parte, Macera fue más cauto en su exposición sobre el panorama macroeconómico: el escenario base del BCR contempla un impacto de 0.8 puntos del PBI, pero en un escenario extremo, comparable a los eventos fuertes de 1982-83 y 1997-98, la reducción podría acercarse a 1.5 puntos porcentuales o más,según precisó en la ronda de preguntas y respuestas posterior a su presentación. Martín Valencia, del IPE, coincidió en que el episodio de 1983 provocó una caída de aproximadamente ocho puntos porcentuales en el crecimiento, mientras que el de 2017 restó cerca de un punto. “Si se tenía que crecer cuatro, hemos crecido solo tres debido al impacto del niño costero”, precisó. Para el evento actual, el IPE todavía no ha incorporado el impacto en sus proyecciones oficiales, aunque reconoce que ya se percibe en el sector pesquero.
Sector por sector: dónde golpea primero y con más fuerza Pesca: la primera y más inmediata víctima
- Según el INEI, al mes de abril el sector Pesca contribuyó 0.74% al PBI. El calentamiento del mar es, para todos los especialistas consultados, el canal de transmisión más directo e inmediato. David Tuesta remarcó que el mar peruano ya se encuentra 3.5 grados por encima de lo normal, un nivel que ya obligó a suspender la captura de anchoveta y que pone en riesgo la existencia misma de una segunda temporada de pesca este año, con el consiguiente impacto en empresas, trabajadores del sector y en el precio de los productos marinos. Martín Valencia añadió una capa adicional: el golpe no se limita al mes en que no se pesca, sino que se traslada al siguiente, porque la elaboración de harina de pescado toma entre 15 y 20 días adicionales tras la captura, de modo que las cifras de crecimiento y de exportaciones del segundo y tercer trimestre del año se verán resentidas.
Agricultura: floración, sequía y cosechas en riesgo
- Según el INEI, al mes de abril el sector Agropecuario contribuyó 5.97% al PBI. El impacto agrícola tiene, según los especialistas, dos caras según la región.
- En la costa norte y central, las altas temperaturas actuales afectan la floración de frutos como el limón de Piura, el mango, la uva y el arándano —este último ya había sufrido una caída fuerte en 2023 por el mismo motivo, aunque Valencia señaló que en 2026 algunas variedades con semillas más adaptadas al calor podrían amortiguar el golpe—. Más adelante, entre diciembre y marzo, serán las lluvias e inundaciones las que amenacen cultivos como el arroz y la caña de azúcar en la costa norte, y el plátano en la selva. Diego Macera cuantificó el impacto agregado: los sectores primarios —agro, pesca y manufactura primaria— restarán 1.6 puntos porcentuales al crecimiento de este año, por la afectación de cultivos como arándanos, uvas, papa y arroz.
- En la sierra, el patrón se invierte: la amenaza no es la lluvia, sino la sequía. Valencia explicó en RPP que la menor disponibilidad hídrica reduce la producción de cultivos clave como la papa y afecta a la actividad ganadera, mientras que en la costa el propio calor golpea la crianza avícola —pollo y gallina— con menores volúmenes y, por lo tanto, mayores precios.
Infraestructura, logística y comercio
- Solo el sector Comercio aportó 10.8% al PBI de abril. Los cuatro especialistas describen un mecanismo similar para el segundo semestre del año: cuando lleguen las lluvias intensas, los huaicos y los deslizamientos cerrarán carreteras y quebradas, interrumpiendo el sistema logístico del país. David Tuesta subrayó que el golpe a la agroexportación es, en ese escenario, doble: por un lado, los retrasos logísticos hacen que los productos no lleguen a tiempo a los puertos y se pudran o encarezcan; por otro, los cambios de temperatura reducen directamente el volumen cosechado, lo que erosiona la competitividad del Perú frente a otros países exportadores.
- Martín Valencia agregó que incluso los cultivos no inundados pueden perderse si las vías de acceso colapsan y los productos perecibles no logran llegar a los mercados a tiempo o al precio esperado por los agricultores.
El golpe al bolsillo: inflación y la economía de los hogares
- Para el consumidor final, el fenómeno se siente en dos frentes: los precios y la vulnerabilidad física de la vivienda. Sobre el primero, Diego Macera precisó en su exposición que la inflación actual es, ante todo, un choque de oferta vinculado a factores externos —la guerra en Irán y el alza de combustibles y fertilizantes— y no una presión de demanda interna, por lo que la llamada “inflación núcleo”, que excluye alimentos, energía y transporte, se mantiene en un nivel saludable de 1.6%.
- “El Banco Central no debería intervenir con instrumentos de política monetaria pensados para enfriar la demanda, y las autoridades deberían evitar errores históricos como el control de precios —por ejemplo, en el limón—, que solo profundizaría la escasez al desincentivar la producción”, recomendó Macera.
- Consultado sobre cuánto podrían subir los precios de productos como el arroz, las verduras o el pollo si la producción agrícola cae por un Niño fuerte, Macera evitó dar una cifra sin un análisis detallado de por medio, aunque se comprometió a compartir estadísticas de inflación de alimentos por producto más adelante.
- Martín Valencia, por su parte, ya había anticipado en RPP que el menor volumen de producción avícola —afectada por el calor— presiona al alza el precio del pollo, uno de los productos más sensibles para el gasto de los hogares peruanos.
- El segundo frente, más físico que monetario, es la vulnerabilidad de la vivienda. Valencia citó una estimación del propio IPE según la cual el 60% de las viviendas del país —tres de cada cinco, unos cuatro millones de hogares— son informales, es decir, carecen de estructuras adecuadas, de servicios básicos o de título de propiedad. Esa informalidad, explicó, no solo afecta a quienes viven junto a una quebrada: incluso en zonas urbanas consolidadas de Lima, Trujillo o Chiclayo la falta de sistemas de drenaje adecuados deja a las viviendas expuestas a las lluvias.
“Tres de cada cinco viviendas en todo el país son informales. Estas viviendas, en muchos casos, van a estar más vulnerables a las lluvias, incluso cuando llueve en una zona urbana” Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE
¿Existen sectores que se benefician del fenómeno?
- Ninguno de los especialistas consultados planteó, de forma explícita, un “ganador” claro del fenómeno;el consenso apunta a que se trata, en el agregado, de un evento de pérdidas netas para la economía peruana. Sin embargo, de sus propios diagnósticos se desprenden algunas actividades que, en el corto plazo o de manera indirecta, podrían mostrar un comportamiento distinto al del promedio.
- Construcción y materiales: Diego Macera destacó que el consumo interno de cemento crece a un ritmo superior al 10% entre abril y mayo, impulsado en parte por obras de mitigación y por la inversión privada, que se proyecta expandir entre 13% y 14% en el primer semestre. Un eventual impulso a la reconstrucción, si se ejecuta con oportunidad, tendería a sostener la demanda de este sector en el mediano plazo, aunque los propios especialistas remarcan que la ejecución del gasto en prevención sigue siendo baja.
- Zonas agrícolas del sur andino: según explicó Macera en la sesión de preguntas de su exposición, en el sur andino y en Cusco el fenómeno se manifiesta históricamente más como sequías y heladas que como lluvias intensas; ello no evita el daño, pero sí diferencia el calendario y el tipo de cultivo afectado frente a la costa norte, lo que en algunos casos ha permitido a productores de esa zona compensar parcialmente la menor oferta costera con precios relativos más favorables en ciclos pasados.
- Semillas y tecnología agrícola adaptada: Martín Valencia mencionó que, a diferencia de 2023, este año algunos productores de arándano ya utilizan variedades de semillas más resistentes al calor, lo que podría atenuar —sin eliminar— la pérdida de producción en esa cadena exportadora.
“En todos los casos, los propios especialistas advierten que se trata de efectos relativos o de corto plazo, no de compensaciones que equilibren el impacto negativo agregado sobre el PBI, el empleo y la inflación.”
Geografía del riesgo: un país con al menos cuatro climas de crisis
- Uno de los puntos en los que más insistieron los especialistas es que el Perú no enfrenta un solo fenómeno, sino varios simultáneos según la región. Mari Moyo Medina, de la Universidad ESAN, ofreció la cifra más precisa al respecto en La Hora del Economista: el país tiene 159 cuencas hidrográficas, de las cuales 14 son consideradas críticas de cara a este evento.
- “Hay que invertir no solo en la parte baja de esas cuencas —lo habitual, y lo que suele hacerse tarde—, sino también en la parte media y alta, combinando infraestructura “gris” (obras de ingeniería) con infraestructura natural”, dijo Moyo.
- Andrés Alencastre fue más específico sobre la vertiente occidental de los Andes, donde identificó 52 cuencas sin, según denunció, un solo documento técnico que precise cómo debe intervenirse en cada una —mencionó expresamente los casos de las cuencas del Caplina, el Sama y el Chili—. Su diagnóstico es que existe una “hegemonía de la sectorialidad” en la gestión estatal, que impide ver al territorio de forma integral.
- “Las respuestas deben ser específicas para cada lugar”, insistió Alencastre, recordando que el comportamiento de un mismo cultivo, como el algodón, ya es distinto entre Piura e Ica.
- En la costa norte, el diagnóstico compartido por Diego Macera, David Tuesta y Martín Valencia apunta a Tumbes y Piura como las zonas de mayor exposición: ahí se concentran tanto el recalentamiento marino más temprano como la infraestructura hidráulica de mayor antigüedad.
- Macera fue enfático en su exposición sobre la situación de Tumbes, donde identificó embalses y obras que no soportan los aforos de eventos pasados, hospitales y carreteras incompletas, y proyectos de protección de quebradas con ejecución presupuestal en cero.
- En el sur andino, incluido Cusco, el propio Macera precisó —al ser consultado en la ronda de preguntas— que el fenómeno tiende a manifestarse de forma distinta: no como lluvias extremas, sino como sequías y heladas, un patrón que exige una preparación local específica que, a su juicio, hoy no existe de manera plena.
“Finalmente, en Lima y otras ciudades costeras como Trujillo y Chiclayo, el riesgo identificado por Martín Valencia no proviene únicamente de las quebradas, sino de la falta de sistemas de drenaje urbano capaces de absorber lluvias inusuales en zonas donde históricamente casi no llueve.”
La brecha de prevención: lo que cuesta no actuar a tiempo
- Si hay un punto en el que coinciden, con distintas cifras, los cinco especialistas consultados, es en que el Estado peruano invierte poco y ejecuta menos de lo que el riesgo exige. Martín Valencia citó una cifra del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED): solo 30% de los gobiernos regionales y municipalidades del país cuentan con un plan de prevención frente a riesgos de desastres naturales aprobado y vigente.
- Diego Macera fue más allá con datos de ejecución presupuestal: al cierre de junio, el gobierno nacional solo había ejecutado 20% de su presupuesto para desastres, mientras que los gobiernos regionales y locales promediaban entre 20% y 30%. Puso como ejemplo a Tumbes, donde existen partidas presupuestadas para proteger quebradas que, sin embargo, registran gasto cero. Su comparación más contundente fue de costos: el presupuesto de prevención ronda los 2,000 millones de soles, mientras que la reconstrucción tras el último Niño fuerte demandó al menos 25,000 millones de soles, doce veces más.
- Tuesta añadió una capa adicional de preocupación: el proceso de Reconstrucción con Cambios, creado tras el Niño costero de 2017, contemplaba 85 proyectos, de los cuales se priorizaron solo 12, con un avance de apenas 20%. “Nos convierte en una caricatura de país llegar a un nuevo Niño sin haber completado reconstrucciones anteriores y sin recursos adicionales de prevención”, sostuvo.
- Según Tuesta, el presupuesto para desastres se mantiene prácticamente congelado en alrededor de 3,000 millones de soles año tras año, sin partidas adicionales pese a la magnitud del riesgo anunciado.
- Consultado sobre si los 2,000 millones de soles anunciados por el gobierno alcanzan para enfrentar el fenómeno en el norte del país, Macera fue cauto: dijo no poder asegurar si la cifra es suficiente y recordó que la reconstrucción posterior a un Niño fuerte anterior costó al menos 25,000 millones de soles, por lo que lo razonable sería anticipar una necesidad de recursos bastante mayor.
- También, aclaró Tuesta, en esa misma sesión de preguntas, que la cifra correcta discutida en medios no son “dos millones de dólares”, sino 2,000 millones de soles, y que su suficiencia dependerá tanto del diseño de los proyectos como de la capacidad real de ejecutarlos antes de que lleguen las lluvias.
- Mari Moyo Medina explicó que buena parte del problema es de enfoque: el país sigue instalado en lo que Naciones Unidas clasifica como “gestión reactiva” —gastar de emergencia, saltando barreras administrativas una vez declarado el desastre—, en lugar de una gestión prospectiva, que planifica a largo plazo, o correctiva, que interviene sobre riesgos ya identificados, como ocurre en Chosica.
“Como parte de un esfuerzo puntual en esa dirección, adelantó Moyo que el 9 de julio se reunirán en la Universidad Nacional de Ingeniería tres rectores con el alcalde de Chosica y representantes del gobierno nacional para firmar un convenio de intervención territorial con horizonte hasta el año 2030.”
El reto pendiente: qué le piden los especialistas al próximo gobierno
- El calendario político añade una complejidad adicional. Martín Valencia recordó que el nuevo gobierno nacional no asumirá funciones en enero —cuando arrancan las gestiones municipales y regionales—, sino a finales de julio, lo que en teoría le da más tiempo para prepararse y orientar a las autoridades subnacionales antes de la temporada de lluvias de diciembre a marzo. Diego Macera advirtió, sin embargo, que ese mismo cambio de autoridades subnacionales en enero, justo en pleno periodo de lluvias, podría paralizar proyectos críticos si no existe un liderazgo claro desde el gobierno central.
- David Tuesta fue el más crítico con la agenda actual. “No vemos que esto esté en la agenda de prioridades del gobierno actual ni del Congreso, más preocupados por créditos suplementarios que no incluyen labores de prevención. Es como un elefante que se acerca y será difícil de detener”, señaló. Para el exministro, el riesgo climático debería ocupar, junto a la inseguridad ciudadana, un lugar central en la agenda del gobierno entrante, dado que compromete directamente la posibilidad de que el país acelere su crecimiento y reduzca la pobreza.
- Andrés Alencastre propuso tres líneas concretas de acción: que cada gobierno regional declare las características específicas de su propia emergencia, en lugar de aplicar recetas homogéneas; que se rompa la rigidez presupuestal actual y se declare a la cuenca —no al distrito o la provincia— como unidad de gestión territorial, mediante mancomunidades; y que se creen mecanismos de participación de la población organizada, con obras como andenes, zanjas y cochas en la parte alta de las cuencas, refuerzo de riberas en la parte media, y sistemas de dispersión del agua en la parte baja.
- Mari Moyo Medina, por su parte, pidió al gobierno entrante que la respuesta al fenómeno sea su primera prioridad, y que convoque a los técnicos más calificados del país con un mandato explícito: no pensar únicamente en el Niño de este año, sino en los próximos cinco a diez años. Lucila Pautrat coincidió en que el problema de fondo no es solo climático sino de ordenamiento territorial: mientras el país no cuente con una política de restauración de ecosistemas y de reforestación —lo que ella describió como “la tecnología más eficiente” para amortiguar estos eventos—, seguirá dependiendo de medidas provisionales, como el descolmatamiento de cauces, que no atacan la raíz del problema.
- Pautrat añadió un dato que conecta el fenómeno climático con una discusión legislativa en curso: la Amazonía peruana acumula ya cerca de 11 millones de hectáreas deforestadas —un área comparable a la de la región Loreto—, a un ritmo actual de 150,000 hectáreas por año, en parte porque la modificación reciente de la ley forestal —que ella calificó como una “ley antiforestal”— habría blanqueado deforestación previa y debilitado la persecución penal de delitos conexos, como la minería ilegal y el tráfico de tierras. Según su estimación, 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú proviene precisamente del cambio de uso de tierras forestales, lo que —advirtió— retroalimenta la frecuencia e intensidad de fenómenos como este.
Una economía resiliente frente a un riesgo que no espera
- El fenómeno El Niño llega en un momento de relativa fortaleza de la economía peruana. Diego Macera documentó, en su exposición, que el empleo formal en el sector privado creció 5.4% entre enero y abril —entre cuatro y cinco veces más rápido que la Población Económicamente Activa—, que la inversión privada se expandió 10% el año pasado y podría crecer entre 13% y 14% en el primer semestre de este año, pese a tratarse de un año electoral, y que indicadores como el consumo de cemento y la recaudación del IGV confirman ese dinamismo.
- Con todo, el propio BCR proyecta que la economía crecerá 3.4% este año, por debajo del 4% o más que alcanzaría sin el impacto del fenómeno, y estima que el país sería, aun así, el segundo de mayor crecimiento en la región, solo detrás de Paraguay.
- Ese colchón macroeconómico, sin embargo, no es garantía de nada frente a un evento que, según Tuesta, podría recortar el crecimiento a apenas 1% o 1.5% en 2027 si se replican los escenarios más severos del pasado, lejos del objetivo de crecer al 6% que el país necesita para reducir la pobreza de forma sostenida.
- La diferencia entre que ese golpe sea manejable o profundo, coinciden todos los especialistas consultados, dependerá de una variable que no depende del clima sino de la gestión pública: la velocidad y la calidad con la que el Estado —el que se va y, sobre todo, el que llega en julio liderado por Keiko Fujimori— ejecute la prevención antes de que empiecen las lluvias.
“En Tumbes existen proyectos de protección de quebradas con ejecución cero. La prevención es políticamente poco atractiva porque no es tan visible como inaugurar un estadio” Diego Macera, economista y director del BCR
“El Niño Costero dejaría pérdidas por más de US$ 3.000 millones y afectaría a 9,6 millones de peruanos”, advierte Conveagro
- La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) estima que el impacto combinado de los fenómenos El Niño Costero y Global superaría los US$ 3.000 millones en pérdidas para el país, según su reciente “Agenda de Emergencia para el Agro”. El gremio proyecta que la producción nacional de alimentos podría contraerse hasta en un 50%, lo que golpearía con especial dureza a los hogares de menores ingresos y pondría en jaque la seguridad alimentaria.
- El diagnóstico del sector agrario señala que 855 distritos de 18 regiones ya registran daños, con un total de 9,6 millones de personas expuestas. La infraestructura crítica tampoco escapa: 2,4 millones de viviendas, 17.000 colegios y 5.000 centros de salud han resultado afectados.
- En el terreno productivo, los cultivos emblemáticos muestran caídas alarmantes: la aceituna retrocede 70,8%; la fresa, 60,6%; el maíz choclo, 42,4%; y la palta, 6,9%. La papa, el arroz, las menestras, la cebolla y el mango también presentan pérdidas severas en distintas fases fenológicas.
- El Estado debe dejar de abordar esta emergencia como un episodio pasajero y asumirla como un problema estructural. Solo así se podrá evitar que crisis de esta magnitud se repitan, sostuvo Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro.
- Añadió que la caída de la oferta interna, sumada al consiguiente incremento de precios, eleva el riesgo de inseguridad alimentaria y podría profundizar la dependencia de importaciones si no se adoptan medidas urgentes.
- El impacto no se limita a los cultivos de la costa. Desde la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas alertaron sobre el efecto en el empleo rural altoandino: “El costo de mantener la producción se ha disparado; muchos criadores ya no pueden sostener sus cuadrillas. Eso no solo reduce el ingreso familiar, sino que amenaza la continuidad del trabajo en comunidades que dependen de la ganadería camélida”, advirtieron.