MOROSIDAD BANCARIA LLEGÓ A 3.24% EN FEBRERO POR COMPLICACIONES EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
La morosidad de la banca peruana llegó a 3.24% en febrero, cifra mayor en 0.12 puntos porcentuales (p.p.) frente al mes previo, y superior en 0.26 p.p. en comparación con febrero de 2017.
El aumento reportado en el último mes responde principalmente al alza en la morosidad de los créditos corporativos y a grandes empresas. Una situación poco común en los últimos tiempos. En menor medida influyó la mayor tasa de impagos de los créditos a pequeñas empresas, microempresas y medianas empresas, así como de los créditos hipotecarios. No obstante, esto se vio compensado parcialmente por un ligero retroceso en la morosidad de los préstamos de consumo.
En ese sentido, y revisando con mayor detalle los resultados, llama la atención particularmente el incremento reportado en la mora de créditos corporativos, la que alcanzó un nivel antes no visto para este tipo de créditos.
Analizando los resultados vemos que el alza está relacionada con las complicaciones que se han venido presentando el sector construcción, y que están vinculadas a los casos de corrupción que tanto daño vienen causando al país, y que han generado graves problemas económicos no solo a las empresas directamente dedicadas a la actividad de construcción, sino a las que venían ofreciendo servicios a éstas últimas. Esto pone en peligro los puestos de trabajo de muchos peruanos y detiene grandes proyectos de inversión en nuestro país.
Lo anterior no hace sino reforzar nuestra preocupación respecto a la urgencia de que se emita a la brevedad el reglamento de la Ley N°30737, (que reemplazó el D.U 003), norma que entró en vigencia el 13 de marzo de este año y que busca garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, sin que se afecte la continuidad de los negocios y los puestos de trabajo de miles de peruanos.
Vemos, pues, que el riesgo de impedir que las empresas continúen operando, se traduce también un alza en la morosidad bancaria, por la ruptura de la cadena de pagos que pone en riesgo a la economía del país por actos de corrupción.
Como se recordará, en febrero del 2017, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 003, norma que impedía la venta o transferencia de activos de las empresas vinculadas al caso Odebrecht y cuyos resultados no fueron los esperados.