Artículo publicado en la edición 249 de la Revista Microfinanzas
https://statuscomunicaciones.pe/microfinanzas/M249.pdf
- El Perú enfrenta un nuevo episodio de El Niño con una protección financiera mínima frente a catástrofes. Solo el 4.5% de las viviendas urbanas tiene algún seguro, menos del 1% de los negocios cuenta con coberturas contra incendio y riesgos asociados, y apenas el 0.4% de los colegios públicos está protegido. La baja cultura aseguradora convierte cada inundación, sequía o terremoto en un problema no solo humanitario, sino también fiscal, empresarial y financiero.
El próximo desastre natural no encontrará al Perú sin advertencia. Pero sí podría encontrarlo, otra vez, prácticamente sin seguro.
- La Comisión Multisectorial del ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y, en su último comunicado del 28 de agosto, advierte una probabilidad igual o superior al 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.
- Para el trimestre septiembre-noviembre proyecta lluvias superiores a lo normal en la costa norte, con episodios que podrían comenzar a intensificarse desde noviembre; mientras que en zonas de la sierra sur las precipitaciones tenderían a ubicarse entre normales e inferiores a lo habitual. (ENFEN)
- Es una combinación especialmente delicada para una economía en la que el riesgo climático puede trasladarse con rapidez desde un cultivo afectado por exceso o falta de agua hasta una carretera interrumpida, un pequeño comercio sin ventas, una deuda que deja de pagarse y, finalmente, las cuentas fiscales del Estado.
Y el punto de partida es débil. Según el Reporte asegurador 2025 de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), la penetración de seguros —medida como las primas netas respecto del PBI— fue de apenas 2% en 2025, frente al 3.3% de América Latina y el Caribe y al 7.2% mundial. Dentro de la Alianza del Pacífico, Perú también aparece último: Chile alcanza 4.8%, Colombia 3.3% y México 2.9%.
- El problema se vuelve mucho más crítico cuando se mira específicamente la protección frente a catástrofes. Los estimados más optimistas recopilados por APESEG señalan que los seguros reponen menos del 1.5% de las pérdidas ocasionadas por desastres naturales en el Perú. En otras palabras, la brecha de protección llega al 98.5%. El resto de la factura termina siendo asumida por las familias, las empresas y, en buena medida, por el presupuesto público.
El Niño: del campo a la cadena de pagos
Los primeros eslabones particularmente expuestos son la agricultura y los pequeños negocios.
- Aquí es necesario hacer una precisión. El Perú sí cuenta con un Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), financiado por el Estado para proteger a productores de subsistencia. Durante la campaña agrícola 2025-2026 alcanzó a 834,160 agricultores y cubrió alrededor de 2 millones de hectáreas en las 24 regiones. Además, pagó S/33.6 millones en indemnizaciones a 34,906 agricultores afectados. Sin embargo, su alcance todavía es parcial: llegó a cubrir únicamente dos de cada cinco hectáreas de agricultura de subsistencia.
- Eduardo Morón, presidente de APESEG, reconoce que ampliar esta protección sigue siendo uno de los grandes pendientes. El gremio plantea que los gobiernos regionales utilicen parte de sus recursos, incluido el canon y sobrecanon, para cofinanciar junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego una expansión del seguro. También se vienen desarrollando coberturas específicas para café, cacao, camélidos sudamericanos y otros riesgos pecuarios.
- El desafío es todavía mayor entre las micro y pequeñas empresas. Al cierre de 2025 había 3.4 millones de empresas privadas en el Perú, pero solamente 22,077 negocios habían protegido sus locales y operaciones mediante seguros contra incendio y líneas aliadas. Es menos del 1% del universo empresarial.
- Una inundación no necesita destruir físicamente un negocio para ponerlo en problemas. Basta con que interrumpa una carretera, impida que llegue la mercadería o desaparezca temporalmente la demanda. Para una mype con poco capital de trabajo, una semana sin operar puede convertirse rápidamente en un problema de liquidez y, después, de solvencia.
“Al evaluar técnicamente el costo de las primas de seguros, la lógica correcta nos obliga a contrastarlo inmediatamente con el costo financiero del no aseguramiento”, sostiene Morón.
- El impacto, explica, no termina en la infraestructura dañada: una carretera interrumpida impide que los clientes lleguen a los comercios, que los proveedores distribuyan mercancías y que los productores coloquen su producción.
- Ese riesgo se amplifica cuando existen préstamos pendientes. Una empresa afectada puede seguir teniendo que pagar planillas, proveedores y cuotas financieras aun cuando sus ingresos hayan desaparecido.
- Por ello, Morón plantea incorporar seguros catastróficos simplificados o paramétricos en los créditos otorgados a micro y pequeñas empresas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad climática. La finalidad no sería únicamente cubrir el activo perdido, sino preservar capital de trabajo y evitar que un desastre rompa la cadena de pagos.
- La discusión, por tanto, trasciende al sector asegurador. Una póliza puede convertirse en una herramienta de estabilidad financiera: quien recibe rápidamente una indemnización tiene mayores posibilidades de reabrir, mantener trabajadores, pagar proveedores y continuar atendiendo sus obligaciones financieras.
El otro gran riesgo: un terremoto y millones de viviendas sin protección
Si El Niño expone la vulnerabilidad climática del país, el riesgo sísmico muestra una debilidad potencialmente mayor.
- No es posible predecir la fecha del próximo gran terremoto. Lo que sí se conoce es la elevada exposición sísmica del territorio peruano y la enorme cantidad de patrimonio residencial que tendría que ser reconstruido después de un evento severo.
- APESEG reporta que únicamente 323,659 viviendas estaban aseguradas en 2025, equivalentes al 4.5% de las viviendas urbanas consideradas en su estimación. Incluso dentro de ese reducido universo existe otra particularidad: 91.3% de las coberturas están vinculadas a créditos hipotecarios, mientras solo 8.7% corresponde a seguros domiciliarios independientes.
- Es decir, la formalización financiera aparece como una de las principales puertas de entrada al seguro.
- Pero allí surge precisamente una de las barreras estructurales del mercado peruano: la autoconstrucción.
Morón estima que cerca del 70% de las viviendas peruanas ha sido autoconstruido de manera informal. Asegurar un inmueble frente a riesgos catastróficos requiere información sobre la propiedad y las características de la construcción.
- Una edificación levantada sin licencia, conformidad de obra, expediente técnico o cumplimiento acreditado del Reglamento Nacional de Edificaciones representa un riesgo mucho más difícil de valorar para una compañía aseguradora.
- La informalidad, además, no está circunscrita únicamente a las periferias urbanas. Morón advierte que también existen inmuebles formalmente registrados en distritos consolidados que posteriormente fueron ampliados o modificados sin licencias municipales ni criterios técnicos antisísmicos. Esa informalidad constructiva “oculta” también restringe su asegurabilidad.
- Así, la baja penetración del seguro de vivienda no es únicamente un problema de precio o de educación financiera. Es también consecuencia de décadas de desarrollo urbano informal.
- Ante esa realidad, APESEG propone analizar esquemas de aseguramiento masivo similares al de Turquía. Según Morón, el modelo parte de una cobertura catastrófica mínima y obligatoria, complementada por una segunda capa estatal para daños mayores. Como referencia, señala que una protección básica bajo ese modelo puede tener un costo cercano a S/120 anuales por vivienda.
- El objetivo no sería indemnizar todo el patrimonio perdido, sino garantizar recursos inmediatos con los que una familia pueda empezar a reconstruir su vivienda o acceder a una solución habitacional formal.
“Al cierre de 2025 había 3.4 millones de empresas privadas en el Perú, pero solamente 22,077 negocios habían protegido sus locales y operaciones mediante seguros contra incendio y líneas aliadas. Es menos del 1% del universo empresarial”
Un Estado que también está prácticamente sin seguro
La ausencia de protección no se limita a familias y empresas. El propio Estado peruano mantiene una parte considerable de sus principales activos expuesta a desastres.
- Las cifras son particularmente llamativas: solo 187 de los 49,719 locales escolares, equivalentes al 0.4%, tenían cobertura frente a riesgos catastróficos. En salud, estaban protegidos 490 de 9,285 establecimientos, apenas 5.3%. Las carreteras nacionales presentan una mejor situación, aunque todavía insuficiente: 24.3% de la red nacional está asegurada.
- La diferencia en carreteras tiene una explicación: buena parte de los kilómetros protegidos corresponde a vías concesionadas al sector privado, donde existe una obligación contractual de aseguramiento.
- “¿Por qué tenemos carreteras nacionales debidamente aseguradas y, en contraste, el resto de los sectores públicos críticos se encuentran completamente desprotegidos?”, cuestiona Morón. Para el presidente de APESEG, la discusión de fondo debería centrarse en garantizar la continuidad del servicio público después de una catástrofe.
El costo de mantener esa exposición ya aparece en las cuentas públicas. Durante 2025, el Estado gastó S/6,709 millones en obras de reacción inmediata y reconstrucción asociadas a eventos naturales. Ese monto representó 11.1% de la inversión pública total del año. De ese desembolso, S/4,136 millones correspondieron a reconstrucción y S/2,573 millones a respuesta inmediata.
- En otras palabras, cada desastre obliga a utilizar recursos que podrían financiar nueva infraestructura para reconstruir aquello que ya existía.
- Rossana Polastri, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, considera que el Estado debería enfrentar los desastres mediante distintas capas financieras: recursos presupuestales y fondos de estabilización para eventos frecuentes; créditos contingentes para eventos de mayor magnitud; y transferencia de riesgos al mercado para catástrofes extremas.
- La diferencia entre las alternativas es relevante para las finanzas públicas. “El DDO representa deuda pública y el Cat Bond no”, recuerda Polastri. Los créditos contingentes entregan liquidez rápida, pero finalmente deben ser pagados por el Estado; un bono catastrófico, en cambio, transfiere parte de la pérdida al mercado financiero internacional cuando se cumplen determinadas condiciones.
Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, añade otro problema: el deterioro de las reservas fiscales. “Hoy el FEF es minúsculo y resulta insuficiente para enfrentar una emergencia severa”, afirma respecto del Fondo de Estabilización Fiscal. Su preocupación es que el país no haya aprovechado periodos de altos ingresos para reconstruir con mayor rapidez ese colchón.
- La falta de protección financiera tiene además consecuencias sociales posteriores a la emergencia. Trivelli advierte que el Perú todavía carece de suficientes mecanismos para recuperar los medios de vida de quienes pierden su actividad productiva.
- Un bono temporal puede sostener el consumo de una familia durante algunas semanas, pero difícilmente repone el capital de trabajo de un agricultor o de un pequeño comerciante.
“APESEG reporta que únicamente 323,659 viviendas estaban aseguradas en 2025, equivalentes al 4.5% de las viviendas urbanas consideradas en su estimación. Incluso dentro de ese reducido universo existe otra particularidad: 91.3% de las coberturas están vinculadas a créditos hipotecarios, mientras solo 8.7% corresponde a seguros domiciliarios independientes”
Asegurar para evitar una crisis fiscal después del desastre
- Ese punto es especialmente relevante porque una catástrofe golpea al presupuesto por los dos lados: aumenta los gastos justo cuando reduce los ingresos.
- Ana Victoria Mejía, del equipo de Public Sector Solutions de Swiss Re, explica que después de una catástrofe el Estado debe movilizar recursos para atender a damnificados, reparar infraestructura y reconstruir servicios. Al mismo tiempo, la población afectada reduce su actividad económica, cae el turismo, pueden disminuir las exportaciones y se posterga inversión privada.
Por ello, sostiene que “la cuestión no es si va a ocurrir una catástrofe, sino cuándo va a ocurrir”. Y agrega que ninguna previsión presupuestaria propia será suficiente ante un evento realmente grande.
- La experiencia mexicana presentada por Mejía muestra otra alternativa. México combina fondos propios, créditos contingentes, bonos catastróficos, reaseguro y un seguro federal que desde 2025 funciona bajo un esquema completamente paramétrico. El objetivo es disponer de distintas fuentes de liquidez dependiendo de la magnitud del desastre, en lugar de improvisar el financiamiento cuando este ya ocurrió.
La brecha va más allá de los desastres
La escasa cultura aseguradora también aparece en riesgos cotidianos.
- En salud, poco más de 1.5 millones de peruanos tuvieron un seguro privado de asistencia médica en 2025 —la cifra no incluye EPS—, aunque el número creció 12% frente al año anterior. Las compañías pagaron S/963.9 millones por atenciones ambulatorias, hospitalizaciones y emergencias.
- En vehículos, apenas uno de cada cuatro vehículos livianos contó con seguro vehicular. Y en seguros de vida, solo dos de cada siete familias que sufrieron el fallecimiento de uno de sus miembros recibieron protección de una póliza.
- Pese a esa baja penetración, el peso financiero de la industria no es menor. Las aseguradoras asumieron S/9,474 millones en siniestros durante 2025, unos S/26 millones diarios. Además, administraban inversiones por S/74,608 millones, equivalentes al 6.1% del PBI, lo que convierte al sector en uno de los mayores inversionistas institucionales del país.
Ese es precisamente el argumento económico que el sector busca instalar: el seguro no evita la inundación, la sequía o el terremoto; evita que todo el costo financiero del desastre recaiga sobre quien acaba de perderlo todo.
- Para una familia, puede significar reconstruir sin consumir todos sus ahorros. Para una mype, mantener abierta la cadena de pagos. Para un agricultor, financiar la siguiente campaña. Y para el Estado, evitar que cada desastre obligue a retirar miles de millones de soles de inversiones destinadas originalmente a colegios, hospitales o carreteras.
- Con un El Niño que se intensifica y un riesgo sísmico permanente, la discusión sobre seguros deja así de ser una conversación sobre un producto financiero. Es una discusión sobre quién pagará la próxima catástrofe.
- Hasta ahora, la respuesta peruana ha sido casi siempre la misma: las familias, las empresas y el Estado, después de que el daño ya ocurrió.
La baja penetración del seguro deja a familias, negocios y al propio Estado expuestos a asumir directamente gran parte del costo económico de cada desastre.