El tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia alerta sobre la creciente vulnerabilidad de la población frente al phishing, una modalidad delictiva que avanza por canales como SMS y WhatsApp, sin que exista una respuesta nacional articulada.
(*) Artículo publicado en la edición 235 de la revista Microfinanzas https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M235.pdf
En un contexto de creciente digitalización, el delito cibernético del phishing se ha consolidado como una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana en el entorno virtual. Según el tercer Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, elaborado por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., el 70% de los peruanos reconoce sentirse poco o nada seguro para identificar este tipo de fraudes, lo que evidencia la vulnerabilidad generalizada frente a una modalidad que se vale de la ingeniería social para engañar y robar información personal.
El phishing consiste en suplantar la identidad de instituciones reconocidas –como bancos, empresas o entidades del Estado– a través de páginas web falsas o mensajes, con el fin de obtener datos confidenciales, como contraseñas, claves bancarias o códigos de verificación. Esta técnica ha evolucionado y se adapta con rapidez a los nuevos canales digitales, lo que dificulta su detección y facilita su propagación.
Ante la pregunta “¿A través de cuál de los siguientes medios recibe con más frecuencia mensajes que le parecen sospechosos o potencialmente fraudulentos?”, el canal más señalado fue el SMS, con un 27% de las respuestas, seguido muy de cerca por WhatsApp, con un 26%. Facebook ocupa el tercer lugar, con un 17%, mientras que medios más tradicionales como llamadas telefónicas y correos electrónicos quedan rezagados.
Este cambio en las plataformas empleadas por los delincuentes refleja una transformación en los métodos de ataque. Los SMS, al estar regulados por OSIPTEL, pueden ser monitoreados por las autoridades nacionales. Sin embargo, aplicaciones como WhatsApp o Facebook, propiedad de Meta Platforms Inc., operan sobre Internet y no están sujetas a la misma regulación, lo que limita la capacidad de respuesta de las instituciones peruanas frente a estos fraudes.
Una de las principales preocupaciones identificadas en el informe es la limitada capacidad de la población para reconocer y actuar ante estos intentos de estafa. Solo el 8% de los encuestados se considera muy seguro de poder detectar un caso de phishing, mientras que un 13% se siente algo seguro. El resto –siete de cada diez personas– admite no tener herramientas para protegerse.
Esta percepción se mantiene en todas las regiones del país y se agudiza en los sectores socioeconómicos más vulnerables. El nivel socioeconómico DE presenta los niveles más altos de inseguridad: el 74% se declara poco o nada seguro frente al phishing. En contraste, el segmento AB muestra mejores niveles de confianza, con un 39% que se considera algo o muy seguro para enfrentar esta amenaza digital.
La falta de alfabetización digital y la ausencia de campañas masivas de prevención limitan la capacidad de respuesta de la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos de algunas entidades financieras para educar a sus clientes, no existe aún una estrategia nacional articulada para combatir el phishing, que combine regulación, cooperación con empresas tecnológicas y programas educativos.
El informe también revela que esta sensación de inseguridad digital no es un fenómeno aislado. Tiene una correlación directa con la salud mental de los peruanos. El 75% de las familias afirma que la inseguridad ciudadana –que incluye tanto la criminalidad tradicional como los delitos digitales– ha impactado negativamente su salud mental.
De manera más específica, el 29% de la población indica que los niveles de ansiedad y estrés en sus hogares han aumentado considerablemente debido a la delincuencia.
Otro 46% reporta un incremento moderado en su salud emocional como consecuencia del clima de inseguridad que atraviesa el país.
Este impacto emocional es particularmente alto en los niveles socioeconómicos más altos: el 88% del segmento AB y el 84% del C reportan estar emocionalmente afectados. Aunque en el sector DE el impacto es menor, un significativo 67% reconoce algún nivel de afectación por la inseguridad.
Negocios cerrados
La inseguridad ciudadana no solo amenaza la integridad física o emocional de los peruanos, sino también la vida económica de sus barrios. Según el Reporte, el 32% de los peruanos afirma que, en los últimos 12 meses, negocios de cercanía –como bodegas, peluquerías o restaurantes– han cerrado o limitado sus actividades debido a la delincuencia. En Lima, el impacto es aún más severo: la mitad de los encuestados reporta haber visto afectado el comercio local en su entorno inmediato.
Este dato revela cómo la criminalidad altera profundamente la dinámica social y económica cotidiana.
“El cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida diaria. Esto no es solo un problema policial, sino un fenómeno que deteriora el entorno económico, social y emocional de millones de personas”, advirtió Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del informe.
El cierre de estos pequeños comercios no solo limita el acceso a productos y servicios básicos, sino que debilita el tejido comunitario y genera un efecto en cadena que profundiza el temor, el desempleo y la desconfianza en las autoridades. La percepción de inseguridad no es abstracta: se traduce en persianas cerradas, calles vacías y relaciones sociales quebradas.
En paralelo, el estudio recoge que un 36% de los peruanos vive actualmente en zonas declaradas en estado de emergencia por motivos de seguridad. Esta cifra se eleva a 60% en Lima, mientras que en el interior del país desciende al 24%. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre la efectividad de estas medidas excepcionales es ampliamente negativa.
Medida equivocada
Solo el 9% de la población considera que las declaratorias de emergencia han dado buenos resultados. Por el contrario, más de la mitad califica estas medidas como malas o muy malas. Esta evaluación crítica pone en evidencia el creciente escepticismo frente a estrategias represivas que, en la práctica, no logran disuadir el avance del crimen ni brindar protección efectiva.
El informe también detalla que el rechazo a estas medidas es más fuerte entre los sectores con mayor nivel socioeconómico, como el AB, donde un 60% califica los resultados como malos. En los segmentos C y DE, esta visión negativa alcanza el 55% y 45%, respectivamente. Es decir, la desconfianza se extiende a lo largo del espectro social.
A nivel territorial, la insatisfacción con las declaratorias de emergencia también varía. En Lima, un 59% considera que los resultados han sido negativos, mientras que en el interior del país hay una opinión más matizada: el 47% califica la medida como “regular”, aunque el 41% también la considera “mala” o “muy mala”.
